El descenso del desempleo en el pasado mes de marzo en Canarias ha sido relevante, pero no pasmoso  — unos 20.000 parados menos respecto a marzo de 2014  — y debe tomarse con pinzas si se recuerda la tendencia a contrataciones temporales muy cortas con motivo de la semana santa. No parece que marchemos a toda velocidad hacia el pleno empleo, una situación tan desconocida en las islas como las tormentas de nieve. Tal y como ha explicado José Conde-Ruiz (y su análisis es tan pertinente, con las cifras delante, en Canarias como en toda España) se ha iniciado una recuperación económica (y laboral) ya evidente, pero lastrada por los desequilibrios que la misma está generando: precariedad, aumento de las deudas paras las futuras generaciones y, muy especialmente, “un crecimiento no inclusivo que, por un lado, está dejando atrás colectivos importantes como los parados de larga duración, y por otro, provoca ajustes salariales desproporcionados”. Dos tercios de los isleños cobran menos de 1.000 euros mensuales, pero no es una situación inédita, sino una caída más pronunciada respecto a los bajos niveles salariales que ya se registraban en 2008.
La situación de los 133.000 desempleados canarios que no perciben absolutamente ninguna ayuda pública es particularmente angustiosa. Son decenas de miles de ciudadanos que en vez de vivir gastan todas sus energías en sobrevivir milagrosamente. Más de 90.000 cuentan con más de 45 años y su incorporación al mercado laboral se antoja muy incierta. Constituyen un problema político y social de primer orden pero, pese a que nos encontremos ya instalados en las espeluznantes delicias de la campaña electoral, resulta imposible encontrar una sola respuesta  específica para este problema sangrante y mendicante a derecha o a izquierda, entre las viejas fuerzas políticas o las nuevas. Como respuesta instantánea se escucha en las conversas de café electrónicas (vulgo chats) la reclamación inmediata de una renta universal acotada para los desempleados de larga duración en el Archipiélago: aquellos que han agotado todos los subsidios. Si estipulamos una prestación de 500 euros mensuales para cada afectado el coste anual de esta medida rondaría los 800 millones de euros anuales. A lo largo de la próxima legislatura significaría un desembolso global de unos 3.200 millones de euros aproximadamente. Es difícil concebir las fuentes fiscales que proporcionarían estas cantidades y más complejo todavía imaginar donde meter tijera en los gastos autonómicos para obtener semejante dineral cuando la situación de los servicios sociales y asistenciales se mantiene en un muy precario equilibrio entre la disfuncionalidad y el colapso. Mientras estallan los fuegos artificiales de la resignación ciega y sorda o de la fantasía voluntarista que todo lo puede un ejército de derrotados aprende a vivir de la limosna y el trueque y se ahoga en la indignidad en las calles y plazas de Canarias.