Retiro lo escrito

Sombra, humo, sueño, nada

El proyecto Cuna del Alma, en el municipio de Adeje, se extiende por una superficie de casi 500.000 metros cuadrados. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias entendió que los promotores no habían presentado un imprescindible estudio de impacto medioambiental, pero lo decisivo para paralizar cautelarmente las obras fueron dos circunstancias: un pequeño yacimiento arqueológico en el que las palas metieron su metálico josico y varias poblaciones de una especie vegetal altamente protegida por la legislación vigente. Eso bastó para que la Consejería ordenase la paralización cautelar de las obras en su totalidad. El ayuntamiento de Adeje y los promotores del proyecto, obviamente, han expresado su desacuerdo, y acudirán a los procedimientos administrativos y judiciales que estimen oportunos. De hecho están aflorando informativamente elementos relacionados con el planeamiento urbanístico de Adeje y las autorizaciones de la Cotmac en los últimos años que señalan que, tal vez, José Antonio Valbuena y su equipo se han podido precipitar, que no han afinado lo suficiente y la suspensión puede ser fugaz y reversible.

Lo que me ha asombrado de la rápida y contundente decisión del consejero Valbuena es su indiferencia con otras agresiones al medio ambiente y los ecosistemas más graves que las de Cuna del Alma. Es paradójico: Cuna del Alma no tendrá un estudio de impacto ambiental pero su efecto ecológico es limitado. Cierto, pero limitado. Lo que se rechaza argumentada o intuitivamente respecto el proyecto inmobiliario y turístico de Adeje es, sobre todo, que significa una nueva privatización del territorio en beneficio de una élite que ni siquiera es canaria. Menos de un 1% de los isleños podría disfrutar del resort y la mayoría social prefiere, simplemente, que le dejen gozar comunitariamente de su playa y su puertito y sus zonas aledañas. En cambio el proyecto de la mastodóntica central hidroeléctrica Salto de Chira, en la cabecera del barranco de Arguineguín,  impulsado desde hace años por el Cabildo de Gran Canaria y la multinacional Red Eléctrica Española, cuenta con un postinudo estudio de impacto ambiental, pero supone una de las agresiones más aberrantes y estúpidas contra el patrimonio natural y cultural de la historia de Canarias. Para que un estudio de impacto ambiental sea aceptado y aprobado no es siempre imprescindible que sea técnicamente perfecto o incuestionable. Algunas veces las imperfecciones son bien compensadas con algunas distracciones de los redactores y muchas convivencias entre los políticos. Y así queda todo atado y bien atado, según la inmortal sentencia de un gran ecologista que cada día me recuerda más a Antonio Morales. Este engendro conlleva la construcción de ocho kilómetros de carretera, casi siete kilómetros de túneles, una caverna de  casi 3.400 metros cuadrados en Lomo de la Palma, decenas de tuberías, miles de metros cuadrados de plataformas, una desaladora con capacidad de 5.000 metros cúbicos diarios, canalizaciones de varios kilómetros de tendidos eléctricos y fibra óptica. El impacto de esta infraestructura en el mayor reservorio de biodiversidad de Gran Canaria va a resultar aniquilador para la vida vegetal y animal de todo el barranco: afectará a cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000 y a parte de la Reserva de la Biosfera. En Cuna del Alma los constructores se tropezaron con restos arqueológicos. En Arguineguín se encuentran siete enclaves arqueológicos catalogados. Este crimen medioambiental en marcha es fruto del mesianismo cesarista de un político incorregible y de la ambición económica de una multinacional rapaz. Pero atención: tanto Ángel Víctor Torres como José Antonio Valbuena son corresponsables. Cada vez es más evidente que la paralización de Cuna del Alma es lo que suele ser todo en este Gobierno: propaganda y sombra, distracción y fingimiento,  humo y adiós.

