Un economista prestigioso, el turco-norteamericano Dani Rodrik, propuso recientemente un concepto, el de trilema político, como instrumento para analizar los problemas políticos generados  por los procesos de globalización. En resumen, según Rodrik las sociedades no pueden disfrutar al mismo tiempo de a) mercados completa y satisfactoriamente integrados internacionalmente, b) gobiernos democráticos, “entendido minimalistamente” (en expresión de José Fernández-Alberto) como que aquellas decisiones políticas relevantes deben gozar de un apoyo social mayoritario, y c) que estas decisiones se tomen en el marco de una estructura política nacional (aquello que en el siglo XX se denominó Estado-nación). En su obra de referencia, La paradoja de la globalización, Rodrik defiende que las sociedades contemporáneas pueden optar por conciliar dos de estas condiciones, pero no las tres a la vez. Se puede optar por mantener un sistema democrático en un Estado-nación, pero eso impide o limita la integración en los mercados de una economía globalizada. También se puede intentar la conexión con la economía globalizada desde  el Estado-nación, pero asumiendo que los costes de la misma no podrán ser consensuados, o al menos aprobados, por mayorías democráticas. Y por último cabe pensar en un modelo de integración en los procesos de la globalización con garantías democráticas a condición de que se articule una suerte de federalismo global – eso sería, o debiera ser, el proyecto europeo que ha llevado a la UE – capaz de tratar en un misma dimensión internacional procesos económicos y debates y decisiones políticas.
Quizás cabe aplicar el trilema de Dani Rodrik a la situación de Canarias, cuyas fortalezas (insuficientes o mal desarrolladas) y debilidades (desgraciadamente estructurales) se han manifestado dramáticamente con ocasión de la agudísima y prolongada crisis económica que se abrió como un cráter a finales de 2007 y comenzó a golpear ferozmente al Archipiélago en 2008. Uno de los problemas de gobierno en etapas de crisis económica consiste en atender los problemas sobrevenidos – desde la congelación del crédito a la protección a los desempleados o el mantenimiento de las pensiones – pero sin olvidar la necesidad de tomar medidas, abrir debates, estimular procesos y desarrollar análisis para diseñar una estrategia a largo plazo. En el caso de Canarias esta doble demanda – la coyuntural y la estratégica – es especialmente relevante, porque, con toda claridad, ha acabado un ciclo de la economía del Archipiélago: aquel que tuvo su principal motor en la construcción y los servicios inmobiliarios – sin excluir la especulación más despendolada – y en la que el Gobierno regional era, con diferencia, el principal y más influyente asignador de recursos. Seguir insistiendo –como se hace, sobre todo, desde el ámbito político – en que esta situación es provisional o que el turismo, por sí solo, puede relevar a la construcción en el Producto Interior Bruto, por muchas decenas de miles de turistas que provengan de Egipto, es una imprudencia, cuando no simplemente estupidez demagógica y escapista. El descenso del desempleo registrado en julio y agosto tiene un importante componente estacional y se concentra casi exclusivamente en el sector servicios. Sería necesario bajar más de veinte puntos porcentuales para llegar a un nivel de desempleo similar al de la primavera de 2007, un 10%, una tasa de paro similar a la que sufre actualmente Francia, y que en los países desarrollados se considera inadmisible. No hay industria turística capaz de crear 200.000 camareros, recepcionistas, cocineros y jardineros.  La rehabilitación de la planta alojativa choca contra las graves restricciones presupuestarias y la sequía de crédito bancario y no dejaría de ser un parche momentáneo.
Y sin embargo es imposible detectar un principio de coherencia, unidad y estímulo entre las élites políticas y empresariales de Canarias para encontrar una estrategia basada en el realismo de las fortalezas y debilidades isleñas, en la colaboración para mantener un proyecto de país viable en un escenario mundial sumamente dinámico y dotada de sus correspondientes instrumentos jurídicos y normativos. Es preocupante que las organizaciones empresariales, camarales y sindicales hayan denunciado que la reforma del principal instrumento legal y normativo para la definición y desarrollo de cualquier estrategia, el Régimen Económico y Fiscal, haya sido insuficientemente debatido. Tal y como ha explicado el profesor Antonio González Vieítez, la propuesta de REF remitida por el Parlamento de Canarias se asemeja mucho más a un Plan de Desarrollo para Canarias que a la renovación de instrumentos económicos y fiscales en el marco de una estrategia meditada a favor del diseño de una alternativa económica para las islas. Se trata de seguir salvaguardando “compromisos de financiación exterior a través de subvenciones directas (incentivos económicos) o a través de exenciones o ayudas tributarias (incentivos fiscales). Un REF que sustancialmente, en definitiva, sigue buscando la perpetuación de un status quo  que a medio plazo es imposible de mantener y que supone, de facto, un obstáculo para la diversificación de la economía regional, para su internacionalización y su competitividad, y a la postre, para el fortalecimiento de la sociedad civil canaria. Un REF que no podrá ser palanca para la apertura y dinamización económica del país buscando su inserción económica global a través de una economía de servicios financieros, el aprovechamiento de Canarias como plataforma logística y de transportes o la cooperación económica con el África emergente. Pero que sí será útil, previsiblemente, para que las élites políticas que controlan la Comunidad autonómica sigan manteniendo una capacidad de influencia social que es condición necesaria para su autorreproducción, así como para la continuidad de un pool empresarial privilegiado en magníficas relaciones – aunque a veces conflictivas — con los primeros.
El trilema de Canarias tiene esos tres vértices: las aspiraciones democráticas de una sociedad próspera y cohesionada, la diversificación e internacionalización de un nuevo modelo económico y la continuidad, sin reformas,  de un sistema político autonómico al que horrorizan los cambios y pretende mantener un status quo  caracterizado por el control político, la influencia social y una alianza nueva y eterna con sectores de una oligarquía empresarial de un cortoplacismo suicida.