Servidor es una antigüalla. Un anacronismo bípedo. Un vestigio del pasado con dioptrías. Por eso considero que los jueces no deben conceder entrevistas a la prensa, como no deben hacerlo los responsables militares. En todo caso los magistrados deben eludir cualquier declaración sobre los asuntos que estén en sus manos en cualquier fase de la instrucción. No es que uno reclame un estatuto ectoplasmático para los jueces ni que exija que no sufran ni padezcan. No los demando invisibles o inaudibles. Me refiero únicamente a una prudencia que no desbarate la objetividad en la acción judicial ni erosione las garantías procesales ni transforme un asunto de la administración de justicia en un espacio mediático porque de ninguna manera contribuirá a dilucidarlo. Entiendo perfectamente – o eso creo– el malestar de la jueza Victoria Rosell porque las evidencias apuntan a un más que probable intento de desacreditación personal y profesional por gente capaz de poner nervioso a Vito Corleone. Lo que no entiendo de ninguna manera es que la jueza del juzgado de instrucción de Las Palmas llegue a afirmar extremos tan graves como que se la intenta apartar de la investigación sobre el concurso para la gestión de la hemodiálisis fallado en los últimos días de gestión de la conservadora Mercedes Roldós al frente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Desde un punto de vista periodístico la entrevista con Rosell es impecable y un tanto magnifico para DIARIO DE AVISOS. Desde un punto de vista judicial, en cambio, me parece una torpeza. Una torpeza singularmente preocupante.
Imaginarse a los jueces de instrucción – por no citar a los semidioses togados de los tribunales superiores o del mismo Tribunal Supremo – realizando elucubraciones, todo lo aparentemente bien basadas que se quiera, sobre los casos que llegan a sus despachos, y más aun, sobre el hipotético trasfondo político o empresarial de los mismos, en los medios de comunicación, te lleva directamente a un estado de nerviosismo poco recomendable. Este tipo de declaraciones pueden parecer inspiradas, valientes, casi heroicas; en realidad, contribuyen, voluntaria o involuntariamente, a debilitar aun más la independencia del poder judicial y la eficacia de su operatividad. Le agrade o no al actual gusto de ese espectador glotón y misérrimo en el que ha terminado en convertirse el ciudadano en nuestra semidemocracia, un juzgado no puede transformase en un plató de televisión ni una instrucción judicial salvar su eficacia o su legitimidad lanzando como confetis titulares de prensa. Para eso están las leyes, los mecanismos procesales y el Consejo General del Poder Judicial, como sabe muy bien la jueza Victoria Rosell.