 

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El proyecto soy yo

Me dirán ustedes que estas liturgias partidistas han sido siempre más o menos así, una autocelebración en la que todos los protagonistas exudan la alegría de ser ellos mismos y de reconocerse como miembros de la misma y feliz y maravillosa tribu, pero convendrán conmigo en que en los últimos años estas babosadas están llegando a un nivel insoportable. Un magnífico ejemplo lo proporciona la proclamación como candidata a la alcaldía del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de Carolina Darias, todavía ministra de Sanidad, que se plantó en el acto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a un lado, y Ángel Víctor Torres, el presidente de las desgracias victoriosas, al otro. Montero participó en la guasa en su calidad de vicesecretaria general del PSOE, un suponer, y respecto  a Torres, es el presidente de las catástrofes siempre superadas con una sonrisa, una suerte de héroe de Marvel cenizo, un Thor que en vez de un martillo lleva una espumadera con la que convierte cada crisis en buñuelos para su pueblo.

“Aquí empezó todo”, dijo la señora Darias, y creánme que puse atención porque yo ignoraba que el PSOE o el municipalismo hubieran comenzado en Las Palmas. Pero no, la ministra se refería, humildemente, a sí misma. Que la candidata a alcaldesa de una gran ciudad se refiere a sí misma en el arranque su primer discurso como aspirante habla estupendamente de las prioridades de la oradora. No de la visión que tiene de la capital, sino de sí misma. Sintéticamente: es una triunfadora que después de ser coronada por múltiples laurales vuelve a su domus para rendirle el servicio de una sacrificada pero dichosa vestal. Darias va contando su cuento y lo salpica con alusiones a los dirigentes presentes, Fulanito lo sabe, Menganito me conoce bien, Perenganita me dio el mejor consejo. Era como para castañetear los dientes. ¿Y cómo no va a ser una buena alcaldesa si es de Las Palmas y quiere a su ciudad y está enamorada de todos sus vecinos? Ni una sola idea programática, ni una propuesta concreta, ni la más ligera pista del contenido de su agenda. La ministra se ha aprendido el entusiasmo mitinero (los saltitos, los gritos emocionados, los aspavientos entusiastas) como se estudia una oposición, lo que sin duda tiene su mérito, porque detesta íntimamente esas poses. Por supuesto a su lado todo fue peor. Ángel Víctor Torres se puso a hablar de las subidas del salario mínimo interprofesional, que como tema municipal parece algo exótico, mientras que Augusto Hildalgo recitó un fábula sobre sus éxitos como alcalde y soltó, sin duda, la máxima guanajada de la noche: “Carolina Darias ha puesto a Canarias en el mapa internacional”. En ningún momento aclaró Hidalgo las razones de este excepcional logro cartográfico. También dijo que la ministra “ha demostrado cómo se gestiona una pandemia”. Habrá querido decir que Darias ha mostrado cómo se gestiona una pandemia. Es difícil decirlo porque Hidalgo no sabe hablar. Ni siquiera conoce el significado de los tiempos verbales y por eso es capaz de expectorar perlas como ésta: “Estábamos convencidos de que estábamos haciendo una apuesta para transformar la ciudad”. Ya no lo están, por lo visto. Ni ellos ni los vecinos. En eso sí han logrado coincidir, después de tres años y medio, con la mayoría social.

Lo cierto es que Darias es la candidata por dos razones. La primera porque su designación evita enfrentamientos entre Augusto Hidalgo y Sebastián Franquis y sus respectivas mesnadas por la púrpura municipal. Y segundo porque así lo decidió no la agrupación local de Las Palmas, ni la dirección insular del PSOE ni ningún órgano de la organización canaria, sino Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez nunca se equivoca y cree o finge en el infinito atractivo electoral de sus ministros. En esto los socialistas canarios no han tenido nada que decir. Para variar.

