Alfonso González Jerez

Un largo invierno

“Definitivamente/parece confirmarse que este invierno/ que viene, será duro./Adelantaron las lluvias, y el Gobierno, /reunido en consejo de ministros/no se sabe si estudia a estas horas/el subsidio de paro/ o el derecho al despido,/o si sencillamente, aislado en un océano, /se limita esperar que la tormenta pase…” No, no es octubre de 1959, cuando Gil de Biedma escribió estos versos desesperanzados. Aunque es curioso, el Plan de Estabilización diseñado entonces por Ullastres y Navarro significó la superación definitiva de la posguerra económica, abrió puertas al desarrollo del capital sin las rigideces del intervencionismo y concedió así una pátina de legitimación a la dictadura franquista. En una situación todavía durísima, en la España de finales de los años cincuenta, existían esperanzas: desde liquidar la dictadura y celebrar la revolución hasta poder comprarse un pisito o un seat, prosperar modestamente, conseguir que los hijos pisaran la Universidad.  Hoy el futuro  es una superstición que pocos comparten. Llevamos sumergidos quince años en una crisis interminable que ha señalado con fuego los límites reformistas de la democracia representativa y el capitalismo globalizado.  ´

Esa célebre pregunta que ronda al Gobierno central y a los dirigentes socialistas (“¿por qué perdemos apoyos en las encuestas si subimos el salario mínimo, protegemos mejor el empleo y la empleabilidad, aumentamos las pensiones, financiamos los ERTE?”) tiene una respuesta sencilla, aunque dura: eso es lo mínimo que deberían ustedes hacer. Muchas de las medidas del penúltimo plan de Pedro Sánchez contra la inflación y la crisis económica se han puesto en marcha por gobiernos de centroderecha – por ejemplo, Macron firmando cheques de 100 euros al mes a aquellos franceses que ganen menos de 2.000 euros netos mensuales – y en algún caso han servido de inspiración al Ejecutivo español – según el propio Sánchez el Ministerio de Hacienda está estudiando el impuesto extraordinario sobre combustible impulsado por el gobierno de Draghi. Obviamente Sánchez y sus socios  han presentado su panoplia de medidas como fruto de un acendrado compromiso izquierdista, pero en su mayoría están siendo aplicadas por gobiernos de centroizquierda y centroderecha de toda Europa. Y por una razón elemental: porque es lo que se puede hacer en los márgenes políticos y jurídicos de la UE y del orden económico internacional.

Y esa es precisamente la clave de la puerca ingratitud de la gente y en muchos casos de una desafección del voto de izquierdas, rosado o morado: la evaporación de cualquier alternativa real y la inutilidad de los viejos valores  — el sacrificio, el mérito, el trabajo, la solidaridad vecinal, la familia – que concedían sentido a la vida individual y colectiva.  Han desaparecido y ya no volverán. Sin un proyecto político alternativo y transversal que no sea una suma de pequeñas y ombliguistas batallas la izquierda está perdida. Quizás sea contraproducente, incluso, insistir en logros histéricos y triunfos apoteósicos. En vez de provocar admiración enervan o hastían a los ciudadanos porque, curiosamente, lo único que se le ocurre al político, para estremecer al público, en lanzarse a la hipérbole más desquiciada. Observen la (supuesta) inauguración de cincos parques eólicos de La Gomera con la presencia estelar del presidente Ángel Víctor Torres. Primero, es la presentación del proyecto, que no tardará menos de un lustro en completarse. Segundo, es muy improbable que cubra “toda la demanda” de La Gomera. Los aerogeneradores no suelen cubrir “toda la demanda” en ningún sitio porque a veces no hay viento y en ocasiones hay demasiado. Por esa misma razón roza la bobería imaginar que La Gomera pueda “exportar energía limpia”. La transición energética no es ya “una realidad” cuando ni siquiera está en pie un puñetero aerogenerador.

