Un gran éxito

Dale bebida al sediento, dale comida al hambriento, dale esperanza al desesperanzado y suscribe la peculiar lectura de los últimos datos sobre el empleo que perpetra el Gobierno: el fin de la recesión económica está cerca. Muchos sugieren o defienden esta práctica como un acto de caridad evangélica. Hay que animar a la gente. Quizás sea meritorio animar a la gente en un velatorio, pero a los ciudadanos se les debe tratar con respeto, es decir, como personas adultas y más o menos racionales. En realidad si se dispara toda esta trompetería política y periodística sobre las exitosas cifras de (des)empleo es porque le conviene a casi todo el mundo: a los gobiernos, a las patronales, a los sindicatos, a los grandes grupos de comunicación de las diversas Españas. La cosa está todavía muy mal, hijos míos, pero se está revertiendo la tendencia y allá, en lontananza, nos espera la prosperidad y el pleno empleo…
Lo mejor sería esperar los datos de la EPA. Según el Ministerio de Trabajo han disminuido en unos 127.000 el número de desempleados, entendiendo como tales los ciudadanos registrados en las oficinas públicas. Pero, curiosamente, no aumentan, sino que siguen decreciendo si se desestacionalizan los datos, los afiliados a la Seguridad Social, y ese resulta el baremo para conocer la calidad y cantidad del empleo creado (633.000 afiliados menos en los últimos doce meses). Cualquier técnico le explicará en una esquina, a cambio de la voluntad o medio de choped, las razones de esta asimetría. Los ciudadanos dejan las oficinas de los servicios públicos de desempleo porque se les agota la prestación, porque están hartos de realizar cursillos que no sirven para nada, porque han encontrado un currelo en la economía sumergida o porque han abandonado el país. La media de afiliados en los seis primeros meses de 2012 fue de 16.950.000 personas; la media de afiliados en el primer semestre del presente 2013 no llega a 16.252.000. En Canarias el número de desempleados registrados bajó en 3.308 personas, pero la Seguridad Social perdió 919 afiliados el pasado junio.
Es imposible adivinar lo que debemos celebrar con estas cifras espeluznantes. ¿Es una dicha indescriptible que disminuya la presión asistencial en la red pública de oficinas de desempleo? ¿Debemos agradecer al Gobierno central – y a sus homólogos autonómicos – que vista su patética incapacidad para acabar con este infierno social, tan arduamente apuntalado por restricciones presupuestarias y normativas tarugas, estén aplicando brillantemente su talento y energías en una incesante y miserable campaña publicitaria? Tal vez en el fondo sea comprensible que el Gobierno entienda como un éxito que los ciudadanos abandonen la administración y se inclinen por la postración silenciosa o el darwinismo de alcantarilla antes de exigirle más cuentas y menos cuentos.

Publicado el 3 julio, 2013 por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito 1 comentario

Ya basta

Asombrosamente (o no) la reunión del Consejo de Política Fiscal Económica celebrado la pasada semana bajo la presidencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha merecido demasiados comentarios públicos en Canarias. Quizás porque, de la misma manera que no se considera piadoso hablar de enfermedades delante de un desahuciado, no parece conveniente referirse al terrorífico palo recibido por la Comunidad canaria, que junto a Cataluña, Andalucía y Asturias votó negativamente a la propuesta de Montoro. Inútilmente. La relajación del esfuerzo fiscal concedido por Bruselas se la reserva el Estado al 75%, mientras las comunidades autonómicas deberán pasar del 1,7% del PIB – conseguido en Canarias a cambio de sucesivos serruchazos con un impacto terrible en los servicios públicos y asistenciales – a un 1,3%. Ni un respiro. Estas cuatro décimas porcentuales pueden significar unos 300 millones de euros más de recortes en el gasto público autonómico. Unos 300 millones menos en una coyuntura en el que los servicios públicos sanitarios y educativos han llegado al límite severo de su sostenibilidad financiera y comienzan a emitir señales de implosión operativa y organizativa. Por supuesto han volado por los aires los vagos ensueños de financiar determinadas carreteras, poner en funcionamiento ciertos hospitales o dotar financieramente la llamada Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social, una fantasía burocrática que Inés Rojas ya puede dejar de tartamudear, porque no hay perras ni para pagar el papel en el que ese estúpido galimatías está impreso.
Esta catástrofe ha dejado impávido al presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, que apenas tres días más tarde blogueó casi estentóreamente que ya comienza a columbrarse el final de la crisis económica y que – por supuesto – Canarias empezará a recuperarse en los próximos meses y antes incluso que la Península, según reza uno de sus mantras predilectos. Rivero conoce perfectamente lo ocurrido en el Consejo de Política Financiera y Fiscal y sus consecuencias. Lleva años anunciando una milagrosa recuperación económica y la creación de cientos, miles, decenas de miles de puestos de trabajo a través de una pinturera geometría de titulares, reuniones, discursos y planes nigrománticos. Yo creo que ya está bien, que ya es más que suficiente. ¿De veras cree que los sindicatos, las patronales, los grupos parlamentarios, las universidades, los periodistas, las asociaciones de vecinos, las organizaciones no gubernamentales, los funcionarios y, sobre todo, los 300.000 desempleados de este Archipiélago somos idiotas congénitos? ¿Dos millones y pico de tarados irremediables utilizados como un frontón sobre el que rebotar una y otra vez ocurrencias egomaniacas cada vez más grotescas, más groseras, más insultantes? Déjelo ya, presidente. Deje de tomarnos por estúpidos dignos de burla una y otra vez.

