Alfonso González Jerez

Ascazo

Siempre me he rebelado frente al sentimiento de la vergüenza ajena. Es ya bastante penoso lidiar con la propia. Resulta preferible mostrar directamente el rechazo, el asco, la repugnancia incluso. Es lo que ocurre con el caso del profesor con una sentencia condenatoria firme por abusos sexuales a menores que sigue impartiendo clases en La Palma. Gracias a testimonios de vecinos y de la Federación Insular de Asociaciones de Padres y Madres se sabe ahora que mientras dicho sujeto era sometido a juicio la coral que dirige fue a cantar, para animar al acusado de pederastia, a las puertas de los juzgados. Un ejemplo de solidaridad, afecto y comprensión hacia las víctimas, una de las cuales ha tenido que abandonar La Palma con su familia por la presión social, los insultos, las vejaciones y hasta las semiamenazas que sufrió en la calle y por teléfono. Basta con leer algunas intervenciones vomitivas de los defensores del pederasta – que fue condenado a una multa y sigue tan campante en las aulas – en distintos foros para calibrar el grado de putrefacción social que rodea este turbio asunto. Aun así hay que tenerlo meridianamente claro: si esta situación se sigue pudriendo, si un individuo condenado por abusos sexuales a menores continúa impartiendo clases y dirigiendo una coral vinculada al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, es por la vergonzosa, canallesca y miserable dejación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en sus responsabilidades más elementales, entre las que se encuentran preservar la integridad física, psicológica y emocional de los alumnos a su cargo.
José Miguel Pérez y su equipo debieron asumir y analizar la situación desde el primer momento, es decir, desde que el imputado por delitos se convirtió formalmente en un acusado, y aplicar unas mínimas medidas cautelares al respecto. No se diga una vez que se produce una condena firme que encuentra suficientemente probada la comisión de un delito de abusos sexuales a menores. La actitud del consejero Pérez y de su equipo directivo, en cambio, ha devenido una negligencia intolerable que ya debería cobrarse alguna dimisión. Primero no sabían nada de nada. Después no conocían el contenido de la sentencia. Más tarde la sentencia no les había sido comunicada (la sentencia se comunica por la autoridad judicial a las partes, obviamente, y entre ellas no figuraba la Consejería de Educación). Al parecer el justo y benemérito Pérez tiene miedito de que el pederasta lo acuse de prevaricación y esto basta para que el consejero opte por la inmovilidad perfecta. A ver si el consejero y su director general de Centros terminan, en un par de años, delante de un fiscal o de un juez: no estaría nada mal para que aprendieran que con la integridad de los niños no se juega ni cabe esconderse como un batracio burocrático por los dédalos de la administración.

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Más pedradas

El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, confía en que sea posible mantener el solemne compromiso de Paulino Rivero de no introducir más ajustes presupuestarios en el año 2014, pero sus píos deseos se antojan un cascado recurso retórico bajo las brutales restricciones recogidas en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014. Naturalmente que se producirán nuevas restricciones y afectarán a los servicios sociales y asistenciales públicos (educación, sanidad, dependencia) y previsiblemente a los salarios de los funcionarios de la administración autonómica. Pero los presupuestos generales del Estado no serán, ni por asomo, el único problema presupuestario y hacendístico de González Ortiz y su equipo en los próximos meses, ni la última borrasca de granizo negro y amargo como la hiel que amenaza a los ciudadanos.
El primero es un reto operativo. Gestionar y gastar ordenada y eficazmente los 200 millones de crédito extraordinario regulado por una ley que aprobaron Coalición Canaria y PSC-PSOE sin darle apenas una oportunidad a la oposición parlamentaria. Si el Ejecutivo regional tenía tanta prisa por aprobar el crédito extraordinario – que solo dedica a políticas y programas sociales, por cierto, el 45% de su monto total – y optó por no aguardar el proyecto legislativo del señor Montoro y compañía es porque ese dinero, esos 200 kilos, deben gastarse y justificarse antes del próximo 31 de diciembre. Si se considera la rapidez procedimental de nuestra nunca bien ponderada administración autonómica, se trata de un desafío tormentoso que debe embridarse y materializarse en apenas tres meses.
La segunda tormenta de miserias y canalladas, mucho más grave y de carácter estructural, llegará con la promulgación el próximo año de la reforma de la ley de administraciones locales, por las que se trasladarán las actuales competencias de los ayuntamientos en servicios sociales y sociosanitarios a las comunidades autonómicas: servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones, comedores y albergues, servicios de atención a la mujer, talleres ocupacionales. Con la situación financiera que soportan las comunidades autonómicas las opciones más obvias serán el cierre o la privatización. En Canarias son unas 30.000 personas las que podrían quedarse desatendidas y alrededor de 6.000 puestos de trabajo los que estarían directamente amenazados.