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La cuna paralizada

Adquieres pacientemente (o no) 500.000 metros cuadrados de terreno justo sobre el puertito de Adeje y su playa.  Proyectas una exclusivista promoción turística de lujo (villas, jardines, zonas recreativas, un hotelón de cinco estrellas y un cometa) que necesita una inversión de muchas decenas de millones de euros. Y consigues la pasta. Contratas a un amplio y solvente equipo de especialistas. Finalmente convocas a los políticos que mandan para la maravillosa ceremonia cómplice de poner la  primera piedra de tu inminente paraíso y celebrar una discreta fistuqui con platitos franceses y música chill out. En fin, lo haces todo maravillosamente bien. Pero vas y te olvidas de incluir en el proyecto un estudio de impacto ambiental.

Es realmente impresionante. Tantas perras, tanta meticulosidad, tanta profesionalidad, tantos sabios y amables consejeros – desde el ayuntamiento nos ocupamos de las relaciones públicas y ustedes a lo suyo, mon amis – y caes en semejante distracción. Por eso tal vez pasa lo que pasa. Que te tropiezas con un yacimiento arqueológico y lo descalabras o que ya con las palas en marcha – y porque se lo escuchas a un ecologista que se opone a la promoción no solo por razones ecológicas– descubres que el terreno presenta numerosas poblaciones de una planta que tiene el máximo nivel de protección según la legislación canaria. Nuestra legislación. La que rige en nuestro país.  Y entonces, a raíz de una denuncia muy pertinente y argumentada, la Consejería de Transición Ecológica manda a paralizar cautelarmente las obras. Porque debe y puede hacerlo. Porque un consejero, José Antonio Valbuena, toma la decisión correcta en coherencia con el ordenamiento jurídico vigente en la protección de la biodiversidad canaria. Porque nuestras autoridades pueden, en efecto, paralizar (cautelarmente) todo el proyecto. No sé si se entiende; mi francés, como pueden ver, es harto deficiente. La Consejería de Transición Ecológica puede y debe hacerlo, y presentar su decisión como una suerte de intervención arbitraria y aniquilante sobre un proyecto perfecto y bienaventurado –como se le ha podido escuchar a algún concejal de Adeje, aunque el Mago de Oz permanezca en silencio – es democrática y jurídicamente inconsistente.

Por muy loco que parezca hacerse con medio millón de metros cuadrados para desarrollar una promoción de lujo hiperbólico y pasar por alto los valores patrimoniales y biológicos de semejante recinto – a un servidor, tan pedantesco como siempre, le viene a la cabeza al rey Leopoldo II y esa plantación suya que se llamaba el Congo – por supuesto que existen derechos y expectativas y para defenderlos están los tribunales. Desde un punto de vista político –ampliamente político digamos – en la orden de la Consejería de Transición Ecológica anida una apuesta arriesgada porque quienes pueden reunir 300 millones de euros podrán contratar a los mejores abogados del planeta para reclamar lo que consideran suyo y ya solo suyo. Es la primera vez que, en el ámbito turístico, la administración autonómica prioriza la defensa de nuestro territorio y nuestra diversidad  frente a un (legítimo, por supuesto) conglomerado de intereses inversores con un origen muy mayoritariamente extranjero. Personalmente el augurio portentoso de la contratación de acaso un millar de camareros, recepcionistas, pinches de cocina, baristas y animadores socioculturales no se me antoja una perspectiva irresistible. Tal vez los promotores y representantes de los inversores podrían hacer un esfuerzo, vencer su timidez y presentarse a la sociedad canaria y defender abiertamente su proyecto. Y responder a preguntas. A todas las preguntas. Porque, sinceramente, mon amis, hay tantas como viborinas entre sus palas mecánicas, sus tabiques y sus guardias de seguridad.

 

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Trump, oh, el horror

Discurso de Donald Trump desde la opulenta ordinariez de Mar-a-Lago, anunciando que se presentará a las elecciones presidenciales de 2024. Y lo hará: como republicano para ganar o como independiente para vengarse. Grita amenazas, estupideces, píos anhelos patrióticos, visiones apocalípticas, algún chiste grueso, promesas de redención. Qué terrible es Trump, qué amenaza arrolladora para lo que queda de república democrática, cómo parar a este ogro que convierte en vileza todo lo que toca. Oh. Menos mal que, como apuntó Eternamente Yolanda, en las elecciones de medio mandato han ganado los nuestros. Imagino el sobresalto de cualquier senador demócrata al ser calificado como compañero por una militante comunista. El yolandismo es eso: la chorrada gratificante como categoría política, el buenismo susurrante como liturgia, la simplificación pueril de la realidad para que nuestro sueño llegue rápido y evitemos cualquier pesadilla. La pesadilla de votar a otro partido, por ejemplo.

