(Usted se limita a tocar la lira apocalíptica y no propone nada. Para replicar a esta razonable crítica servidor ofrece aquí un conjunto de medidas – nada originales: entre sus autores están Manuel Castells, Luis Garicano y los pibes de politikon.es – que en algunos casos competen al Gobierno autonómico y en otros al Gobierno central, pero que se me antojan tan pertinentes como realizables).
1. Lo más urgente consiste en seleccionar una apuesta, un objetivo, una vía de crecimiento económico. Pero hacerlo ya y sin ambages. Lo peor de una recesión prolongada – con su efecto mediato o inmediato en los ámbitos políticos, institucionales y sociales – es la parálisis. Hablo de tomar una posición política, desde luego, pero también de un compromiso social. El modelo de análisis, toma de decisión y cooperación en el que pienso es el finlandés. Fue en la Finlandia de finales de los ochenta y principios de los noventa cuando el Gobierno, los empresarios y las universidades optaron por una vía de crecimiento económico a la que acompañaba una estrategia social consensuada alrededor del Estado de Bienestar. La opción elegida fueron las telecomunicaciones y, en términos generales, la sociedad de la información, pero no me refiero a opciones concretas, sino al modelo articulado y los procedimientos acordados para desarrollarla. Nunca se empieza de cero, y en Canarias se dispone de dos actividades, el turismo y los transportes, que deberían convertirse en ejes transversales de un compromiso entre las administraciones públicas y las iniciativas empresariales. La transversalidad es la clave (lo fue desde luego en Finlandia) y debe funcionar como una red. Potenciar la agricultura en medianías para aumentar nuestro autoconsumo, pero también para ofrecer en las mejores condiciones productos agrícolas a la industria turística (nota al margen: el Cabildo de Tenerife dispone de varios cientos de hectáreas cultivables en zonas de medianías que podría y debería ceder cuanto antes para su explotación agrícola a cooperativas, emprendedores, etcétera. La inversión inicial que reclama una actividad agrícola es mucho menor que la que exige una actividad industrial). Orientar al sector turístico (y al transporte y la logística) parte de la actividad industrial isleña. Impulsar acuerdos y sinergias.
2. Contrato único. La última reforma laboral (2012) como ocurría con todas las anteriores, no atacaba el principal y más pernicioso problema del mercado laboral español, que es la dualidad, e incentiva bastante más el despido que la contratación. Superados ampliamente los seis millones de desempleados en España y alcanzados los 380.000 en Canarias quizás sea hora de probar con una reforma que simplifique la contratación y quiebre la dualidad, que afecta particularmente a los jóvenes. El modelo de contrato único sería indefinido, con una indemnización creciente en el tiempo e incorporaría un sistema de “mochila austriaca”: cada trabajador es beneficiario de una cuenta de prestación por desempleo. El empleador haría aportaciones (iguales) a esa cuenta. Si el empleado es despedido podría rescatar su aportación a esa cuenta, complementada por el Estado si es necesario; si no quiere hacerlo, al final de su vida laboral dicha cuenta se incorporaría a su pensión de jubilación. La idea de un contrato único no significa abaratar el despido, ni desde luego es equivalente. Se trata de adoptar un nivel de protección intermedio único para todos, y ese el nivel de protección medio podría ser menor, igual o mayor que en el statu quo actual. El coste medio del despido y el contrato único son por tanto cuestiones separadas.
3. Eximir de impuestos directos a los mayores de 65 años. Esta medida estaría destinada a atraer a jubilados de la UE, aunque se aplicaría, claro está, a todos los españoles. En los últimos diez años ha aumentado en un 20% los jubilados alemanes que montan pequeñas empresas y actividades de emprendeduría después de los 65 años. En España no pagarían un céntimo en concepto de IRPF. También cabría examinar, en ese tramo de edad, la supresión o disminución sustancial de los tipos en el impuesto de sucesiones, que en el Estado español solo representa entre tres y cuatro décimas del PIB.
4. Inglés, francés y alemán para los desempleados. Uno de los mayores fracasos del sistema educativo en Canarias está en los desastrosos resultados del aprendizaje de idiomas, que resulta particularmente grotesco (e ineficaz) en una comunidad que debía (después de analizar las “cuentas satélites”) en el año 2006 el 28,3% de su PIB y el 33,2% de su empleo al sector turístico. Lo mismo cabe decir, aunque parezca menos evidente, de la importancia de los idiomas en los transportes y en el desarrollo de Canarias como plataforma logística entre Europa y África. Los desempleados estarían obligados para la recepción del subsidio matricularse y seguir cursos de idiomas on line ofrecidos por empresas financiadas por el Gobierno (o a través de un convenio entre Gobierno autonómico y Radio ECCA, por ejemplo). El objetivo no es, desde luego, que los desempleados puedan disfrutar de Shakespeare, Diderot o Goethe, sino que adquieran una competencia básica para entender y mantener una conversación fluida en inglés, francés o alemán. Por supuesto: la reforma del sistema educativo es imprescindible. Pero aquí solo se apuntan medidas con carácter inmediato.
5. Trabajo social. También en el capítulo de los desempleados, el establecimiento de una o dos horas diarias de trabajo social vinculado a servicios públicos, preferentemente de carácter social y asistencial, constituiría una medida positiva que beneficiaría a la comunidad y al mismo demandante de empleo.
6. Reforma de las administraciones públicas y, concretamente, la autonómica. Pese a la extraordinaria gravedad de esta crisis estructural, la reforma de las administraciones públicas, y en particular de la administración autonómica, apenas ha avanzado un ápice. Lo razonable sería convertir la próxima legislatura autonómica en una legislatura “constituyente” en la que cada fuerza política presentara su definitivo modelo político-administrativo y competencial. La crisis del modelo de crecimiento económico y de acumulación de capital ha desnudado las ineficiencias, cortocircuitos, solapamientos y gigantismos del desarrollo autonómico en los últimos treinta años. El empecinamiento en un modelo ineficaz y en una legislación selvática, siempre remendada y siempre inconclusa, es una amenaza a la estabilidad política, al crecimiento económico e incluso a la cohesión social a largo plazo.