Retiro lo escrito

Plácidos sigilos

Me parece que, en fin, voy a repetir artículo, pero no soy totalmente responsable. En el pleno parlamentario que terminó ayer se coló por un instante una verdad incómoda para la que el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres no tenía una respuesta. Ocurrió cuando Vidina Espino citó maliciosamente la apertura de juicio oral a Blas Acosta, viceconsejero de Economía –pero qué guasa – por un presunto caso de corrupción. En realidad sobre Blas Acosta pesaban dos denuncias judiciales desde que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura gracias a un pacto de irás pero no volverás. Acuciado por la pestilencia judicial y por una creciente inestabilidad política abandonó el Cabildo, pero pidió un salvavidas. Acosta controla eficazmente la organización majorera del PSOE, apoyó sin fisuras a Torres como candidato presidencial en 2019,  dispone de información muy desagradable de algún alcalde y algún concejal socialista del sur de Tenerife. Por todas estas razonables razones y alguna más se decidió incorporarlo al Gobierno de Canarias como viceconsejero, aunque el compañero también intentó convertirse en senador por designación autonómica en sustitución del dimisionario Pedro Ramos; por fortuna se prefirió a Santiago Pérez. En la zoología gubernamental el viceconsejero es una especie pacífica, superflua y generalmente invisible que gasta toda su energía en consumir su pienso anual. Acosta ha asumido sin problemas su insignificancia.

Mientras intentaba librarse de las arenas movedizas de los juzgados don Blas ha seguido dirigiendo el PSOE de Fuerteventura y ha conseguido el pasado septiembre que en tan delicada situación su partido lo haya consagrado, de nuevo, candidato a la Presidencia del Cabildo Insular. En realidad cuando es designado candidato para las elecciones de mayo Acosta ya sabía que se le abría en pocas semanas juicio oral por el llamado caso Gesturpa. El código ético del PSOE establece precisamente en la apertura de juicio oral el límite para abandonar el partido o para abrir el expediente de expulsión, pero eso es una fantasía reglamentaria que les trae sin cuidado a Acosta y sus compinches. No es que no dimita: es que lo aclaman como candidato ocho meses antes de las elecciones.

La dirección regional del PSOE no ha pronunciado una sílaba sobre este incumplimiento flagrante de su reglamento, sobre este pequeño pero purulento escándalo. Por supuesto el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, guarda un mutismo perfecto. Escuchaba en el Parlamento los pateleos y grititos de los psocialistas y pensaba melancólicamente que hace muy pocos años estaríamos ahí, en los pasillos, esperando la salida del presidente del salón de plenos para que respondiera a la prensa. Pero de nuevo miré alrededor y solo descubrí a una joven incrustada en la pantalla de su diminuto ordenador.  Pensé en todos los compañeros que durante años informaron, preguntaron, explicaron, divulgaron.  Los recordé recorriendo los pasillos en busca de declaraciones y respuestas de presidentes, consejeros, viceconsejeros, directores generales, portavoces, culiparlantes. Recordé la expresión de horror o nerviosismo de jefes de Gobierno al entrar en una rueda de prensa, las catas en comisiones parlamentarias, la división del trabajo mismo para seguir un pleno parlamentario, en el que alguien le tocaba “hacer pasillos” si no había nada mejor en perspectiva. Recordé una docena de micrófonos alrededor de un consejero, los secretos filtrables, la documentación porfiada, la palpitante verdad de las mentiras, el hedor sobre las alfombras de la mentira en la que desembocaban las verdades. Pero hoy todos los salones, todos los pasillos, todos los silencios y todos los comunicados son suyos y solo suyos y Ángel Víctor Torres pudo salir de la Cámara esmaltados de plácidos sigilos y con las manos en los bolsillos.   