Trump, sin duda, es muy malo, es lo peor de lo peor, pero en España, desde hace tres años, crece lozano y orgulloso un populismo cada vez más enfrentado a los principios básicos de gobernanza democrática, cada día más despreciativo con las instituciones y los procedimientos propios de una democracia representativa. Lo penúltimo es un ministra que acusa a los jueces de  incumplir una norma, la ley de Garantía de la Libertad Sexual, que es técnicamente un bodrio, hasta el punto de que ha permitido – en realidad ha obligado: no se puede dejar de aplica la retroactividad– a rebajar las penas a delincuentes sexuales. Durante meses se advirtió a esta sujeta, la ministra digo, desde el Consejo General del Poder Judicial, desde las asociaciones profesionales de magistrados, desde grupos parlamentarios como el PP o ERC, que su proyecto legislativo era una chapuza y que ocurriría lo que terminó por ocurrir, pero no hizo puñetero caso y forzó la aprobación de su engendro. Su reacción – y la de la gente de su cuerda, es decir, con sueldos sabrosones que dependen de la benevolencia de la excelentísima señora – ha sido acusar a los jueces de machistas y poner en marcha, de nuevo, la leyenda de un la una lawfare cuasigolpista contra un gobierno deizquierdas. Antes atacar la independencia de uno de los poderes del Estado – una característica de cualquier democracia — a admitir que me he equivocado y corregir el yerro. Los jueces, son todos fachas, menos Victoria  Rosell, y la solución consiste en ponerlos a hacer cursos de perspectiva de género hasta que dicten sentencias correctas, es decir, sentencias que agraden el Gobierno en general y al Ministerio de Igualdad en particular. En realidad el Observatorio contra la Violencia Doméstica informó que  ya existe por ley, desde 2019, la obligatoriedad de realizar un curso sobre perspectiva de género y ya lo han realizado 1.467 jueces y juezas.

Esto es lo último pero, por supuesto, solo lo último. En España el Gobierno elige para Fiscal General del Estado a una señora que dos meses antes era ministra de Justicia. A otra compañera, que se sacó justita la licenciatura en Derecho y es funcionaria de la Seguridad Social, presidenta del Consejo de Estado. A un miembro del comité ejecutivo del PSOE,  presidente del CIS, y a un amigo del presidente –por mencionar un caso al azar— jefe de Correos y Telégrafos sin ninguna experiencia en el sector y 200.000 euros mensuales de sueldo. Un presidente que ha mentido una y otra vez tanto dentro como fuera del Parlamento sobre sus compromisos políticos, que ha trampeado sobre sus sus límites y opciones para cerrar acuerdos de gobierno, pactando con fuerzas políticas que tienen como objetivo estratégico desmembrar el Estado, y que ha utilizado con fiereza el decreto ley como método legislativo predilecto y las modificaciones en los códigos legales para asegurarse continuar en el poder. Un presidente que ha pasado de rescatar a un barco cargado de inmigrantes como foto electoral a permitir  que asesinen a decenas de magrebíes y a continuación alabar a la policía española y a la gendarmería marroquí. Pedro Sánchez crea y destroza carreras y prestigios en el PSOE con el gusto despiadado que ha utilizado Trump en el GOP. Populismo maquillado de socialdemocracia que te murmura al oído: “No te olvides: la democracia es nuestra y solo nuestra, tuya y mía, y de nadie más”.