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Ficción mortal

Los cuatro últimos presupuestos generales del Estado (el final de Rodríguez Zapatero y los tres de Mariano Rajoy) son películas de terror. Quiero decir que son básicamente complejas ficciones contables a las que se ha encargado convencer a la Unión Europea y a los mercados financieros, pero ficciones capaces de matar. Como si usted disfrutase en casa de la proyección de Abierto hasta el amanecer y los vampiros le saltasen desde la pantalla a la yugular. Una y otra y otra vez el Gobierno del PP ha fracasado en sus compromisos fiscales y de gasto público, una suerte de tocomocho que Bruselas ha admitido mirando para otro lado, y ahora, de nuevo, se nos presentan para el ejercicio de 2004 unos presupuestos capaces de cumplir todos los objetivos. Es la misma basura que siempre, por supuesto, pero trampeando aquí y allá – como todavía, aunque con márgenes mucho más estrechos, continúan haciendo ayuntamientos y comunidades autonómicas –  Rajoy y el Partido Popular creen que pueden llegar a las vísperas electorales con la piel más o menos intacta.
Si algo demuestra el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014 es que el propio Gobierno no confía en ninguna recuperación económica, siquiera incipiente. Por eso mismo son los presupuestos con mayor carga tributaria que se recuerde  — aunque el Ministerio de Hacienda admita ya que se cerrará 2013 con una recaudación fiscal 2.300 millones por debajo de lo previsto – y la inversión directa del Estado baja aun más estruendosamente, mientras el peso granítico de la deuda pública roza ya el 100% del PIB y se deja claro que tanto la confianza en un aumento del crédito bancario como la creación de empleo neto son chistes complementarios. Concretamente la inversión directa del Estado en Canarias desciende otro 5% para reducirse a 255 millones, como lo hacen las transferencias a través de sus variados instrumentos: en el Fondo de Compensación Interterritorial se pega un nuevo hachazo del 35,44% y la cifra final mengüa hasta unos ridículos 44 millones de euros. El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, deberá practicar una nueva autopsia a los presupuestos autonómicos en las próximas semanas. La flexibilización de los objetivos de déficit público ha pasado –en Canarias — de respiro momentáneo a gargajo asfixiante.
Lo peor es la mentira como principio básico de la praxis política: no contar la realidad social que nos espera (concentración de renta, desigualdad, debilitación terminal de los servicios públicos, empobrecimiento del capital humano del país) al final del interminable camino de la consolidación fiscal  y la austeridad presupuestaria.

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El rigor mortis del PSC-PSOE

Hace poco más de un año, a finales de junio de 2012,  José Miguel Pérez fue reelegido secretario general del PSC-PSOE con un exigüo 53,9% de votos favorables. Llevaba por entonces casi dos años en el cargo, después de que, en un congreso extraordinario, obligado por la dimisión de Juan Fernando López Aguilar, disputara la Secretaría General, sin demasiado lucimiento, con el dirigente palmero Manuel Marcos Pérez. Ganó entonces con el 54,28%. Resulta muy llamativo que un secretario general que, hace un año y pico, podría ofrecer a sus compañeros el éxito de entrar por primera vez en el Gobierno autónomo desde 1993 – con él mismo como vicepresidente y consejero de Educación – obtenga todavía menos apoyos que antes. Pero eso forma parte de la paradoja, no de una explicación de la misma.  Pérez es un secretario general demediado porque parte de su partido no quería entrar en el Gobierno con CC pero, sobre todo, porque se ha negado, simplemente, a actuar como secretario general, a impulsar cambios programáticos y organizativos, a dinamizar un partido que en ciertas islas y municipios apenas merece ya ese nombre, a superar heridas internas, a  mantener una actitud dialogante y a construir o renovar consensos. José Miguel Pérez se ha presentado dos veces a la secretaria general del PSC-PSOE como quien se presenta a unas oposiciones: una vez superadas, entiende el asunto por concluido. Representa la mayor cuota de irresponsabilidad política que jamás haya anidado en la cúpula dirigente del socialismo canario.

