Con el laconismo de los grandes momentos históricos, el presidente Paulino Rivero leyó ayer ante los periodistas la pregunta que se formulará en la consulta: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por la prospecciones de gas y petróleo?” Más allá de la voluntad evidente de eludir una impugnación del Gobierno central en el Tribunal Constitucional, la pregunta que Rivero ha sancionado contiene, en sí misma, una información valiosísima, a saber, que la Comunidad autonómica tiene algo que merezca llamarse “un modelo medioambiental”, y es más, cuenta con un “modelo turístico”. Es una pena que la ciudadanía no pueda hacerle por el momento consultas al Gobierno, porque resultaría sumamente interesante que el señor Rivero detallara tales modelos. Por cierto, presentar un montón de planes incumplidos, moratorias ergonómicas, normativas legales superpuestas y a veces contradictorias y reformas reglamentarias cantinflescas no vale.
Me gustaría decir que la pregunta es tramposa. Pero no lo es. La pregunta propuesta, simplemente, es una bobería, y dirigirse a los ciudadanos para preguntarles babiecadas es una forma muy poco sutil de faltarles al respeto. La pregunta presupone  — y presuponer algo en una consulta representa, abiertamente, una voluntad de manipulación – que las prospecciones de petróleo y gas son incompatibles con un hipotético modelo turístico y medioambiental. Quizás lo sean, pero en ningún caso cabe deslizar tal implicación en una consulta ciudadana. Es como si en el referéndum sobre la continuidad de España como socio de la OTAN, celebrada en 1986, se hubiera puesto a los ciudadanos en la alternativa explícita de continuar en la organización militar o renunciar al Mercado Común Europeo. La alternativa que siempre supone el pronunciamiento de los ciudadanos en una consulta es, por naturaleza, excluyente, un sí o un no, pero no puede estar fundamentada en implicaciones arteramente introducidas en la pregunta para estimular la inducción a una  respuesta concreta.
Claro que esto no es un referéndum. Es una consulta cuyo resultado –de celebrarse – carece de cualquier vinculación jurídica o administrativa para el Gobierno de España. Pero exactamente igual que en Cataluña se intenta hacer pasar una consulta por un referéndum. Y lo que es más grave, como ha señalado el profesor Santiago Pérez,  es que se pretende, desde el Ejecutivo regional, sustituir la voluntad ciudadana por la fabricación de un pronunciamiento desnudo de las más elementales garantías procedimentales y judiciales propias de un procedimiento electoral democrático (juntas electorales, verificación de los resultados, neutralidad gubernamental, espacios es los medios de comunicación públicos, etcétera). Exactamente: esto es una operación de marketing político. Y no está impulsada por el Gobierno, ni por CC, ni por el PSOE, sino por Paulino Rivero, sumo sacerdote de sí mismo.