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Marejada marejada

¿Será posible que se estén abriendo las puertas a los bárbaros? La noticia se le ha clavado como una rosa púrpura en el pecho a Pedro Quevedo, ha atemorizado como una bandada de murciélagos a  Podemos, ha levantado una inquietud pespunteada de indignación en varios cenáculos, más bien meriendáculos, en la órbita del PSOE. Lo grave – se señala – no es que Coalición Canaria se haya sentado a negociar con el PSOE sobre el proyecto presupuestario para 2023. Lo que realmente altera los nervios de los arriba citados es que hayan cerrado un acuerdo que cuenta con la bendición de Patxi López, Félix Bolaños y, necesariamente, del mismísimo Pedro Sánchez. No debe uno en detenerse –aunque sea divertido – en las necedades que se han puesto en circulación en contra de las enmiendas negociadas por coalioneros y socialistas, y en particular, las jeremiadas de Pedro Quevedo. Asombrosamente el exdiputado de Nueva Canarias ha llegado a creerse un político y todo. No,  el nerviosismo no tiene nada que ver con que la gratuidad de las guaguas y el tranvía colapsará ambos medios de transporte o que la rebaja del IRPF en La Palma beneficiará injustamente a los multimillonarios de Garafía. El nerviosismo es consecuencia de una lectura política inmediata. Y bastante obvia.

El Gobierno disponía ya de una mayoría suficiente para sacar su ley de presupuestos adelante. Por supuesto que ha salido carísimo. Primero el pago en vil metal a través de partidas presupuestarias que aumenta sustancialmente inversiones y transferencias de capital (de nuevo) a Cataluña.  Y después en las modificaciones del código penal para eliminar el delito de sedición y sustituirlo por algo así como “desórdenes públicos agravados” con una condena a prisión que reduce dos tercios de la pena anterior. Con eso puede contar con el respaldo de ERC, como tiene ya asegurado el nihil obstat del PNV, Bildu, Más País y el Bloque Nacionalista Gallego. Por tanto los dos votos de Coalición Canaria (los de las diputadas Ana Oramas y María Fernández) resultan aritméticamente superfluos. Pero desde el Gobierno y la dirección del grupo parlamentario socialista se entienden que salvaguardan de una sorpresa y son políticamente interesantes. El relato que se ha sostenido durante más de tres años por socialistas y el supuesto canarismo de izquierda de Román Rodríguez venía a explicar que en el Gobierno autónomo estaban todas las fuerzas que trabajaban por mejorar la vida de los canarios; fuera, en la procelosa oscuridad, quedaba la cacharrera oposición de derechas, recuerdo de un pasado abominable. Desde hace un par de días ese relato ha comenzado a rasgarse.

Existen dos ejes de relación entre los socialistas y Coalición: el Gobierno español y sus coros y danzas parlamentarios y el Gobierno canario. Lo que llevan horas reclamando sectores del PSOE y la estupefacta NC es que aquí, en las ínsulas baratarias, se asordine todo lo posible por Ángel Víctor Torres y sus compañeros los acuerdos con Fernando Clavijo y los suyos. Que el relato pueda cuartarse unos días, pero que no se rompa, y son tan pelmazos que seguro que conseguirán algo. No, no son los malditos presupuestos, sino que vaya quedando expedito el camino para desarrollar la hipótesis de un pacto entre PSOE y CC sobre los resultados de las elecciones de 2023. Un pacto que rompiera el bibloquismo – las encuestas indican una división del voto muy ajustada o ligeramente desfavorable para el PSOE — y dejara a Casimiro Curbelo en la cuneta, porque su crecimiento político y electoral ya es un problema para unos y otros, mientras NC pagaría por su incapacidad congénita de crecer fuera de Gran Canaria y el obtuso narcisismo de su encanecido líder. Un pacto que –recordando el pragmatismo descarnado de Sánchez – se bendeciría desde la Moncloa.  Los nervios, los telefonazos, el malestar y las declaraciones oligofrénicas tienen un único origen: el pavor hacia un gobierno PSOE-CC desde el próximo julio.    

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