Si el primer día de pleno se consagró a una manifestación masiva de solidaridad con La Palma amenazada y golpeado por el volcán la segunda, inevitablemente, tendió a la exageración. Se ha atribuido a muchos aquello de que en la Historia lo que primero es tragedia luego se convierte en farsa; en la dinámica parlamentaria pasa habitualmente que lo que fue una declaración solemne termina siendo un chiste o una insensatez. Gracias al consejero de Transición Económica —  José Antonio Valbuena, ese adulto que lleva camisas de monje budista fuera de los pantalones – se consiguió lo segundo. Pero antes ocurrieron algunas cosas.

Yo he visto cosas que no creeríais. He visto atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhaüser y una vez vislumbré a José Miguel Barragán en pantalones cortos y cholas de las que salían diez dedos gordos como diez hijos predilectos. Y juro que en la legislatura pasada la actual consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, insistía en que el problema para atender las ayudas sociales, en particular la Prestación Canaria de Inserción, no era cuestión del personal administrativo, sino de la capacidad de gestión y compromiso social. Su antecesora, Cristina Valido, no sabía gestionar. Santana, por supuesto,  ha sufrido un cruel ataque de amnesia y no recuerda nada de eso. El hecho es que Poli Suárez, activo diputado del PP que defiende día y noche la sensibilidad social de su partido, pidió una comparecencia de Santana para hablar de la pobreza infantil (rampante en Canarias en los dos últimos años) y todo el mundo, empezando por la consejera, se lo agradeció mucho. Santana se esforzó en defender su gestión y presentó algunas mejoras indiscutibles, pero casi abrumadoramente insuficientes. Después de las cachanchanadas habituales de los diputados curbelistas (el boss de la ASG debería ser un poquito más exigente) Carmen Hernández se mostró muy crítica con el reparto de alimentos porque, al parecer, los que tienen hambre deben mostrar la suficiente paciencia democrática para aguardar a que el Gobierno les conceda una ayuda o les facilite a encontrar un empleo digno. Fue particularmente interesante su consideración según la cual “no se puede defender en la oposición lo contrario a lo que se hizo en el Gobierno, debería estar prohibido”. Porque Poli Suárez “es militante de un partido conservador” mientras ella “milita en un partido progresista que apoya a la gente”. Suárez, sosegadamente, le recordó a Hernández que su partido, Nueva Canarias, había apoyado en las Cortes los dos últimos proyectos presupuestarios de Mariano Rajoy “y el malvado PP”. La señora Hernández se quedó ligeramente descolocada en su escaño. También recordó al PSOE que había gobernado con CC, pero lo hizo casi con cansancio.  Por cierto, poco después intervino en el pleno la señora Astrid Pérez, toda una figura del Partido Popular, que gobierna el ayuntamiento de Arrecife gracias al apoyo del PSOE, mientras los conservadores posibilitaron la investidura de Dolores Corujo como presidenta del Cabildo de Lanzarote. A ver si algún día hay suerte y los progresistas de alta cuna y de baja cama abandonan sus cuentos de hadas, dragones y mazmorras. La señora Corujo, por cierto, también es diputada, pero como Patricia Hernández, prefiere no hacer nada en la Cámara para no deslucir el trabajo de sus compañeros.

La diputado Valido tampoco debió esforzarse (aunque lo hizo) en señalar lo obvio. La Consejería de Derechos Sociales pudo contar con cien trabajadores más en 2020 y otro centenar se incorporará antes del próximo diciembre. La exconsejera valoró mucho el aumento de perras y de personal, que había llevado a una triunfal aseveración de Santana: 8.500 PCI reconocidas en 2021 frente a las 6.000 de 2019.  Valido matizó, sin embargo, que los 6.000 de 2019 se explicaban por la mejoría de la situación económica y la creación de empleo. “En el año 2018 se aprobaron 11.599 PCI y en 2017 13.525, con muchos menos recurso y personal que la actual Consejería”, puntualizó. También molió a palos el nonato catálogo de servicios y prestaciones de la Ley de Servicios Sociales de mayo de 2019, que dos años después de tomar posesión Santana y su equipo no han sabido sacar adelante, grajeándose, además, la crítica o el abierto rechazo de nmerosas entidades del sector, como el Colegio de Trabajadores Sociales. Dos años. Dos años sin Renta de Ciudadanía ni catálogo de servicios para desarrollar cabalmente una ley para el que el Gobierno autónomo no presupuestó un céntimo ni para 2020 ni para 2021.