El poeta tenía razón. Este invierno será duro y durará más de tres meses.  

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Hágase o deshágase

Se ha presentado a la Mesa del Parlamento de Canarias una pregunta del diputado de CC José Alberto Díaz Estébanez dirigida la consejera de Educación, Cultura y Deportes. El señor Díaz-Estébanez se interesa por el contratazo que hace pocas semanas suscribió el Instituto Canario de Desarrollo Cultural –dependiente de la Viceconsejería de Cultura que dirige el silente Juan Márquez – por valor de 1.845.000 euros para el diseño y la dirección del MAPAS (Mercado Profesional de Artes Performativas del Atlántico) y del Festival de Artes Escénicas de Canarias. Muy poco tiempo después de ser formalizado, el contrato fue anulado. ¿Explicaciones oficiales? Ninguna. Circule, que estoy oyendo a Bela Bartok.

En realidad la cosa tiene más enjundia, más flow, flow de la mata, flow de la fuente misma de la esencia de la sospecha. Después de anular el contrato de 1.845.000 euros, la empresa adjudicataria estaba obligada a devolver 400.000 euros abonados anticipadamente. Pues bien, el ICDC concedió a dicha empresa (Una Hora Menos Producciones) un patrocinio de 400.000 euros (exactamente 400.000 euros) para el proyecto MAPAS que, por cierto, está desarrollándose actualmente. Es imposible no sustraerse a la melancolía. En su momento, Juan Márquez, o alguno de sus brillantes paniaguados, presentó el nuevo Instituto de Desarrollo Cultural (hijo de Canarias Cultura en Red, nieto de la SOCAEM) como una avance técnico-administrativo que mejoraría cuantitativa y cualitativamente la gestión cultural de la Comunidad autonómica, un instrumento ágil y moderno al servicio de los agentes culturales en particular y de la ciudadanía isleña en general. Desde luego que cuenta con un personal suficiente: un consejero delegado, un director ejecutivo, un director adjunto, varios técnicos de gestión cultural, administrativos y varios juristas, Cuentan, por cierto, que el director adjunto cobra más más 70.000 euros anuales: más adjunto, en fin, no puede ser. Pues bien. nadie, absolutamente nadie de esta peña, y menos que nadie los propios jefes de Gran Vaina, encontraron irregularidad alguna en el procedo de negociado sin publicidad que culminó con la adjudicación del jugosísimo contrato a la empresa antedicha. Los rumores apuntan a que, siguiendo tal vez sugerencias de las alturas, se ha contratado a una empresa  para el desarrollo del proyecto estrella de la Viceconsejería de Cultura, y luego, desde la Gran Vaina, se les trasladó al Cabildo de Tenerife y al Auditorio Adán Martín que su aportación –unos 620.000 euros – debería revertir en la misma empresa. Muy juiciosamente, el Cabildo tinerfeño se negó a tal operación: estaba y a buen seguro está dispuesto a apoyar MAPAS, como lo ha hecho en anteriores ediciones, pero apoya, como administración insular, a la Viceconsejería de Cultura, no a la empresa inicialmente adjudicataria del contrato. Esupefactos debieron quedarse en la corporación insular.

Toda esta chapucería se ha desarrollado en un silencio bastante ominoso. Y ahora mismo es imposible obtener ningún tipo de aclaración informativa por parte de la Viceconsejería de Cultura. Como suele ser habitual en su titular, Márquez se encierra en su despacho hasta que escampe. Después emprende una selección de llamadas telefónicas y hasta la próxima vez, la próxima chapucilla, la próxima ocurrencia, el próximo favor, la próxima cagada. Márquez, sobre todo, quiere prosperar políticamente e intenta crear una estructura subterránea – desde lo empresarial a lo funcionarial — lo suficientemente potente para que reclame su continuidad y lo bastante astuta para que seduzca a nuestros iletrados berzotas hasta convercerlos  de que él y solo él puede llevar la Viceconsejería de Cultura. Es sin duda el más inteligente de los viceconsejeros del área en la última década. Y también el más cínico, mangoneador y peligroso.  

