El Consejo Consultivo de Canarias, en un informe remitido al Gobierno regional el pasado marzo, despieza y tritura con el asco de un carnicero vegetariano una de las chapuzas más groseras y descaradas en la crónica autonómica, el denominado hilarantemente proyecto de Ley de Armonización y Simplificación en materia  de protección del territorio y los recursos naturales. El Consejo Económico y Social ya se había pronunciado anteriormente en términos semejantes. Incluso para un lego en materia de Derecho el texto del proyecto legislativo es obscenamente estúpido, aunque, por supuesto, encierra una astucia intencional: la derogación de facto de las directrices de ordenación territorial y la privatización irrestricta del planeamiento urbanístico. Lo asombroso es que para conseguir tal finalidad el texto gubernamental, que parece redactado por un oligofrénico empapado en coñac, se dedica a multiplicar normativas reguladoras e incluso crea un nuevo organismo administrativo, una Oficina de Consulta Administrativa que, tal y como indica con ironía el Consejo Consultivo, “significa todo lo contrario a un proceso de simplificación administrativa”.
Hasta cinco causas de inconstitucionalidad registran los consejeros en un proyecto de ley “que no deroga normativas anteriores”, crea nuevas contradicciones conceptuales y procedimentales y no se preocupa por deshacer flagrantes antinomias pese a la inseguridad jurídica que tan verbosa negligencia acarrea. Son prodigiosas las alegaciones del Ejecutivo a alguna de las críticas. ¿Qué el proyecto de ley no deroga normativa anterior ni resuelve el infecto manglar de contradicciones e incoherencias acumuladas por los legisladores en los últimos quince años? Pues “basta aquí remitirse al adagio de que la ley posterior deroga a la anterior”.  El adagio, dice el artistazo. El informe del Consejo Consultivo, como se sabe, es preceptivo, pero no vinculante, y dada la sordera demostrada por el Gobierno autonómico, y en particular por su presidente, en los últimos años, resulta previsible que se lo fumen y que antes de terminar la legislatura este monstruoso engendro jurídico – una síntesis difícilmente superable de privatización de la planificación urbanística y cosmético ordenancismo normativo y reglamentario: lo peor de cada casa – se convierta en ley.
Una negligencia torticera. Una ineptitud no solo política, sino también técnica, a prueba de consejos consultivos o audiencias de cuentas, indiferente a cualquier observación desde la sociedad civil. Esta conjunción de torpezas, ensoberbecimiento, autismo administrativo y subordinación mostrenca al sector más voraz de las élites empresariales es  (también) un ejemplo de pésima gobernanza que socava la legitimidad democrática y desprestigia a las administraciones públicas.