Publicado el 2 julio, 2013 por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

Que Wert no te engañe: la reforma universitaria es necesaria y urgente

Uno de los efectos perversos de las reformas políticas emprendidas por el Gobierno del PP en el último año y medio es que suelen ocultar o distorsionar la necesidad – a menudo urgente e insoslayable – de introducir cambios estructurales en numerosos ámbitos. La mayoría de las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy, por su insustancialidad, su sesgo ideológico, su tramposa defensa de intereses corporativos o su mera ineficacia, producen una reacción de crítica y rechazo que se agota en sí misma y, a menudo, se utiliza para justificar, explícita o implícitamente, el mantenimiento estúpido del status quo. Es lo que ocurre con la reforma de la enseñanza universitaria, incluida la política de becas: durante esta semana, el anuncio del Ministerio de Educación, indicando que habría que obtener una puntuación superior al 6,5% para mantener una beca, ha generado una reacción tan furibunda, incluso en las filas del propio PP, que José Ignacio Wert ha tenido que retroceder. Se canta victoria, pero no se avanza ninguna propuesta alternativa que merezca tal nombre a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de Enseñanza (LOMCE) y, por supuesto, muy pocos admiten que el sistema de becas español es realmente penoso y reclama urgentemente una reforma para cumplimentar su objetivo: contribuir a la igualdad de oportunidades entre los alumnos españoles.
La propuesta de Wert tiene su mérito: después de recortar el dinero asignado a becas universitarias en más de un 40% en España en apenas año y medio tensiona los requisitos para mantener la beca que afectan a los más socialmente desfavorecidos. Habría que empezar señalando que España se gasta muy poco en becas universitarias y este gasto se encuentra mediocremente gestionado. Incluso después del moderado incremento que supuso la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, el Estado español invirtió en becas universitarias un 0,08% de su PIB, mientras que la media de la UE es de 0,25% (datos de 2010). Wert podría haber conseguido, en efecto, que muchos estudiantes de rentas modestas y bajas notas desaparecieran de las universidades, pero las universidades seguirían trufadas de estudiantes de rentas medias altas y altas con malas notas. No se trata únicamente de una injusticia social, sino de un planteamiento financiero e inversor muy poco inteligente. En realidad el modelo económico de la universidad pública española es un monumento al derroche y a la ineficiencia, un ejemplo casi perfecto de gasto regresivo e ineficaz. Más de un 70% del coste real de la educación la financia directamente el Estado, al margen de la situación económica y el origen social de los estudiantes. En el año 2008 se calculó que el abandono de los estudios universitarios al cabo de varios años de holgazaneo o desconcierto, se traduce en España en un desperdicio de cerca de 2.800 millones de euros anuales (0,19% del PIB), y si a esto se le suma el 30% de abandono de la ESO habría que añadir otros 2.000 millones de euros. Y más aún: gracias a los repetidores en ambos niveles, que alargan su estadía en centros de secundaria o universidades, lo que significa a su vez una ampliación del consumo de recursos, la pérdida anual agregada alcanza a unos 5.600 millones de euros. La ineficacia e ineficiencia del sistema educativo público español se traduce en medio punto porcentual del Producto Interior Bruto. Una burrada de dinero para una burrada de estudiantes. Tanto el denominado Plan Bolonia como la mefítica floración de universidades privadas – que expenden títulos a cambio de matrículas de 10.000 euros anuales con escasísimo o nulo prestigio en el mercado laboral — se han mostrado inútiles para corregir esta situación, que ha conducido a unas universidades públicas que salvo excepciones (las hay, incluso en las universidades canarias, y no son siempre anecdóticas) a encastillarse en una baja cualificación docente, una capacidad investigadora estrangulada y una endogamia profesoral realmente admirable por su escasa permeabilidad y su olímpico desprecio por la competitividad científica. Un solo dato: solo un 2,5% de los estudiantes de las universidades española son extranjeros, frente al 25% de las universidades de Estados Unidos o el Reino Unido.
Las siguientes medidas para la reforma de la universidad pública española — algunas retoman fracasadas o incompletas reformas del pasado inmediato — proceden de los profesores Juan José Dolado y Jesús Fernández-Villaverde, que se han mostrado bastante críticos con la LOMCE y el descacharrante informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, firmado por Óscar Alzaga y Mariola Urrea. Tanto Dolado como Fernández-Villaverde entienden que esta reforma – como otras, como la que afectan a las administraciones públicas o el sistema de financiación autonómica – son claves para superar a largo plazo la crisis económica y sobrevivir en el mundo del siglo XXI.
