Es un poco hilarante. Lo que la mayoría de la izquierda isleña encuentra mal de la propuesta de referéndum del presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, es que no se aplique a otras cosas. A las cosas que pluguiera a cada uno. Un referéndum sobre el puerto industrial de Granadilla. Un referéndum sobre la reforma electoral. Un referéndum sobre el Régimen Económico y Fiscal. Prodigioso descubrimiento: el referéndum como chute vitamínico al deteriorado sistema democrático. El referéndum como alfa y omega de una verdadera democracia participativa. Y solo cabe sospechar de aquellos que no admitan el referéndum como un método ya no intachable, sino inmejorable para la toma de decisiones políticas democráticas. A la izquierda que padecemos – la que abomina del régimen electoral, pero se relame pensando en los diputados, senadores y concejales que les prometen las encuestas – al parecer le traer sin cuidado que esta sea una operación política del presidente Rivero legalmente inviable y de la que solo puede extraerse un rédito propagandístico muy particular, tan particular como el patio de su casa. Compañeros, explotemos las contradicciones del sistema, como rezaban las viejas jergas – indistinguibles de las nuevas– hace cincuenta años. A ver, sinceramente, ¿a quién no le apetece un referéndum?
Pues verán, un referéndum no tiene por qué ser el mejor mecanismo de toma de decisiones. Raramente lo es. Los muy civilizados suizos acaban de manifestarse impresentablemente en una consulta para limitar con severidad xenofóbica la entrada de emigrantes en la Confederación Helvética. En estas ínsulas Paulino Rivero barrería en un hipotético referéndum con semejante contenido consultivo. Como técnica de participación política los referéndums tienen ventajas, pero también costes: ofrecen soluciones dicotómicas para problemas complejos, limitan la autonomía de los representantes públicos y restan incentivos al debate, la transacción y el acuerdo, sin contar con sus problemas operativos. Supongamos que pudiera hacerse una consulta jurídicamente vinculante sobre las malhadadas prospecciones de Repsol: Lanzarote y Fuerteventura votan mayoritariamente en contra, pero gana en el conjunto regional el voto a favor por un estrecho margen. No. Este conato inviable de referéndum es un interesado espejismo. Sobran razones, recursos y estratagemas para oponerse – con perfecta legitimidad democrática – a una amenaza ecológica y medioambiental de primer orden.
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