Básicamente los empresarios y agentes culturales tienen razón en su bronca protesta contra el hundimiento del presupuesto de la Viceconsejeríade Cultura y Deportes del Gobierno autonómico en casi dos tercios. Uno piensa que, incluso, tienen más razón de lo que suponen, lo que es curioso, en vista de algunos de sus peregrinos argumentos y de la peligrosa ignorancia de la que hacen gala respecto al apocalipsis económico, presupuestario y fiscal en el que estamos instalados. Incluso sin discutir la necesidad de recortes en unos presupuestos generales centrados en aminorar el impacto en los sistemas públicos de sanidad y educación, el Gobierno autonómico yerra en someter a una desertificación feroz al sector de la industria y la promoción culturales en el Archipiélago. Las autoridades de la Consejeríade Economía y Hacienda quizás sean conscientes, en líneas generales, de las consecuencias negativas inmediatas del hachazo que se propinará a los recursos presupuestarios dela Viceconsejería de Cultura, pero es evidente que no se ha evaluado la proyección que, a largo plazo, tendrá esta brutal amputación financiera. Las consecuencias fundamentales son tres:
1. Quedará afectado gravemente una de los objetivos básicos de un Estado social y democrático: la contribución para estimular el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales, sea un concierto, una exposición plástica o una obra de teatro. Prolongada en el tiempo – porque los presupuestos generales de 2012 inauguran un nuevo ciclo y la recuperación de las cuentas públicas no es previsible en los próximos años, quizás en los próximos lustros – esta situación significa un ataque en toda regla, un ataque en carne propia si se quiere, a la democratización cultural de una sociedad. El binomio producción/consumo cultural es, asimismo, un catalizador de cohesión social, y representa un acicate fundamental para la interlocución pública, con todas sus consecuencias en impacto mediático, imagen pública y peso simbólico.
2. Supondrá tirar directamente a la basura veinte años, quizás veinticinco años, de un esfuerzo presupuestario en el que, pese a la improvisación de ocurrencias, estupidez gestora, el despilfarro, las tentaciones de dirigismo y la confusión entre inversión y gasto, se ha realizado un esfuerzo presupuestario continuado, que de una manera u otra, ha contribuido a la creación de una urdimbre de empresas con capacidad para generar y mantener, directa e indirectamente, miles de puestos de trabajo, y a una red de centros y espacios de titularidad pública ahora abruptamente destinados a la soledad. El último cuarto de siglo, por tanto, no ha existido, y las infraestructuras creadas durante el mismo (auditorios, teatros, centros culturales, espacios artísticos) tendrían el mismo papel que la Estatuade la Libertaden el filme El planeta de los simios: testigos melancólicos de lo que pudo haber sido y no fue.
3. Significa renunciar a una de las escasas opciones estratégicas de actividad económica y creación de puestos de trabajo con que cuenta el Archipiélago. Tal y como explica Javier Jiménez, en los últimos años se han desarrollado ciertas sinergias, todavía iniciales, entre las administraciones públicas y el sector privado que apuntaban a superar, precisamente, el mero subvencionismo. En todo caso la transformación de un conglomerado heterogéneo y difuso de actividades poco capitalizadas en una industria autosuficiente y articulada lleva su tiempo. Es una tarea de colaboración entre el sector público y el privado a medio y largo plazo que en Canarias – no conviene olvidarlo – parte de anteayer, a mediados de los años ochenta, en unas islas en condiciones económicas delicadas, una sociedad civil desarticulada y un aislamiento, agravado por la dictadura franquista, de muchas décadas. Vaciar presupuestariamentela Viceconsejeríade Cultura y Deportes significa bloquear, en definitiva, una actividad económica y empresarial que podría y debería conectarse con las únicas fortalezas económicas que registra Canarias: el turismo de calidad y la potencialidad del archipiélago como plataforma internacional – en los campos de la edición y la cooperación cultural, por ejemplo.
La actitud de los más concernidos por la catástrofe presupuestaria, sin embargo, ha sido sorprendente. Tienen un parte sustancial de responsabilidad en la situación a la que se han visto abocados, como la tiene el equipo del viceconsejero, Alberto Delgado, que eludió durante tres años una reorganización del gasto y los programas más selectiva, prudente e inteligente. En su inmensa mayoría las empresas y promotores culturales no han intentado siquiera avanzar más allá – y en absoluto es fácil — de una relación de dependencia estructural de los presupuestos públicos. Lo sorprendente es que la única solución en la que insisten estrepitosamente consiste en el mantenimiento de los presupuestos de la Viceconsejeríade Cultura; si acaso, se reclaman “dispuestos” a un descenso “solidario”, después de recordar que las partidas presupuestarias no han dejado de disminuir en los últimos años. Detrás de estas gemebundas aseveraciones hay un rasgo preocupante, pero muy ilustrativo: los presupuestos de la Viceconsejeríade Cultura, tal y cómo se desprende de tales declaraciones, son suyos. Es difícil encontrar un concepto tan fuertemente propietario sobre los presupuestos públicos en otros sectores profesionales y económicos. Y eso es un error conceptual fundamental: los recursos presupuestarios no son de ningún colectivo empresarial o profesional en concreto, son de todos. Los empresarios y promotores culturales canarios han llegado a la compleja tesitura de soportar una tempestad devastadora que obligará a cierres y a fusiones empresariales, pero, sobre todo, de reinventarse casi radicalmente. Se puede insistir hasta la náusea en la queja, la indignación o el estupor, pero el miserabilismo presupuestario no se modificará en los próximos años. Lo que debe exigírsele al Gobierno no es dinero, no es ni puede ser un compromiso presupuestario, sino un compromiso político y técnico que podría concretarse en las siguientes pautas:
a) Un compromiso explícito del Gobierno regional para potenciar todos sus recursos políticos y técnicos a favor de la inclusión de empresas y actividades culturales del Archipiélago en fondos dela UniónEuropea, potenciando los proyectos de partenariado, y asesorando directamente a los interesados.
b) Un compromiso del Gobierno regional para buscar nuevos incentivos fiscales a la actividad cultural con el objetivo final de alcanzar una ley canaria del mecenazgo en esta legislatura, estimulando la participación del capital privado.
c) Un compromiso del Gobierno regional para facilitar el acceso preferente a otros programas y líneas de ayuda en otros departamentos del Ejecutivo.
d) Un compromiso del Gobierno regional para estudiar, al menos, una modificación de los reglamentos dela RICpara su materialización en proyectos empresariales ligados a la cultura y el ocio.
e) Un compromiso del Gobierno regional en establecer planes de colaboración reales y realistas, dotados de ficha técnica, con ayuntamientos y cabildos para maximizar los recursos presupuestarios existentes en materia de política cultural, fomentando la emprendeduría y la promoción de promotores.
No es mucho, ciertamente, pero peor es nada, es decir, continuar emitiendo manifiestos y convocando reuniones catárticas de humillados y ofendidos.