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Poder y poderío

Hace muchos años Michel Foucault lo dejó claro, aunque se nos olvide siempre: el poder, el poder político, está presente en todos nos niveles de la sociedad, y no es algo que se posea, una suerte de garrote que se pueda blandir amenazadoramente, sino una estructura de relaciones que se expresa en actos concretos. El poder es siempre una relación cotidiana, un binomio de fuerza y resistencia en tensión permanente, no una sustancia milagrosa. El poder es el acto de volar, no el supuesto polvo en las alas que permite cruzar el prado a una mariposa.

Está, por supuesto, la relación más anecdótica, la que tiene el poderoso con el poder. Da bastante grima. Observa uno al presidente Pedro Sánchez en la tribuna del Congreso de los Diputados y comprueba cómo ha envejecido en cuatro años. Se le empieza a cuartear el rostro, se cubre de canas, le cuesta ocultar el endurecimiento de la mirada. Comparen ustedes igualmente al Ángel Víctor Torres con el de la primavera de 2019. Hoy, a ratos, parece un anciano entusiasta. A todos les ocurre lo mismo. Es el suyo un oficio duro, ingrato, a menudo agotador, hastiante o asqueroso. Nunca he terminado de entender lo que les lleva a ese sacrificio espeluznante en el que estás condenado a parecer (a ser) la imagen que los demás tengan de ti. A sufrir todos los desaires, todas las traiciones y todos los odios, de los que no les rescatan la adoración mercenaria de tus compañeros y colaboradores. El poder es lo más parecido al infierno en la tierra: sus llamas calienta el alma y destruyen el espíritu. No, no es servicio público. Es un vacío que solo puede ser rellenado por poder.

Ayer Pedro Sánchez realizó un pequeño acto de poder. Lo hizo anunciándolo. Es importante no dejarse distraer por la fraseología del líder de izquierdas en combate por el pueblo. El grueso de las medidas anunciadas ayer caben en dos espacios: la socialdemocracia y la excepcionalidad inflacionista. Macron, que no es precisamente un progre, ha estatalizado la principal empresa eléctrica de Francia. Los anuncios de Sánchez: abonos de transporte gratuito (en Canarias no opera RENFE ni disponemos de trenes de cercanías: a ver qué hacen), una pequeña ayuda suplementaria a los becarios, un programa de educación computacional en las escuelas. El resto del “paquete de medidas” (no confundir con las medidas del paquete) aprobado apenas el mes sigue adelante. Lo más retumbante en el discurso de Sánchez, por supuesto, fueron los nuevos impuestos de carácter puntual y provisional. Impuestos extraordinarios al oligopolio energético y a la banca durante 2022 y 2023. No hay mayores precisiones técnicas,  pero el presidente adelantó que con ambas el Gobierno pretende recaudar unos 3.500 millones de euros para financiar todas las ocurrencias.  Para hacerse una idea, los gastos previstos en los presupuestos generales del Estado para 2022 se elevan a 458.000 millones de euros, de los que 27.633 son fondos europeos.

La eficacia de la mayor parte de este programa extraordinario del Ejecutivo es –por decirlo suavemente – muy discutible. La acción que parece más próxima a combatir la inflación – abaratar el transporte público —  solo despierta escepticismo entre los economistas; puede leerse al respecto un breve pero enjundioso artículo de Javier Campo y Juan Luis Jiménez (profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) en el blog Nada es gratis. “Un abaratamiento de los precios del transporte”, apuntan Campo y Jiménez, “no tendrá impacto suficiente sobre la demanda”.  En términos políticos Sánchez triunfó: ha bastado con el anuncio de sendos tributos a bancos y eléctricas para que las izquierdas aplaudan extasiadas. Ser de izquierda en España siempre ha sido fácil: basta con tocar un par de teclas de una destartalada pianola ideológica. Gobernar para la mayoría garantizando cohesión social y territorial ya es más difícil. El poder consiste también en hacerlo pasar por poderío.  

