Puteros acontecimientos desplazaron la atención pública de la emocionante presentación de la Agenda Canaria 2030, un acto de mucho tronío en Los Majeos del Agua presidido –por supuesto –por Ángel Víctor Torres y con una buena representación de las élites políticas, empresariales y sindicales del país y una asombrosa fanfarria que incluía profesores universitarios, productores audiovisuales, deportistas e incluso niños inocentes. Una amplia selección de los presentes – niñita rubia incluida – firmaron el texto de la agenda y las 316 “metas” que traza para conseguir unas islas más sostenibles, más prósperas y menos desiguales. Torres, sin demasiados miramientos — se trató en realidad de un acto descaradamente propagandístico y esencialmente cantinflesco – se apresuró en bautizar la convocatoria como “Pacto de los Jameos” y empleó una metáfora particularmente impactante: gracias al compromiso ahí rubricado el futuro se acerca al presente. A algunos de los invitados pareció torcérseles algún músculo delicado. Pero los organizadores no cobran para abochornarse, sino para tener contento al señor Torres, al lado del cual se sentó el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, que firmó la agenda “en nombre del Parlamento”, porque hasta ese punto llegó el disparate de un guión que parecía escrito para Royal Hostal Manzanares. La única razón por la que Lina Morgan no firmó es porque está muerta. Por lo demás su papel lo encarnó el jefe del Gobierno quien agradecido y emocionado les dijo a todos: “gracias por venir”.
Si gobiernas y pretendes desarrollar una agenda política con un montón de objetivos glamurosos, por ejemplo, reducir a la mitad de población en riesgo de pobreza y exclusión social, precisando incluso porcentajes y todo, lo que debes emprender es el diseño de leyes y políticas públicas con un amplio grado de consenso político. Es decir, negociar con la oposición. Máxime cuando se asume que dicha agenda es de naturaleza transversal y debe ser implementada durante los próximos ocho años nada menos, a la salida –si todo va razonablemente bien – de la crisis económica derivada de la pandemia. Es en el parlamento donde la agenda debe debatirse y consensuarse para a continuación trasladarla a
los espacios deliberativos de cabildos y ayuntamientos. Lo que ha hecho el Gobierno autonómico en Lanzarote – porque se trató de un acto por y para el Gobierno – no fue ni siquiera una propuesta metodológica para una acción política multinivel, sino una logomaquia presidencial rodeada por la entusiasta claqué de la que siempre dispone quien ordeña los presupuestos. ¿Qué valor político y operativo tiene poner cifras y porcentajes en un papel y emborronar firmas testimoniales? Pues ninguno. Alguien debería preguntar en la Cámara regional el coste de este sarao absolutamente prescindible en el que, como de costumbre, se volvió a tomar el nombre de César Manrique en vano.
Por último: definir actualmente un conjunto más o menos ordenados o interrelacionados de objetivos políticos, sociales y medioambientales exige perentoriamente que de disponga de equipos y reglas para evaluar su cumplimiento, su éxito o su fracaso. Los mecanismos de control y evaluaciones de las políticas públicas y de los objetivos consagrados en la agenda canaria, como cabía esperar, son casi inapreciable. Deberían estar
ahí, acompañados de un protocolo de transparencia accesible para
cualquier ciudadanos que desee hacerlo. Pero, al fin y al cabo, ¿quién está pensando en los malditos ciudadanos? Las elecciones autonómicas y locales están próximas. Apenas queda año y medio de legislatura: el mejor momento para lanzar una agenda con voluntad de consolidación y continuidad. Pasan los años, años y más años, y todavía me maravilla cómo nos vacilan, con qué arte sabio, sangre fría y señorío presupuestario.
