A uno le gustaría saber cuántos hoteles de cuatro estrellas se construirían en Gran Canaria si la normativa legal actual – y la inminente ley de renovación turística – permitiera hacerlo. Un hotel turístico de cuatro estrellas estándar tiene un coste de entre ochenta y noventa millones de euros, y de esa inversión total, tradicionalmente un 65% procedía de créditos bancarios. ¿Existe realmente una oferta para la construcción de hoteles de cuatro estrellas en Gran Canaria, existe una demanda que sea capaz de transformar esta inversión en un negocio anegados por coyuntura económica? ¿Dónde están los proyectos? ¿Qué empresarios sacan el cuello de las manifestaciones de protesta de la patronal hotelera grancanaria y están dispuestos a significarse? ¿Qué grupo de inversores disponen de 500, 700 u 800 millones de euros en cash o en créditos financieros para crear una decena de hoteles capaces de renovar la oferta turística isleña? Tanto José Manuel Soria como José Miguel Bravo han apelado en las últimas semanas a “la oferta y la demanda” del mercado como el único criterio razonable para autorizar construcciones hoteleras en el Archipiélago. No es un argumento deleznable, pero es que ni el más benévolo observador atisba ni una voluntad inversora evidente ni una demanda acuciante. Lo único que resulta acuciante para el modelo hotelero (y turístico) de Canarias es insistir obsesivamente en la calidad alojativa y en unificar la terrible fragmentación normativa que todavía existe en la regulación de la actividad turística, algo en lo que insisten, cargadas de razón, las enmiendas presentadas por Nueva Canarias a la ley de Renovación Turística.
Sería interesante disponer de una alternativa viable (y diferenciada del suicidio chupóptero) a la inteligente regulación pública del sector, a la que el proyecto legislativo del Gobierno autonómico no contribuye demasiado. En Hawai funciona una Autoridad Turística (la Hawai Tourism Authority) que ha desarrollado desde principios de siglo un plan estratégico que, por cierto, incluye incentivos fiscales y laborales para la rehabilitación hotelera. Debe estar plagada de comunistas, Hawai. Lo que es seguro es que no hay pleitistas nauseabundos que intentan enmascarar la insignificancia de su gestión (en materia turística, por ejemplo) con invocaciones a la patria mancillada y al despotismo tinerfeño.
Nunca he sido capaz de ver en Inés Rojas una consejera del Gobierno regional o una dirigente política. Por su planta, su gestualidad, sus andares, su voz de bolerista que hace gárgaras de pólvora y su misma forma de gestionar su chiringuito siempre me ha recordado a una turronera. “A todos los lugares llega la turronera”, cuenta Amaro Lefranc en un viejo libraco sobre las islas, “al amanecer del día en que se celebra la fiesta local. Se emplaza en el sitio de mayor tráfico o afluencia, y permanece horas y horas sentada sobre una piedrezuela aparente o sobre una banqueta de tijera que forma parte de su ajuar ambulante”. En su caso Rojas ha sustituido el tonique por una Consejería y la silla de tijera por un escaño, pero el caso es el mismo. Ahí está sentada ofreciendo sus turrones de buena voluntad con expresión generalmente compungida, como lamentando la pobreza involuntaria de su género. No tardará el día en que proclame que somos unos desgraciados. Ayer estuvo a punto de decirlo en el pleno parlamentario mientras la oposición descubría, por enésima vez, que en su caja de turrones no había nada y que no queda una mísera peladilla para las decenas de miles de ciudadanos que no disponen de recursos para tres comidas decentes diarias.