El comunicado emitido ayer por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo, su respuesta a las acusaciones de corrupción de un empresario pecholobo y cruelmente desilusionado, peca de insuficiente en el fondo y en las formas. Aunque se trate de un formato muy querido por las élites políticas españolas, el comunicado siempre desprende un ligero hedor a trinchera. El comunicado es una mínima apología erizada de precauciones y temores. Lo suyo es que el señor Bravo de Laguna se presentara a pecho descubierto en una rueda de prensa, armado con los documentos que estimara necesarios para fundamentar sus aclaraciones, pero el señor Bravo de Laguna jamás se ha distinguido por, digamos, un carácter heroico. Recuerdo cuando intentó articular una oposición en el primer Congreso del PP de Canarias que ganó José Manuel Soria, allá por 1998. Si hubiera podido, en lugar de votar en el plenario, Bravo de Laguna hubiera emitido un comunicado.
En un lugar de su nota el presidente del Cabildo grancanario niega tajantemente que después del 20 de junio de 2011 –cuando asumió el cargo – haya intervenido profesionalmente como abogado, ni asesorado, ni percibo cantidad alguna de los propietarios del Centro Comercial Osasis ni de la sociedad mercantil Rodríguez Marichal y Correa. Sin embargo, Rodríguez Marichal le comunicó hace poco tiempo, utilizando, con obvios propósitos, el registro del Cabildo Insular, que denunciaba el contrato entre su sociedad y el prestigioso bufete de abogados que ha dirigido Bravo durante muchos años. Entre los extremos que el dirigente del PP debería aclarar, saliendo durante unos minutos de la placenta de cualquier fax, es precisamente ese. Bravo de Laguna se desvinculó de su bufete en junio de 2011 – sin duda realizando los trámites precisos en su colegio profesional – pero el bufete al que pertenece, y no él personalmente, ¿continuó prestando servicios profesionales a Rodríguez Marichal y Correa en los dos años siguientes en relación con el Centro Comercial Oasis y los intereses empresariales enfrentados en el mismo?
A menudo se critica, y cada vez más ásperamente, el retiro dorado de los políticos hacia grandes empresas privadas (petroleras, gasísticas, constructoras, telecomunicaciones) una vez finiquitadas sus carreras en las instituciones públicas. En cambio no sería superflua una reflexión crítica sobre las proliferantes hipotecas políticas y morales que pueden adquirir a través de sus carreras profesionales antes de asumir un cargo público relevante. A fuerza de estar en todas las salsas se corre el riesgo de terminar pringado.
Algunos recordamos todavía – siquiera vagamente – que uno de los compromisos del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el PSC-PSOE era la reforma del modelo de elección del director general de la Radio Televisión Canaria y de sus órganos de gestión. En la pasada legislatura los socialistas se habían mostrado singularmente beligerantes contra el director de la RTVC, Guillermo García, por buenas razones que el transcurso del tiempo solo ha incrementado, cuantitativa y cualitativamente. Sin embargo está próximo a cumplirse el tercer aniversario de las últimas elecciones autonómicas y el proyecto de ley de reforma de la tele sigue reposando en un cajón, no se sabe si del escritorio de José Miguel Barragán, de José Miguel Ruano o de Pepe Benavente. Los socialistas no se acuerdan ya ni del nombre del director del ente público.
