La tramitación casi a uña de caballo de la ley de Vivienda, que llevaba años atascada en el Congreso de los Diputados, es una prueba más de que para el presidente Pedro Sánchez lo importante es la oportuna gestión de los tiempos partidistas más que la eficaz gestión de los asuntos públicos. Esos tres años perdidos evidencian que para el líder del PSOE la vivienda no era una prioridad en su agenda. Ahora sí: ahora se acerquen elecciones (el mes próximo autonómicas y locales; en diciembre generales) y hay que agitar banderas y banderolas triunfantes. La ley de vivienda resolverá juiciosa y eficazmente la angustiosa demanda de techo de cientos de miles de ciudadanos y cubrirá con probidad y equidad esos dos millones y medio de apartamentos y casas que se necesitan en España hasta el año 2050.
Pues no. Todos los miserables fuegos de artificios de los últimos días (decenas de miles de viviendas que el Gobierno de Sánchez sacará de la Sareb, planes faraónicos para otros miles de viviendas financiados por el Instituto de Crédito Oficial, programas d rehabilitación) no son absolutamente nada. Como un poema de Wallace Stevens, de Quevedo o de Ada Salas se trata de un artificio verbal. Como mucho una declaración de intenciones. Pero Sánchez ofrece sus intervenciones públicas como discursos performativos: habla como si con cada una de sus palabras construyera una realidad. Hace muy pocos días le escuché que se había aprobado la ley de Vivienda: se refería a que su Gobierno había aprobado el anteproyecto de ley para mandarlo a la correspondiente comisión parlamentaria. Con el sanchismo todo es así: la poderosa bestia del Estado expidiendo fantasmagorías para consumo inmediato y autobombo atronador.
Las patronales de la construcción de Canarias han pedido al presidente Ángel Víctor Torres que no aplique íntegramente la ley de vivienda en esta comunidad autónoma. Y no les falta razón en su solicitud. La crisis de 2008 acabó con una colaboración entre administraciones públicas e iniciativa empresarial privada irregular e insuficiente, pero gracias a la cual se construían entre 70.000 y 75.000 viviendas anuales en España. Los recortes presupuestarios y la ruina de muchos constructores paralizaron esta dinámica, en virtud de la cual el 85% de la vivienda social levantada en España entre 1980 y 2010 la construyó la empresa privada. El Gobierno de Sánchez (y en Canarias el del señor Torres) se ha negado resueltamente a contar con la empresa privada para desarrollar sus planes de vivienda pública. Incluso en La Palma posvolcánica. Esa es la principal razón del grotesco retraso que acumula en esta materia el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis. Los límites al crecimiento de los alquileres es otra medida disparatada que ya ha reducido la oferta y lo hará aún más en el futuro inmediato. Trasformar al propietario de cinco viviendas –al margen de su superficie, su conservación o su ubicación – en un gran tenedor es una ruinosa necedad.
No era imprescindible a priori una nueva ley de vivienda como la que penosamente se aprobará por las Cortes a principios de mayo. Bastaría con haber diseñado y suscrito un doble pacto: uno de naturaleza política entre los principales partidos, encabezados por el PSOE y el PP, y ratificado en las comunidades autónomas, para aligerar los trámites administrativos y movilizar suelo público y privado; otro operativo, entre administraciones públicas y las patronales de constructores. Un gran pacto de colaboración público-privado, como lo llama la presidenta de la AECP, María de la Salud Gil, que en Canarias podría conseguir 8.000 viviendas en un quinquenio (y quizás más). Esta estrategia es la más razonable y directa para afrontar una emergencia habitacional como la que sufre el país, y debió impulsarse hace tres años. Pero supone riesgos. Requiere esfuerzos. Implica corresponsabilidad y cogobernanza. Sánchez preferible una ley monigote a penúltima hora para practicar vudú electoral.