En su momento de mayor gloria político-electoral (correspondiente a los gobiernos de Manuel Hermoso, Román Rodríguez y Adán Martín) Coalición Canaria protagonizó una reactualización del secular pacto entre las élites políticas canarias y el Estado español: a cambio de lealtad institucional ventajas presupuestarias, legislativas o fiscales, a lo que se sumaba la renta de situación que suponían los fondos de la Unión Europea. La progresiva debilitación electoral de los coalicioneros (han pasado de cuatro diputados en los noventa a un solitario escaño) y el cambio del ecosistema político español desdibujaron ese papel. El grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados representaba un instrumento político de orden estratégico y sus escenificaciones y frutos legitimaban al peculiar y muy pragmático nacionalismo de CC. Quizás por eso, después de dos legislaturas y media de atonía pactista, y al encontrarse Mariano Rajoy urgido por articular una mayoría suficiente en la Cámara Baja para aprobar los presupuestos generales del Estado, Coalición se ha apresurado a proclamar que el proyecto de Cristóbal Montoro es “magnífico” para los intereses de Canarias, y aun más, que se trata de unos presupuestos “históricos”, porque por primera vez se cumple con que la inversión en la Comunidad autonómico llegue a la media española por habitante. Montoro ha reconocido la ultraperificidad de Canarias, su REF sacramentalmente seccionado del sistema de financiación autonómica, su condición insular, su origen volcánico, la sabrosura del mojo, la originalidad de las letras de las murgas y la temperatura primaveral de nuestros luminosos inviernos.
El entusiasmo de CC por el proyecto de ley presupuestario es tal vez comprensible, pero imprudente. El PNV está a punto de cerrar un acuerdo con Rajoy, que incluye ventajosas reformas y renovadas garantías respecto al cupo vasco, no revisado desde 2007, que se elevan a un monto superior a los 1.600 millones de euros, y el señor José Eskoreka no se ha puesto de llorar de emoción ni ha agradecido al Gobierno central la generosidad de haber redimido a Euzkadi. Pontificar solemnemente que “Madrid cumple”, aunque se suponga que es gracias a la perseverancia negociadora de CC, deviene simplemente coronar al PP como la fuerza política más comprometida con las islas. Así Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo regional corre el riesgo de que Asier Antona lo califique maliciosamente – y así lo ha hecho — como “el mejor delegado del Gobierno de España en Canarias”. Es difícil imaginar a un nacionalista recibir un (envenenado) piropo semejante.
Y también es una imprudencia (o una cierta insensibilidad ante el cambio de clima político) considerar que apoyar a Mariano Rajoy en medio de la gusanera vomitiva de la corrupción – que en sí misma supone un ataque en toda regla al sistema democrático – será ampliamente comprendido porque Canarias va a disponer de unos 220 millones de euros más para su financiación en la segunda mitad del año en curso. Entre 1995 y 2010, aproximadamente, esta comunidad dispuso de muchos miles de millones de las antiguas pesetas para sostener la actuación del Plan Integral de Empleo o para alimentar el siempre hambriento Plan de Carreteras, y después de semejante maná presupuestario, el desempleo sigue situado por encima del 25% de la población activa, el paro juvenil sobrepaso y la productividad no deja de caer, y la precariedad crece y los salarios no se recuperan, y el consumo interno apenas se levanta temblequeante. El 43% de los jóvenes de menos de 25 años no tienen trabajo. Los ciudadanos isleños se han vuelto muy razonablemente escépticos sobre los efectos taumatúrgicos de las negociaciones presupuestarias.
Los ciudadanos isleños, al igual que los del resto de las comunidades autonómicas, han visto recortados sus derechos laborales, han caído en un precariado laberíntico, han sufrido el mantenimiento o incremento de la presión fiscal, han comprobado el desprecio brutal –cuando no la beligerancia — del Gobierno conservador contra la libertad de expresión, han padecido las consecuencias del estrangulamiento de la financiación de los servicios sanitarios y asistenciales, han levantado acta de defunción de la ley de Dependencia, han perdido becas o se han debido a resignar a abandonar proyectos de investigación científica y tecnológica porque no les soltaban un duro, y se les antoja sumamente improbable que estas circunstancias – y las decisiones políticas que las han creado – cambien en lo principal porque la Comunidad canaria mejore sustancialmente su financiación. No se trata de negar la importancia de los fondos conseguidos para las islas en el proyecto presupuestario, sino de alertar sobre el mecanicismo implícito en la suposición de que el incremento de recursos financieros deriva venturosamente hacia la satisfacción de los intereses generales y la prosperidad económica. Una estrategia económica nunca funciona con piloto automático. En todo caso la batalla interminable (y publicitada hasta la náusea) por la mejora de las asignaciones presupuestarias a cargo del Gobierno central debería estar inserta en una estrategia coherente, flexible y abierta que – no estaría mal leer y escuchar a economistas como el profesor José Ángel Rodríguez – descarte éxitos del pasado, como la construcción desaforada y la promoción inmobiliaria, evite improvisaciones aguijoneadas por urgencias, seleccione programas, acciones e iniciativas de carácter estructurante en el sistema económico canario, identificando servicios y productos con efectos multiplicadores y promueva el arraigo de prácticas orientadas a desarrollar redes asociativas y de cooperación. Los objetivos no son demasiado discutibles: crear empleo de calidad, estimular actividad empresarial que genere valor añadido, levantar la productividad, recuperar la cohesión social, emprender reformas educativas inaplazables, introducir nuevos criterios de profesionalidad y rentabilidad en las administraciones públicas para conseguir mayor eficacia y eficiencia, atraer recursos públicos y privados a las universidades y al desarrollo de programas de investigación, desarrollo e innovación, avanzar para una implementación de un auténtico mix de energías alternativas en el archipiélago.
Coalición no está apoyando los presupuestos de un Gobierno moderado y auroral como era el de José María Aznar en 1996, al que su entonces portavoz en la Cámara Baja, José Carlos Mauricio, llegó a advertir “estaremos vigilantes para que no abandonen el camino del centro político y la negociación”. Está avalando con su voto a un Gobierno abierta y activamente derechista, que ha practicado una dolorosa devaluación interna desde una concepción patrimonial de las administraciones públicas y una voluntad inequívoca de rechazar la aconfesionalidad del Estado y sustituirla por una redivida cultura nacionalcatólica. Las pruebas de una corrupción cuasiestructural en el seno del PP – muchos de cuyos dirigentes han funcionado como cuadrillas extractivas de las arcas públicas – se suceden diariamente: detenciones, registros domiciliarios, investigaciones policiales, procesamientos, declaraciones escandalosas, encarcelamientos. Se trata de una honda crisis política que puede llegar a desembocar en una crisis de Estado. Y la gente suele construir sus interpretaciones – y reaccionar emocionalmente – por lo que ve y nota cotidianamente en su piel, no por lo que es incapaz de ver: esos cientos de millones que llegan en la oronda panza de los presupuestos generales del Estado, la dorada llave de una felicidad inimaginable pero siempre postergada.