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Un nuevo estadio

Uno de los efectos bienaventurados del fracaso del CD Tenerife a la hora de ascender a primera división es no se construirá un nuevo estadio de fútbol en la capital chicharrera, al menos hasta las próximas elecciones, ese otro torneo deportivo. Si el equipo blanquiazul — que le dicen — llega a ascender a los cielos futbolísticos la presión social dirigida a que las administraciones públicas gastaran los millones que fueran menester para un nuevo estadio hubiera resultado irresistible. La simpática horda tinerfeñista – siempre tinerfeñistas de penúltima hora — hubiera pateado, gritado e insultado hasta conseguir la inversión, debidamente comprendida y jaleada por el periodismo deportivo patrio. Tal vez soy demasiado ingenuo y los responsables políticos ya habrían iniciado los expedientes necesarios sin necesidad de ninguna presión popular. Cuanto menos haya jugado un político al futbol en su día y más le asqueen las aglomeraciones, más rendido admirador se proclama del equipo representativo de su terruño. Yo he escuchado rumores –sin duda infundados –que apuntan a que el presidente del Cabildo, Pedro Martín, se había tatuado un retrato de Luis Miguel Ramis en la rabadilla, y lo pensada mostrar orgullosamente en todas las playas tinerfeñas. Según los mismos maldicentes ahora se lo intenta borrar con papel de lija y jabón Lagarto. En todo caso, por fortuna, el CD Tenerife perdió, y toda la furia babosa de sus apologetas se ha apagado súbitamente. ¿Cómo va la venta de abonos para la próxima temporada, cabroncetes?

El primero que mencionó lo del nuevo estadio fue, por supuesto, el presidente (y propietario) del club, Miguel Concepción. Lo dijo en concepcionés, que es el idioma que habla fluidamente desde chico, lo que nunca es un problema, porque ya los locutores radiofónicos se encargan de traducirlo reverencialmente al español como los curas de antaño traducían el latín de los papas a los feligreses. Concepción quiere un estadio de 40.000 espectadores con el sutil y cronométrico argumento de que “ya es hora”. Un estadio que pueda contener cómodamente tiendas, restaurantes, cafeterías, guarderías. En su sueño visionario imagina a matrimonios que visitarán el mamotreto desde media mañana para pasarse ahí todo el día, casi con independencia de que se celebren o no partidos de fútbol. No sé por qué no incluyó un pequeño museo con una reproducción en bronce de la calva de Dertycia, el ejemplar de la Lógica de Hegel de Jupp Heynckes anotada de su puño y letra o la egolatría mamífera de Javier Pérez conservada en formol. Cuando escuché a Concepción (es decir, la traducción de los locutores intérpretes) no tuve claro quien concedería las licencias para las cafeterías y tiendas del flamante estadio, aunque lo sospecho, como seguro que lo sospechan todos ustedes.

El estadio del CD Tenerife cuenta con unas 23.500 localidades. Como recordó el otro día con tranquila sabiduría el arquitecto Carlos Schwartz, hace muchos años que no se ocupan esos 23.500 asientos en su totalidad. Ni siquiera fue así durante el final de la pasada temporada, con toda esa peña festejando –entre ellos – un ascenso que les parecía inevitable y que vivieron como un milagro. Desde el año 2010 a la actualidad Santa Cruz de Tenerife ha perdido unos 15.000 habitantes. Es difícil entender como una prioridad construir un nuevo estadio de fútbol salvo, por supuesto, que el señor Concepción quiera hacerlo con sus perritas. Y aun así debería preguntársele que ocurrió con el proyecto –por llamarlo de alguna manera – de la Ciudad Deportiva, que ahora está en los juzgados. Que lo aclare antes de atreverse a pedir en voz alta que le financiemos un estadio nuevo, porque ni siquiera en el dulce concepcionés su solicitud deja de sonar como una burla sórdida, un descaro extraordinario y un antojo principesco. 

