Los insultos proferidos desde la tribuna del Congreso de los Diputados contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, son graves por sí mismos. Una agresión hedionda y tabernaria que además le propina otra mujer, una diputada de Vox en busca de un minuto de gloria supurante.  El insulto ha sido tan bajo y furioso –tan envilecedor para todos — que de repente Moreno ya no fue la autora política de una normativa legal defectuosa y discutible, sino una víctima del fascismo. Por unas horas las cuentas de Podemos se han dejado de emitir bulos y falsedades sobre la ley Montero, sobre las instrucciones de la Fiscalía General del Estado, sobre abogados de violadores, jueces prevaricadores y demás carroña para, en cambio, defender a la ministra frente a los fachas. Porque, como es obvio, ¿quién no va a condenar los intolerables  insultos a la ministra? Por desgracia es demasiado golosa la tentación de instrumentalizar el ataque pro domo sua. Y así se comienza de inmediato a construir una victimización que oculta como una alfombra todas las enormidades que en la enloquecida apología de le ley han esparcido Montero y sus compañeros. Por supuesto, este combate propagandístico contra la realidad a la realidad se la trae sin cuidado. Ya son casi una cincuentena las condenas revisadas y rebajadas en pocas semanas; anteayer se dictó por la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que una pena de diez años quedaba reducida a nueve. Pero la ley no se reformará. Palabra de ministra. Lo que habrá es una “avalancha de derechos para aplastar a los fascistas”. Un método original para acabar con el fascismo, por otro lado. Como si la República de Weimar se hubiera caracterizado por retirarles derechos políticos a los alemanes.

Y ya, por supuesto, todo es fascismo, todo es machismo, todo es heteropatriarcado, todo es no pasarán. Si una periodista (Esther Palomera) condena el seguidismo de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en su afán de aceptar en silencio o con entusiasmo toda declaración de Pablo Iglesias, Palomera es reducida a una machista repulsiva. Una señora  joven, talentosa y demenciada escribe en El País que “toda violencia verbal o de pensamiento (atención: de pensamiento) contra una persona es una violencia física”.  El  silogismo queda más o menos claro: si toda violencia simbólica, es más, si cualquier pensamiento violento es violencia física, yo, en legítima defensa, te puedo soltar dos hostias en cuanto intuya que estás pensando algo indigno sobre mí. Mientras todo esto nos distrae ocurre lo más importante, lo que tiene una verdadera relevancia estructural y un impacto inmediato en la vida de los ciudadanos. La aprobación de unos presupuestos generales más expansivos que nunca, metiendo todo el carbón imaginable para alimentar la caldera de la inflación y el que venga atrás que arree, e incrementando sueldos y pensiones a los funcionarios y jubilados, los dos grandes ejércitos electorales del país.  Los impuestos a la banca y a las compañías eléctricas, de cuya calidad técnico-jurídica cabe esperar lo peor. Y, por supuesto, el primer movimiento para reformar o suprimir del código penal el delito de sedición. Primero fueron los indultos a los condenados por el Tribunal Supremo por el golpe contra la Constitución y el Estatuto en Cataluña. Y ahora se pone en marcha una reforma legal para que Oriol Junqueras y otros militantes de ERC y de Junts  per Catalunya  puedan presentarse a las próximas elecciones autonómicas: derecho penal de autor.  Ya lo exaltó Gabriel Rufián: “¡Le hemos quitado el juguete a los jueces fascistas!” Convengamos que llamar fascistas a los magistrados del Supremo en el Congreso de los Diputados no es ni siquiera violencia de pensamiento. Solo un eructo triunfal.  Mercadeando con esta insigne peña (yolandistas, pablistas, independentistas vascos y catalanes) piensa seguir Pedro Sánchez en la Presidencia otros cuatro años. Aunque termine gobernando solo en el distrito Moncloa-Aravaca.