Igualmente dos años largos lleva de denodada lucha contra sí misma el proyecto de ley de Transición Ecológica que algún día (supuestamente) llevará la firma de José Antonio Valbuena y entrará en la Cámara. Para dar alguna buena noticia, el señor Valbuena sí adelantó que sus técnicos están trabajando en el “tercer y último borrador de acuerdo” con el Gobierno central para que la comunidad autonómica asuma las competencias en materia de costas. Tampoco puso plazos el consejero, no fuera que se excitase demasiado algún diputado. Lo peor o lo mejor (con Valbuena nunca se sabe) llegó cuando el consejero respondió a una pregunta sobre la información que, como responsable de Transición Ecológica, tuviera en su poder en relación con la erupción volcánica en La Palma. Por lo que dijo, el señor Valbuena no tenía mayor conocimiento de la cosa, pero no quiso defraudar, así que prometió una “solución humana” para la reconstrucción urbana y social de La Palma. Descartada la intervención alienígena, el consejero se lanzó a un encendido discurso todopoderoso, telúrico, invencible. “No habrá límites en reglamentos ni en las leyes para la reconstrucción de La Palma, solo lo que sea técnicamente imposible”. Después de  anunciar el incumplimiento de la legalidad vigente por parte de un Gobierno, el suyo y el nuestro, si fuera necesario, Valbuena dijo algo que su propio discurso estaba adelantando “la solución para que la isla se recupere se hará con más corazón que cabeza”. Y a los grupos parlamentarios no les pareció mal. Incluso se oyeron algunos aplausos. Valbuena es un tecnócrata con cierta astucia y muchas ganas de supervivencia que sabe barloventear emociones y estremecimientos sentimentales. Es decir, un individuo bastante peligroso en una tesitura tan delicada como esta. La Palma no necesita de una sentimentalidad bravucona que pueda producir luego una honda, amarga e irreparable frustración. Necesita precisamente más cabeza que nunca para conseguir objetivos pragmáticos, coherentes y duraderos. Necesita políticos responsables y pertinentes y no sujetos lengüilargos que le prometan incumplir las leyes para recuperar ferozmente una arcádica felicidad perdida. Porque las leyes, junto a la voluntad política y al concierto de agentes e inteligencias de todos los sectores, son las que puede sanar la herida de fuego que atormenta a la isla.

El pleno concluyó con una idea original: el Gobierno debería emprender de inmediato un Plan de Reconstrucción de La Palma. Pero, ¿no había uno ya que están fraguándose, precisamente, en el seno de esa Comisión Mixta Canarias-Estado? Al parecer no es suficiente. O no está clara la cosa. Debería formar parte de una nueva gobernanza que el presidente Torres se hubiera reunido con los presidentes o  portavoces de los grupos parlamentarios para transmitirles toda la información y las expectativas razonables para los próximos días, semanas y meses. Es lo que ocurre en situaciones especialmente críticas (como la actual) porque contribuye a no duplicar esfuerzos, eludir la coincidencia  en las propuestas o evitar preguntas que se vuelven anacrónicas en muy poco tiempo. Es más: la Cámara debería haber ya constituido una comisión sobre la crisis, integrada por los presidentes y portavoces del grupo, con una función esencialmente informativa y solo secundariamente deliberativa. Pero algunos –quizás demasiados – se sienten cómodos entre las patas del lento elefante parlamentario.