1) Una mayor libertad por parte de las universidades públicas en la fijación de tasas ordinarias de matrícula y en la penalización del coste de las tasas extraordinarias para los alumnos repetidores.
2) Una mayor flexibilidad en la duración de los grados (como ocurre con las licenciaturas, donde, durante bastante tiempo, han venido coexistiendo las de 4 y 5 años).
3) Un sistema salarial mucho mas flexible dentro de los límites presupuestarios (con fondos públicos y privados) de cada institución evitando la excesiva uniformidad por categoría profesional (TU y CU) que rige en el modelo funcionarial existente.
4) Una financiación pública que de mucho mas peso a la calidad y no tanto a la cantidad mediante la evaluación periódica de los departamentos universitarios en cada disciplina (tipo Research Assessment Exercise en el Reino Unido).
5) Un estatuto de la carrera profesional del personal académico que fomente la movilidad y el control de calidad del mismo (con amplios períodos de prueba), evitando la endogamia existente y los desincentivos derivados de la funcionarización masiva y prematura de una significativa proporción de sus integrantes.
6) La apertura de nuestro sistema universitario a investigadores procedentes de otros países (solo el 0.5% de nuestros profesores universitarios son extranjeros frente al 30% en Estados Unidos y el 25% en Reino Unido).
7) Una potenciación de la financiación y reconocimiento social de la FP superior como vía de acceso mucho más eficiente al mercado laboral para muchos alumnos que fracasan en la universidad. La reciente reforma de la educación superior en Finlandia que elimina la condición de funcionarios a profesores retroactivamente a partir de enero de 2010, reduce el número de universidades mediante fusiones entre las ahora existentes y cambia radicalmente el sistema de gobernanza de las universidades públicas puede suponer un ejemplo para la necesaria reforma de nuestro sistema universitario.
8) En el capítulo de la gobernanza universitaria resultan indispensables cambios estructurales. El primero sería la sustitución del sistema de elección de rector. “De alguna manera se le ha metido al legislador la peregrina idea de que los profesores, estudiantes y personal administrativo tienen este derecho. Y digo peregrina pues no es la manera en la que seleccionamos los gestores de ningún otro servicio o agencia pública. Los beneficiarios de los servicios públicos somos todos, directamente (como los estudiantes de una universidad) o indirectamente (como partícipes en una economía con buenos profesionales o usuarios finales de la tecnología desarrollada en la universidad). Es por ello que, casi siempre, los gestores son nombrados por los poderes ejecutivos que son los que nos presentan al conjunto de los ciudadanos. Los inspectores de hacienda no votan al director de la Agencia Tributaria y los conductores del Metro de Madrid no votan al presidente de la compañía. La explicación de esta asimetría es sencilla: los profesores y estudiantes universitarios tienen un poder político desproporcionado a su tamaño y gracias a ello han extraído del resto de la sociedad un privilegio corporativo excepcional que disfrazan de apariencia democrática gracias a una sofística elocuencia” (Fernández-Villaverde). La propuesta – tomando como ejemplo las universidades estadounidenses – de un rector que sea un competente gestor contratado por un consejo de administración (con representantes del Estado, las comunidades autonómicas, los profesores y los alumnos) es más racional que el actual sistema, donde se entrecruzan y a menudo cortocircuetean intereses personales, corporativos y partidistas.
La inmensa mayoría, si no todas, de estas propuestas significan o demandan un estímulo de la cultura del esfuerzo y la dedicación e incluso a una inteligente meritocracia, tan indispensables como los fondos financieros para que la universidad española salga del agujero – entre cómodo y angustioso – donde ahora mismo está semienterrada. Hace algún tiempo, en una red social, mostré asombro porque una estudiante universitaria anunciara que, nada más comenzar el curso, estaba a punto de abandonar Tenerife para acudir a manifestaciones de protesta en Madrid contra el (sin duda) terrible Gobierno que padecemos. La estudiante se indignó mucho y hasta una de sus profesoras terció para animarla en la huida – solo estaría algunas semanas ausente – y presumió que jamás había examinado a ningún alumno. No pretendo generalizar, pero esta bufonada no carece de cierto valor a la hora de ilustrar lo que ocurre en la universidad pública de este país, en la que demasiados profesores y alumnos toman como un templete del saber donde pasar el rato, obtener un diploma y esperar que el mercado de trabajo reserve un fisco de consideración a un titulado universitario.