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La verdadera desafección

Cuando parecía encarrilado el proceso negociador sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial salta Núñez Feijóo y dice que no, que ni un paso más si el Gobierno se empeña en modificar el delito de sedición del Código Penal. Hasta ahora todos los gallegos que había conocido eran listos. Incluido Mariano Rajoy, que a su lado no hace más que agigantarse como si fuera Gladstone. ¿De veras cree el líder del PP que ganará un maldito voto por esto? ¿Qué diablos tiene que ver una renovación que se ha frustrado una y otra vez – casi siempre por decisión del PP, en alguna ocasión por zorrerías del PSOE – con el delito de sedición? Si a los conservadores no les gusta la reforma en la que se apresuran los socialistas – a mí tampoco — que la lleven al Tribunal Constitucional.  Esta salida es extemporánea, mezquina, estúpida y sobre todo irresponsable. El PP – y sobre todo su líder – pierde mucho más que lo que gana. Núñez Feijóo se engalanó con los ropajes de la moderación, la contención y el diálogo. Mantener el gamberrismo institucional lo despoja de cualquier talente y talento propio y verosímil.

Si se vuelve a las andadas en este asunto, ¿qué cabe esperar del esfuerzo de negociación y consenso que debería caracterizar a la élite política del país en una situación de emergencia como la actual? Recesión económica en la próxima esquina, inflación incontrolable, frenazo a la creación de empleo, carestía de materias primas, guerrilla fiscal entre las comunidades autónomas, pauperización de las clases medias y hasta la amenaza de la detonación de una bomba atómica o incluso el estallido de un conflicto nuclear generalizado. Pues ni siquiera eso es suficiente. Todos aquellos que piden un pacto de rentas, un conjunto de reformas imprescindibles, unos presupuestos que sin desatender políticas sociales y asistenciales que alivie el sufrimiento cronificado de los más necesitados no parta del absurdo de un crecimiento del PIB de un 4% que nadie se cree claman en el desierto. Todo o nada. ¿Pacto de rentas? Espere usted sentado. Pero les podemos ofrecer a la ministra de Trabajo lloriqueando al anunciar que le quitaban una condecoración a Francisco Franco, muerto y momificado hace 47 años.

Hace unos días, en la Cámara regional, el presidente del Gobierno autónomo,  Ángel Víctor Torres, insistió en que la corrupción política generaba entre los ciudadanos desafección democrática. Probablemente pecaba de cierto optimismo muy característico del señor presidente. Lo que indica la experiencia histórica es que la corrupción no les gusta a los votantes, pero que suele tratarse con una decepcionante indulgencia. No hablo de los casos más extremos, como la de aquellos miles y miles de peronistas que en una manifestación en Buenos Aires gritaban: “Ladrón o no ladrón/queremos a Perón”.  Me refiero a las graves patologías de corrupción que han afectado al PSOE o al PP y que no han dañado sus expectativas electorales. Los ciudadanos condenan la corrupción cuando va unida a la ineficacia e ineficiencia en la acción de un Gobierno que maltrata sus intereses. Y lo realmente grave es que el maltrato continúa. Después de tres años de gobiernos progresistas en España y en Canarias ha aumentado la desigualdad social, y si bien se ha limitado el crecimiento de la pobreza tradicional y la exclusión social se han multiplicado los nuevos pobres: esa clase media pauperizada que tiene trabajo pero no llega a fin de mes. Esta situación, que comenzó a cronificarse en la crisis de 2008-2009 pero que hunde sus raíces varios años antes, es la que lleva a la gente a un desprecio insuperable por la democracia representativa, sus símbolos y sus instituciones, y el desprecio se transforma en descreimiento y el descreimiento en una torva convicción: la democracia ya no sirve porque no garantiza bienestar social ni estabilidad cultural. La democracia ya no es válida, ni atractiva, ni convincente. La democracia, en realidad, ha muerto, y ya apesta.  

