La izquierda, los sindicatos, los indignados – Hessel, por cierto, no lo está tanto como para no abrazar a Pepe Blanco – piden un referendum para votar la reforma constitucional que socialistas y conservadores aprobarán groseramente en quince días. El argumento más especioso contra esta reivindicación es que pondría aun más quejicosos, quizás beligerantes, a los mercados.  A los mercados lo que parece molestarles, cada vez más, es cualquier expresión democrática: les ocurre más o menos lo mismo que a los grandes partidos oligarquizados del establisment político español. Y les corre lo mismo a los grandes partidos porque son, a la vez, grandes empresas y onerosos productos que necesitan financiación y apoyos empresariales para seguir gobernando o alcanzar el poder. Pedir un referendum para pronunciarse sobre un cambio constitucional es la mínima expresión de democracia concebible en una democracia parlamentaria. Pero uno le sugeriría a la izquierda política y social que atempere su indignación o su entusiasmo. Dudo mucho que de socialistas y conservadores perdieran la consulta popular. Ha calado hasta el tuétano esa indescriptible estupidez que compara las complejas finanzas de un Estado contemporáneo con la economía doméstica de los contribuyentes. “¿No está usted a favor de no gastar más de lo que se tiene?”, pregunta oligofrénicamente Mariano Rajoy en las pantallas de televisión. La multitud asiente, asiente rotundamente. Claro que sí. Mamones, manirrotos, arrebatacapas, derrochadores, golfos, idiotas. Y así sale un referemdum con un 70% de votos positivos. Lo que hay.

Por lo demás la reforma constitucional, en términos de incidencia real en la política económica y fiscal del país, será casi insignificante. En la Constitución española no se establecerá un “techo de déficit” anual, sino un máximo déficit estructural y la obligación de disponer de una ley orgánica que puede tener y tendrá, a buen seguro, un carácter bastante flexible, como la tiene la previsión aprobada en los noventa en la Constitución alemana.  La explicitud de un nivel máximo de déficit público ya está draconianamente servido en los tratados europeos (ese canonizado 3%) que obligan a todos y cada uno de los socios de la UE. Es desesperante, es patético, es una ceremonia de cinismo político, degradación democrática y estupidez colectiva centrar en este asunto el debate sobre nuestra catástrofe económica, y no en el crecimiento, la productividad, el desempleo o la educación.

Se va uno de vacaciones y a su regreso le han cambiadola Constitución.Tepasas una quincena tumbado entre el mar y la arena y te pierdes que un Papa te acuse de pretender ser Dios, que es la acusación papal lanzada contra los ateos más estúpida entre las muchas que registran anales y encíclicas. Ya uno no puede distraerse un segundo. “El destino, que es ciego ante las culpas, puede ser despiadado con las distracciones”, que decía Borges. Entre la amenaza de hundimiento de las bolsas y la patética carrera del PSOE para expulsar a sus militantes herreños  a fin de salvar la presidencia de Belén Allende — en pocos meses los límites del PSC estarán circunscritos al despacho de José Miguel Pérez – agosto ha demostrado todo su maravilloso potencial informativo. Y eso sin referirse a la apocalíptica inundación de San Andrés, que se saldó sin que ni el más modesto burgado resultase lesionado.

Lo dela Constituciónme preocupa especialmente, porque es singularmente sintomático. No existe ninguna razón de pragmatismo económico para la reforma que impulsan en solitario el PSOE y el Partido Popular. Absolutamente ninguna. En materia presupuestaria y de control del gasto público las reformas necesarias son muy amplias y continúan orilladas por los dos grandes partidos en las administraciones y asambleas legislativas que controlan: técnica presupuestaria de base cero, programatización evaluable de las partidas, prohibición de créditos ampliables, agilización de las inspecciones del Tribunal de Cuentas, obligación inapelable de comunidades, ayuntamientos, diputaciones y cabildos de contar con unas cuentas debida y puntualmente auditadas, refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, creación de una agencia independiente, de carácter rabiosa y diligentemente técnico, para el diagnóstico continúo y sistemático del gasto público en todos los niveles de la administración a fin de eliminar negligencias, derroches y contabilidades más o menos creativas. Quizás no sea bastante, pero obviamente es imprescindible en un país donde las cuentas públicas siguen siendo un legañoso arcano. Socialdemócratas y conservadores, en cambio, han optado por sobajearla Constituciónpara imponer supuestamente un techo de gasto público, porque sobajeandola Constituciónparece que están dispuestos a todo: como el mafioso que está dispuesto a deshacerse de su santa madre, no por nada personal, sino por negocios. Es un gesto simbólico. Un gesto de la vieja y acobardada política que se ha perdido el respeto a sí misma. Un gesto que a las fuerzas del capital financiero internacional les trae  totalmente sin cuidado.