A los amantes del moralismo como mercancía política y propagandística se les puede aconsejar la lectura de varios de los cables e informes facilitados por el portal Wikileaks a lo más granado de la prensa internacional. Véase el documento en el que aparece Juan Fernando López Aguilar, a la vez figura histórica del socialismo canario y prófugo del PSC, un heraldo en sí mismo de progreso, libertad y fraternidad. El señor López Aguilar, por entonces ministro de Justicia, le comenta al embajador de los Estados Unidos que el Gobierno socialista “pondría todo su empeño en cuestionar la decisión del juez con argumentos técnicos”. El magistrado aludido era el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien en octubre de 2005 ordenó la detención internacional a efectos de extradición de los tres militares estadounidenses implicados en el asesinato de José Couso, cámara de Telecinco muerto en Bagdad en abril de 2003. La Embajada de Estados Unidos en España trabajó activamente para que tanto la Fiscalía del Estado como varios ministros socialistas se esforzaran duramente en paralizar la acción de la justicia. Y ahí sigue embarrancado hasta hoy el caso Couso para desolación de familiares y amigos.
Recuerdo como en las dos últimas campañas para las elecciones generales el señor López Aguilar mencionó en sus mítines, repetidamente, la atroz guerra de Irak. Ah, qué infamia de la derecha aznarista, qué exhibición de pútridas mentiras, qué obsceno servilismo hacia los intereses norteamericanos. Por supuesto, una cosa es sumarse a una guerra y otra muy distinta, definitivamente más chic, es asegurar al embajador de la potencia invasora que se hará todo lo posible – obsérvese que aquí la política y la ética son sustituidas, con refinado cinismo, por argumentos técnicos – para obstaculizar una investigación judicial sobre el asesinato de un ciudadano español por disparos de soldados de Estados Unidos. La sensible piel democrática de López Aguilar no podía soportar la atmósfera mefítica de la política canaria, pero se le erizaba de satisfacción cachonda, entre moquetas y damasquinados, por dorarle hasta el último bombón al embajador y colaborar lealmente en la impunidad de sus uniformados.
Julio Pérez, secretario de Estado de Justicia, se negó a extraditar ilegalmente al terrorista Monzer Al Kassar señalando a los voceros del embajador que en España los procesos judiciales se cumplen “con garantías y transparencia”. Hizo lo que debía. Mantuvo la sensatez y la dignidad. Hoy es difamado por una pequeña caterva de ganapanes que aun recuerdan lacrimosos a López Aguilar, pero que votaron por José Miguel Pérez para intentar no perder el primoroso chiringuito.