Es la suya la peor actitud en el peor momento político del PSC-PSOE. La circunstancia de encontrarse en el Ejecutivo regional, con medio centenar de dirigentes y cuadros aposentados en sus respectivas áreas gubernamentales, no debería ser motivo de distracción, aunque el vicepresidente Pérez  se empeña en presentarlo así. El PSC-PSOE ha encogido tanto, ha retrocedido de tal forma en el espacio político, social y electoral de Canarias,  que la continuidad en el Gobierno de Paulino Rivero parece la última trinchera. Por eso mismo es muy improbable que el pacto entre CC y los socialistas se fracture en la Comunidad autonómica, ocurra lo que ocurra en el Cabildo de La Palma, por ejemplo. Los socialistas no tienen donde ir. Serían tan inconvincentes en la oposición como lo son en el Gobierno. Y su situación político-electoral no ha dejado de empeorar, porque los buenos resultados autonómicos de 2007 se han revelado como lo que fueron: un espejismo muy probablemente irrepetible y con una escasísima, si no nula relación con la fortaleza interna y la proyección social del partido. En los comicios de 2007 el PSC obtuvo 322.833 votos, el 34,51%; solo cuatro años después, en 2011, cayó hasta los 190.310 votos, perdiendo casi catorce puntos porcentuales. Lo que demuestra la evolución de sus resultados tanto en las autonómicas como, sobre todo, en las locales, es una ininterrumpida pérdida de apoyos, con la excepción de la sorpresa de la candidatura de Jerónimo Saavedra en Las Palmas de Gran Canaria en 2007. En las autonómicas de 2011 el PSC apenas consiguió el 21% de los votos emitidos en Las Palmas y el 20,24% de los emitidos en Santa Cruz de Tenerife, con caídas aun mayores en los otros dos grandes municipios isleños, La Laguna y Telde. Con un apoyo tan limitado – y que puede bajar aun más – en los municipios más poblados de Canarias es disparatado siquiera imaginar una recuperación del voto socialista. Como fuerza política el PSC ha desaparecido prácticamente en Las Palmas y en Telde mientras que en Santa Cruz y La Laguna se ha diluido en sendos pactos con Coalición Canaria. La actividad política y ciudadana del partido en los cuatro municipios es poco más o menos insignificante y las feroces divisiones internas han dejado exhaustas a las respectivas agrupaciones locales.

Tradicionalmente la fortaleza político-electoral del PSC-PSOE a respondido a dos variables. La primera su antaño sólida implantación municipal; de ese pasado, que se utilizó para proclamar en los años ochenta que el PSC era el único partido capaz de vertebrar Canarias, cual solo quedan restos en Tenerife y La Gomera. Y la segunda, como ocurría en otras comunidades autonómicas, en la capacidad de arrastre de los resultados de las elecciones generales. Si el PSOE iba bien en España, no podía ir mal en Canarias. Pues bien, este segundo motor está seriamente averiado en la actualidad. Y no se puede hablar en puridad de un accidente coyuntural. El PSOE se ha despeñado en una situación crítica. Como señalan  Andrés Ortega y Ángel Pascual Ramsay  (autores del libro ¿Qué nos ha pasado?, Galaxia Gutenberg, 2012),  “bajo el descenso en el apoyo socioelectoral al PSOE hay procesos sociales y políticos que van más allá del descontento con los últimos gobiernos de Rodríguez Zapatero”.  Basta, de nuevo, con acudir a los datos. Desde mediados de los noventa el PSOE ha perdido sustancialmente apoyos en las grandes ciudades, en las clases medias y medias bajas y en los jóvenes de menos de 25 años. Antes de la crisis económica estallara con todo su terrible esplendor el mismo Rodríguez Zapatero fue incapaz de alcanzar la mayoría absoluta y debió buena parte de su éxito gracias a un comportamiento excepcional de los votantes catalanes. En definitiva, y en los últimos quince años, el PSOE ha registrado un proceso de centrifugación de su base electoral que amenaza muy seriamente con evaporar su condición de alternativa política “insoslayable”. El PSOE puede perder su capacidad para impulsar mayorías parlamentarias de centro-izquierda. Sus errores en el diagnóstico de la recesión económica, su respuesta neoliberal a la misma en su último año y medio de gobierno y  la consiguiente desidentificación ideológica, los casos de corrupción, el anquilosamiento del discurso socialdemócrata aquí y en toda Europa, las resistencias suicidas a la renovación del partido desde el rubalcanismo contribuyen a un descrédito extraordinariamente difícil de superar.