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Fumarse un drago

El mayor déficit informativo en la rueda de prensa que ofreció ayer Alberto Rodríguez para presentar su flamante proyecto político –Drago lo han bautizado – es la razón del invento. ¿Por qué es necesario un nuevo proyecto político – el enésimo – a la izquierda del PSOE? Rodríguez y sus compañeros no lo explicaron en ningún momento. Cuando se le mencionó a Podemos el exdiputado Rodríguez – que fue secretario de Organización federal – optó por un amable mutismo: ni una palabra contra Podemos ni una a favor, por supuesto, de un acercamiento. ¿Cómo se van a acercar si han salido huyendo? Todo es proceloso, esponjoso y pasteloso en esta nueva oferta y los equívocos y ambigüedades de su principal impulsor no consiguen esconder que, objetivamente, dañará, si tiene algún éxito, las expectativas electorales de los podemitas. Si Rodríguez hubiera mantenido su escaño en el Congreso de los Diputados, ¿seguiría en la organización que ahora dirige Ioane Belarra? Si lo recuperara por vía judicial, ¿se convertiría en diputado no adscrito? Son realmente curiosas las tragaderas de la izquierda y sus corifeos. Si un diputado o diputada de derechas abandona su partido o es expulsado reglamentaria o antirreglamentariamente es un tránsfuga que no merece perdón democrático; si como Alberto Rodríguez abandona la fuerza política que lo soldó a una candidatura, puede seguir reclamando el escaño y si lo recupera hacer lo que desee con el mismo. Pero es que Alberto es chachi y los diputados de derechas tienen el pelo chungo.

Lo que repitió varias veces el señor del Drago es que la suya sería una organización “de obediencia canaria”. El subtexto, más que nacionalista, apunta a una determinación: a mí no me vuelven a sacrificar en Madrid. Rodríguez necesitó ejercer de secretario de Organización federal durante casi dos años para darse cuenta del centralismo brutal y embrutecedor de Podemos que cabe suponer que él mismo aplicó en el desempeño de sus responsabilidades orgánicas. Al parecer existen un montón de organizaciones profundamente enraizadas en la sociedad canaria y personalidades que se han batido el cobre en innúmeras luchas sociales y sindicales que forman parte de Drago, pero ayer lunes no se mencionó ninguna. Ni documentos, ni estructura organizativa definida, ni debates abiertos de carácter fundacional, ni un esbozo de programa político para el futuro de Canarias. Rodríguez casi se limitó, después de amontonar generalidades y monsergas irrelevantes, a facilitar la dirección de un sitio web, pero si se toma el interés de visitarlo se descubre que no está operativo.

Lo que quedó claro, en cambio, es que los draguistas piensan presentar candidaturas en las elecciones autonómicas y locales del próximo mayo. Simplemente porque ese es la única razón de ser del tinglado. Para ser más preciso, de lo que se trata es de entrar en la puja. Si Podemos, IU y Sí se Puede no cuentan con Alberto Rodríguez, Alberto Rodríguez les hará un estropicio fragmentando todavía más el voto de izquierdas. Pero el pibe es enrollado y puede ser total. Rodríguez está dispuesto a una amplia confluencia en candidaturas unitarias. Porque contra lo que se repite falsariamente no existe ninguna  reanimación de la izquierdas en las calles, no se están multiplicando las protestas ciudadanas “por atentados contra el territorio y el medio ambiente de Canarias”. Las manifestaciones contra proyectos como Cuna del Alma o la central de Chira-Soria han reunido apenas a algunas centenares de personas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. No hay nada peor que creerse las propias fantasías. Rodríguez se sueña como cabeza de lista al Parlamento y candidato al ayuntamiento de Santa Cruz con el apoyo de todos aquellos a los que ha abandonado durante la última década. Hace falta fumarse un drago entero para tomárselo en serio.

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Destripar la democracia desde dentro

Anteayer los lectores de este periódico pudieron descubrir, supongo que estupefactos, cómo mi compañero de página, Francisco Pomares, contaba que la Consejería de Derechos Sociales, dirigida por Noemí Santana, le había amenazado con acciones legales por su análisis sobre los artificios perpetrados en la gestión de la Dependencia a fin de contabilizar más expedientes resueltos. Por supuesto el articulista se había limitado a subrayar lo que a su juicio – y al de muchas entidades sociales, y funcionarios, y profesores universitarios y hasta un servidor – era un trampantojo administrativo puesto en marcha por la directora de Dependencia y Discapacidad del Gobierno autonómico, la señora Marta Arocha, para acortar la interminable lista de solicitudes de reconocimiento de la dependencia. Es realmente asombroso. ¿Se dedica ahora el Gobierno a amenazar a un periodista por sus análisis y opiniones? ¿Es tolerable una coacción –un intento de coacción — de esta naturaleza en nuestro país? Y hablando de país, ¿en qué país creen que vivimos los responsables de la Consejería de Derechos Sociales y desde cuando los servicios jurídicos de un departamento gubernamental actúan como comisarios políticos al servicio de los cargos públicos y de su imagen?

