Hace una semana se conoció una portentosa operación financiera desarrollada por el ayuntamiento de Arrecife durante el mandato de María Isabel Déniz como alcaldesa. El ayuntamiento conejero suscribió en 2004 un contrato financiero con el banco de Santander por un importe de 30 millones de euros en una delirante modalidad crediticia: un swap. Para los no entendidos (servidor por ejemplo) un swap es un contrato por el cual las dos partes se comprometen a intercambiar un conjunto de cantidades de dinero referenciados a tipos de interés tan variables como las letras de las murgas chicharreras. Los swap son un derivado financiero de altísimo riesgo, fuertemente especulativos y de una maligna complejidad. Gracias a esta magistral jugada de Déniz el ayuntamiento de Arrecife ha perdido en los últimos ocho años casi tres millones y medio de euros. Una investigación policial todavía abierta apunta a hipotéticas aunque verosímiles connivencias entre Déniz y el director de una sucursal bancaria en la que se cuecen mefíticos créditos personales y compraventas flatulentas, pero lo ya es suficientemente grave que un alcaldesa – la señora Déniz, llamarada morena y justiciera en el Parlamento de Canarias y heroica oposición a Dimas Martín desde ese nacionalismo bien entendido que empieza por una misma – meta a su corporación en semejante infierno crediticio sin un miserable informe del secretario municipal, sin explicaciones a nadie, sin otro argumento técnico que sus sacrosantos y alicatados ovarios.
Ocurre, sin embargo, que se rumorea que el ayuntamiento de Arrecife no es el único que en los años dorados ha estafado a sus vecinos suscribiendo créditos swaps. En algunas informaciones se ha apuntado, incluso, a la empresa pública Visocan como entidad que ha suscrito contratos tan disparatados y lesivos como estos. Que a un jubilado que solo cuenta con un certificado de estudios primarios le hayan endosado preferentes de cajas y bancos ruinosos es vomitivo, pero comprensible: la indefensión de la víctima era y es más que evidente. Pero que una corporación pública, dotado de órganos de control y fiscalización a cargo de funcionarios técnicos, juegue canallescamente con los recursos de todos apostando en la ruleta de los derivados financieros merece una investigación no solo judicial, sino también política. Queremos saber cuántos alcaldes o gerentes se han pulido así nuestro dinero. Saberlo ya. Hoy mejor que mañana.