Todo esto parece dejar impávido a José Miguel Pérez y a la vieja oligarquía que sigue controlando el PSC-PSOE con el único objetivo de su autorreproducción ilimitada. El secretario general ha servido como un rostro relativamente nuevo para que los juliocruces pudieran seguir manejando el negocio, y el negocio consiste en mantenerse en la poltrona ad aeternum negociando listas y apaños con los aparatos insulares de la organización. Pérez no se ha encaramado en la Secretaria General y en el Gobierno autonómico por ambición política. La ambición política le llevaría a detectar que su partido muestra todos los síntomas de un rigor mortis espeluznante y a actuar en consecuencia, y no a emplear su liderazgo protésico como almohada. No, es mucho peor. Porque José Miguel Pérez no está ahí por ambición, sino por vanidad.

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Ni las fulas

María del Carmen Hernández Bento, delegada del Gobierno central en Canarias, ha proclamado que no existe ningún informe de la Unesco “contra las prospecciones petrolíferas”, ni existe tampoco “ningún apoyo de la Unesco a este documento”. Cuando un responsable político se concede a sí mismo capacidad ontológica suficiente para aclararle supuestamente a los ciudadanos que algo no existe puede deberse a tres razones cosas: a) a que tal responsable político es un cínico de espíritu churrigueresco; b) a que tal responsable político no tiene puñetera idea de lo que habla; y c) una combinación más o menos oligofrénica de las dos opciones anteriores. La versatilidad de la señora Hernández Bento – tan pronto se te planta tres días en la Fashion Week de Nueva York como organiza un imprescindible gabinete de estudios económicos que dura exactamente el tiempo que estuvo a su frente – lleva a cualquier observador imparcial a inclinarse por la tercera probabilidad.
Obviamente, la Unesco no se ha pronunciado contra las prospecciones petrolíferas de Repsol en las proximidades de Lanzarote y Fuerteventura. Pero resulta una mendrugada realmente extraordinaria negar la existencia del informe. Se trata de un documento elaborado por biólogos adscritos al consejo científico del Comité Español del programa El Hombre y la Biosfera, que preside la doctora Marisa Tejedor, catedrática de la Universidad de La Laguna, y no una exconsejera de Industria colada ahí por casualidad.  El programa MaB (por sus siglas en inglés) tiene un ámbito internacional y lleva décadas de funcionamiento. Lo que hizo Tejedor –cuyo prestigio científico y académico a nivel nacional hasta el más lerdo puede certificar en la red – es proceder rigurosamente y presentarlo, como era obligatorio, en la reunión del pasado martes del Comité Español del MAB. Y no, el informe no evalúa los riesgos técnicos de un vertido de petróleo – esa no es ni puede ser la competencia de un órgano de asesoramiento científico –sino las calamitosas consecuencias hipotéticas del mismo en la biomasa de la zona de afección, que incluye el Archipiélago Chinijo, la mayor reserva marina de la Unión Europea.
El estólido intento de la delegada del Gobierno central de reducir un informe científico a una pamplinada fantasmagórica es una grosería hacia el consejo científico español del programa MaB y un ridículo empecinamiento en una curiosa superstición: si se produce un vertido de petróleo relevante a cien kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura no les molestaría ni a las fulas.

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