 

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Que esperen sentados

El consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Sebastián Franquis, y los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna,  Telde, Firgas, San Mateo, Moya y La Orotava  han firmado con la Ministra de Agenda Urbana un convenio por el que se invertirán unos 75 millones de euros en viviendas sociales que se extraerán de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se pretenden construir unas 920 nuevas viviendas “para ser destinadas al mercado de alquiler a precios accesibles” y rehabilitar otras 2.300 casas “tanto del parque como del privado”.  El Gobierno autónomo sumará 47 millones más y también los ayuntamientos beneficiados aportarán varios millones de euros. Después o antes de la firma, no lo sé, Franquis, que le había cogido gusto a rubricar portentos, también firmó, que no decaíga, otra transferencia de 76 millones a cargo del Plan Estatal de Viviendas 2022-2025. En total 152 millones.

¿Quién puede negarse a felicitar calurosamente al consejero Franquis? Nadie. Otra cosa muy distinta es esperar que las nuevas viviendas y las rehabilitaciones programadas puedan verse antes de un par de años. Lo cierto es que en tres años el señor Franquis no ha construido una sola vivienda pública nueva que haya impulsado su equipo en su rutilante Consejería. Todavía tiene en La Palma a centenares de damnificados de la catástrofe volcánica del pasado año viviendo en hoteles y pensiones. Es como el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, que cuando resta menos de un año de legislatura no ha construido una puñetera desaladora o una triste estación depuradora en toda Canarias, a pesar de surfear sobre un presupuesto oceánico una y otra vez ensalzado por el presidente Torres y sus desinteresados corifeos.

Se repite machaconamente, después de estas nuevas perseidas de millones que será invisible durante un largo periodo, que por fin se construirá vivienda pública en Canarias, después de un ominoso cuarto de siglo en el que CC se negó a desarrollar una verdadera política de vivienda desde la Comunidad autonómica. Por supuesto, se trata de una (casi) mentira. Existe un Instituto Canario de Vivienda y se han diseñado y aplicado (eso sí: mediocre e insuficientemente) varios programas plurianuales en Canarias. Construir 921 viviendas en régimen de alquiler en el próximo trienio tampoco supondrá una oferta extraordinaria. En realidad pueden constatarse dos razones por las que la política de vivienda de los gobiernos autonómicos (en los que han participado CC, PSOE y PP) haya sido modesta y desigual. Primero, el volumen de vivienda privada construida en las islas en el pasado inmediato. Entre 2001 y 2011 el número de viviendas se incrementó en un 22,3% (casi 190.000 nuevas viviendas en dicho periodo),  un porcentaje ligeramente superior a la media española (un 21% más o menos). También es cierto que el número de hogares en Canarias se incrementó en 237,456 en la década referida. Sin duda existía una demanda social, pero se priorizaron otras: la extensión de la sanidad pública, las infraestructuras de transporte o el combate – fracasado –contra el desempleo estructural enterrando millones de euros en el empeño. En segundo lugar, la crisis que asomó en 2007 y cayó como un hachazo en 2008 llevó a una política de recortes presupuestarios y austeridad en el gasto público – acordada e impuesta por Bruselas – que limitó al mínimo el desarrollo de los programas de vivienda pública  y rehabilitación, una situación de feroz control de las cuentas que no comenzaría a superarse de facto hasta el bienio 2015-2016.

Esta aplicación de los fondos Next Generation –como ocurre con todo el maná de los cielos de la Unión Europea – exigiría una reforma administrativa, reglamentaria y procedimental para su gestión eficaz y eficiente, flexible y rápida. No se ha hecho ni se hará. Conviene que los futuros beneficiarios esperen sentados.  

 

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