Cuando parecía encarrilado el proceso negociador sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial salta Núñez Feijóo y dice que no, que ni un paso más si el Gobierno se empeña en modificar el delito de sedición del Código Penal. Hasta ahora todos los gallegos que había conocido eran listos. Incluido Mariano Rajoy, que a su lado no hace más que agigantarse como si fuera Gladstone. ¿De veras cree el líder del PP que ganará un maldito voto por esto? ¿Qué diablos tiene que ver una renovación que se ha frustrado una y otra vez – casi siempre por decisión del PP, en alguna ocasión por zorrerías del PSOE – con el delito de sedición? Si a los conservadores no les gusta la reforma en la que se apresuran los socialistas – a mí tampoco — que la lleven al Tribunal Constitucional.  Esta salida es extemporánea, mezquina, estúpida y sobre todo irresponsable. El PP – y sobre todo su líder – pierde mucho más que lo que gana. Núñez Feijóo se engalanó con los ropajes de la moderación, la contención y el diálogo. Mantener el gamberrismo institucional lo despoja de cualquier talente y talento propio y verosímil.

Si se vuelve a las andadas en este asunto, ¿qué cabe esperar del esfuerzo de negociación y consenso que debería caracterizar a la élite política del país en una situación de emergencia como la actual? Recesión económica en la próxima esquina, inflación incontrolable, frenazo a la creación de empleo, carestía de materias primas, guerrilla fiscal entre las comunidades autónomas, pauperización de las clases medias y hasta la amenaza de la detonación de una bomba atómica o incluso el estallido de un conflicto nuclear generalizado. Pues ni siquiera eso es suficiente. Todos aquellos que piden un pacto de rentas, un conjunto de reformas imprescindibles, unos presupuestos que sin desatender políticas sociales y asistenciales que alivie el sufrimiento cronificado de los más necesitados no parta del absurdo de un crecimiento del PIB de un 4% que nadie se cree claman en el desierto. Todo o nada. ¿Pacto de rentas? Espere usted sentado. Pero les podemos ofrecer a la ministra de Trabajo lloriqueando al anunciar que le quitaban una condecoración a Francisco Franco, muerto y momificado hace 47 años.

Hace unos días, en la Cámara regional, el presidente del Gobierno autónomo,  Ángel Víctor Torres, insistió en que la corrupción política generaba entre los ciudadanos desafección democrática. Probablemente pecaba de cierto optimismo muy característico del señor presidente. Lo que indica la experiencia histórica es que la corrupción no les gusta a los votantes, pero que suele tratarse con una decepcionante indulgencia. No hablo de los casos más extremos, como la de aquellos miles y miles de peronistas que en una manifestación en Buenos Aires gritaban: “Ladrón o no ladrón/queremos a Perón”.  Me refiero a las graves patologías de corrupción que han afectado al PSOE o al PP y que no han dañado sus expectativas electorales. Los ciudadanos condenan la corrupción cuando va unida a la ineficacia e ineficiencia en la acción de un Gobierno que maltrata sus intereses. Y lo realmente grave es que el maltrato continúa. Después de tres años de gobiernos progresistas en España y en Canarias ha aumentado la desigualdad social, y si bien se ha limitado el crecimiento de la pobreza tradicional y la exclusión social se han multiplicado los nuevos pobres: esa clase media pauperizada que tiene trabajo pero no llega a fin de mes. Esta situación, que comenzó a cronificarse en la crisis de 2008-2009 pero que hunde sus raíces varios años antes, es la que lleva a la gente a un desprecio insuperable por la democracia representativa, sus símbolos y sus instituciones, y el desprecio se transforma en descreimiento y el descreimiento en una torva convicción: la democracia ya no sirve porque no garantiza bienestar social ni estabilidad cultural. La democracia ya no es válida, ni atractiva, ni convincente. La democracia, en realidad, ha muerto, y ya apesta.