Estoy entre los que apoyan una tasa turística (llámalo así, llámalo ecotasa) en las islas. No ahora, no, sino desde hace bastante tiempo, cuando todavía la señora Noemí Santana jugaba a las muñecas empoderadas. Mi escueto razonamiento no solo era ecológico, medioambientalista o resilente, sino de carácter redistributivo. Aunque con algunos antecedentes, el turismo de masas se entendió en Canarias cada vez más velozmente en el último tercio del pasado siglo sobre ventajas naturales y climatológicas comparativas a partir de empresas extranjeras y turoperadores, y creció y creció reclutando a miles de trabajadores en hoteles y en la construcción y fortaleciendo un sabroso negocio inmobiliario. En realidad el turismo en las islas vive en combate perpetuo contra su propio modelo desde hace cerca de veinte años, cuando dejó de ser un negocio fácil y con amplios márgenes de beneficio (clientes durante todo el año, salarios bajos, mínima reinversión en rehabilitación y mejora de las dotaciones turísticas) y se asomó al abismo de su envejecimiento prematuro. Se sigue ganando mucho dinero, pero mucho menos dinero que antes, aunque el efecto económico transversal de la industria turística continúa demostrando energía. El turismo sigue dinamizando la economía y junto a la oferta de empleo público es el mayor creador de puestos de trabajo en el último año y medio. Desde luego que los empresarios hoteleros ya pagan sus impuestos, pero la tasa turística supondría una aportación más – poco dolorosa para el hotelero pero muy beneficiosa para la ciudadanía – a favor de la redistribución tributaria de los ingresos turísticos.
Es imposible conocer con seguridad de cuanta pasta podría tratarse. He leído cifras muy distinta – desde los 90 hasta los 300 millones de euros anuales– y es imposible alcanzar un consenso al respecto. Otra discusión, mucho más sencilla, se centra en el destino del gasto de lo recaudado. Es un poco absurdo. Ya que el turismo influye en casi cualquier aspecto económico, social y medioambiental de Canarias cualquier objetivo sería compatible; por ejemplo, asignar lo recaudado a potenciar y abaratar más aun el transporte público (guaguas y tranvías). Cabe recordar que el Ejecutivo regional, en los últimos treinta años, ha gastado cantidades ingentes tanto en la promoción turística como en la rehabilitación de infraestructuras.
En el pleno parlamentario de ayer el presidente Ángel Víctor Torres se vió obligado a responder una pregunta sobre la tasa turística. ¿Le gusta la idea al presidente? ¿Qué le parece la insistencia de Podemos, su socio gubernamental, sobre este asunto en las últimas semanas? Torres, que es un orador poco inspirado pero astuto, demostró una vez más que tiene respuesta para todo, y si no la tiene, se las inventa. El presidente suele responder con cucuruchos de helado destinados a derretirse enseguida, pero cuando se licuan ya ha acabado el pleno. Vino a responder que, en efecto, en uno de los parágrafos del pacto de gobierno que firmaron el PSOE, Nueva Canarias, Podemos y los alegres colombinos en junio de 2019 figura crear una comisión para estudiar la viabilidad de una ecotasa. Y un poco cómicamente Torres explicó que, en efecto, estudiarían la tasa turística concienzudamente y con la voluntad de llegar a un acuerdo entre todos. ¿Qué por qué no se debatió tal asunto al principio de la legislatura? Bueno, ahí empieza la enésima enumeración de las desgracias: una pandemia, el cero turístico, Thomas Cook, un volcán, una guerra. Dicho más claramente: no se establecerá una ecotasa turística en esta legislatura. Pero Santana aplaudió la respuesta del presidente y eso es precisamente lo que cuenta.