Publicado el 30 junio, 2013 por Alfonso González Jerez en Me pagan por esto ¿Qué opinas?

El chantaje a un trilero

En un artículo olvidado el maestro Azorín describía la mínima actividad mental de don Lorenzo Arrazola, un político de mediados del siglo XIX que llegó a ser jefe del Gobierno. “Don Lorenzo Arrazola”, escribía el maestro, “es presidente del Consejo de Mnistros; en España no es muy difícil llegar a ser presidente del Consejo de Ministros”. Claro que no. Hasta hace poco un magnífico ejemplo de tan alta accesibilidad era José Luis Rodríguez Zapatero; pero hay que reconocer que Mariano Rajoy lo ha superado. Ambos son muy similares. Individuos que muy pronto abandonaron una profesión y antes de los treinta años ya estaban escalando puestos en las jerarquías de sus respectivas organizaciones políticas. Ambos son, en definitiva, productos quintaesenciados de los procesos de selección de élites dominantes en el ecosistema político español. Mariano Rajoy descuella porque ha hecho de la insignificancia una orfebrería. Rajoy está construido básicamente con nada. Carece de carisma, jamás se le ha escuchado nada vagamente parecido a un proyecto político, es un orador mediocre y goza de la empatía emocional de un ficus. En los últimos años ha proferido un notable volumen de estupideces, incoherencias y falsedades y ni siquiera eso lo ha humanizado un fisco. Cualquiera ha visto gatos de escayola capaces de proyectar más autoridad, inteligencia y capacidad política. La estrategia de su carrera política ha consistido no en cosechar éxitos, sino en evitar los errores. Así que ayer, al contestar a los periodistas sobre la prisión de Bárcenas, y después de titubear como un mocoso, se acogió a una forma retórica mínima, “el PP colaborará con la Justicia y esperamos que se actúe con la máxima celeridad”. O algo así. Lo importante, de nuevo, no era proporcionar una respuesta, sino evitar pronunciar un nombre.
Durante veinte años Luis Bárcenas gestionó las finanzas del PP. No fue un asteroide que se incrustó accidentalmente en el partido. Todos y cada uno de los responsables de las finanzas de la organización (Ángel Sánchez, Rosendo Naseiro, Álvaro Lapuerta) han sido imputados por casos de corrupción. Bárcenas estaba ahí, metido en la pomada y oteando la gusanera, desde principios de los noventa, pero fue Mariano Rajoy y nadie más quien en 2008 lo designó tesorero. Fue Mariano Rajoy, y nadie más, quien permitió que Bárcenas siguiera cobrando un sueldazo del PP hasta principios de este año de gracia de 2013, aunque las negociaciones con el interesado las llevara la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Es inverosímil, aun más, es democráticamente intolerable que Rajoy pretende presentarse –si quiera implícitamente – como un líder honesto sorprendido en su buena fé por un subordinado venal. Entre otras razones porque el presidente del Gobierno, mientras fue líder de la oposición y presidente del grupo parlamentario del PP, también recibió un abultado sobresueldo del partido.
Luis Bárcenas dispone de más de cuarenta millones de euros en Suiza. Ha publicado parcialmente ingresos ilegales en el partido y muchos dirigentes del PP se han visto obligados a reconocer que recibían sobresueldos. Todos los indicios apuntan a una trama de corrupción generalizada por la que el PP —entre otras cosas – corrompía a sus propios mandatarios como mecanismo de sumisión al líder y cohesión organizativa. Ni siquiera la entrada en prisión de Bárcenas distrae a Rajoy de barbotear vergonzosas necedades. En 2009 el presidente del Gobierno aseveró que estaba seguro que “nadie podrá demostrar que Bárcenas no era inocente”. Lean atentamente: no aseguró que lo fuera, solo que nadie podría demostrar su culpabilidad. Esta son las prudencias en las que se solaza Rajoy y con los que desafía a la opinión pública: los tontos trabalenguas de un trilero. Una democracia parlamentaria no puede soportar la sospecha asfixiante de que el presidente del Gobierno está siendo chantajeado por un delincuente.

Publicado el 29 junio, 2013 por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

Hacerse un Soria

Pues no hay ninguna moción de censura en ciernes contra Paulino Rivero, sino apenas un comentario de José Manuel Soria quien, tan sorianamente como siempre, afirmó en una entrevista televisiva que varios diputados de CC se habían aproximado al PP para brindarle su voto en una censura parlamentaria al presidente. Soriano no precisó cuantas señorías le fueron a llorar con el cuchillo edípico en la mano. Por lo menos serían necesarios diez si pretendieran descabalgar a Rivero. Vamos, una maliciosa tontería del ministro de Industria. Todavía es más tonto relacionar esto con la trifulca intestina de Coalición Canaria en La Palma entre marquesotes de API y rapaduras de Ican, que no es sino el subproducto de la pérdida de poder municipal de los nacionalinsularistas palmeros y el cansancio irritado ante el interminable minué que bailan Antonio Castro y José Luis Perestelo pisándose todo lo que pueden y más. No habrá moción de censura en la segunda parte de la legislatura autonómica. Es mucho más probable – simplemente probable – una situación agónica – es decir, más agónica todavía – de gobierno en minoría.
Una facción minoritaria pero en auge en la dirección regional del PSOE promueve – o intenta promover – el abandono del Gobierno autonómico antes de fin de año, calcando la jugada que realizó Soria durante el anterior mandato. Suponen –acertadamente – que la situación económica y social, en el mejor de los casos, no mejorará sustancialmente hasta la primavera del 2015. Hacerse un Soria –como lo llaman los graciosos – sería la estrategia más inteligente para usufructuar hasta el penúltimo instante las rentas de su participación en el Ejecutivo y al mismo tiempo no verse arrastrado por el rechazo crítico de una ciudadanía harta, asqueada y entrampada. El PSOE, además, cuenta con un conjunto de alianzas con CC en ayuntamientos y cabildos – al contrario de lo que le ocurría al PP en 2009 – que podría mantener, llegado el caso, o modificar en convivencia con los conservadores. Se trataría en realidad del comienzo del fin de una situación que ha caracterizado el ecosistema político canario desde 1993: esa posición de centralidad de Coalición Canaria que le ha permitido conservar la Presidencia ininterrumpidamente y elegir socio de gobierno. Este privilegio, a partir de 2015, quedará finiquitado, independientemente de que los coalicioneros consigan ser (o no) la primera fuerza parlamentaria de la región.

Publicado el 28 junio, 2013 por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

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