Seguro que comprenden que servidor no está haciendo una defensa de Pomares. Sabe defenderse muy bien a sí mismo con los recursos de cuarenta años en la mecha profesional.  Pero se me antoja que este lance – que no creo que al articulista le haya afectado demasiado –se inserta en una actitud en construcción por parte de las izquierdas que gobiernan en este país. La referencia más brutal  proviene, por supuesto, de esas prodigiosas declaraciones de Pablo Iglesias y Carmen Calvo en la tertulia pagada a precio de oro que les ofrece la SER.  Los exministros Iglesias y Calvo coincidieron en los espacios de debate de las televisiones públicas los periodistas asistentes deberían responder a cuotas electorales. Si por ejemplo un programa de debate o análisis político en TVE cuenta con siete periodistas asistentes, tres deberían ser del PSOE, uno de UP, dos del PP y otro se distribuiría amistosamente entre ERC, Bildu y (cada tres meses) Teruel Existe. Aimar Bretos –excelente profesional por cierto – estuvo a punto de sufrir un ictus. La señora Calvo insistió, desde su apasionada y apergaminada ignorancia de costumbre, que el periodista de un medio público cobra de las arcas públicas y, por tanto, “no está ahí para traer a los de su cuerda que le gusten, pasándose por el forro lo que las urnas acaban de decir”. Ignorar la libertad de expresión, desconocer lo que es una democracia parlamentaria, entender los medios de comunicación públicos como espacios propagandísticos pagados por todos, soñar con una partidización infinita y envolvente de la sociedad civil, convertir la crítica es una mugre sospechosa y la disidencia en una disglosia.

La legitimación última de estas soflamas autoritarias es que las izquierdas deben defenderse de una inmensa mayoría de medios conservadores. Es una idea muy similar de la que se utiliza casi a diario para descalificar a la judicatura española como una fuerza profundamente reaccionaria, copada por magistrados que siguen cantando Montañas nevadas al amanecer aunque se sacaran la plaza en los años noventa o a principios de siglo– como ocurre con la inmensa mayoría de magistrados y fiscales hoy en activo–: léase las reacciones a las condenas judiciales de José Antonio Griñán o Isa Serra, el nombramiento como fiscal general de Estado a Dolores Delgado mes y medio después de abandonar el Ministerio de Justicia,  las campañas de descrédito contra magistrados que se equivocan lamentablemente en las sentencias al no considerar los intereses de clase o la perspectiva de género, la acusación según la cual los jueces «derriban a los representantes de la soberanía popular»

No son ya señales aisladas y tonterías de un par de asirocados, sino un magma que va cuajando como lectura política y propuesta programática y sobre el que surfean casi parejamente socialistas y podemitas. En definitiva, una estrategia política que busca el descrédito de los poderes del Estado y su subordinación al Ejecutivo y la extirpación de cualquier instancia crítica como sospechosa, maligna, torticera, ruin. Los periodistas solo lo son si aplauden a las autoridades, los jueces solo son jueces si fallan a favor de los nuestros o en contra de nuestros enemigos, los únicas fuerzas políticas decentes y respetables son las que respaldan al Gobierno. Es populismo izquierdoso puro y duro como instrumento para blindarse en el poder y narcotizar a la sociedad civil. Las democracias siempre han sido destripadas desde dentro.        

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El testigo

De repente las fanfarrias progubernamentales se quedaron silenciosas en las redes sociales.  A media mañana ya todo el mundo sabía que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, había sido llamado a declarar por el juez Javier García García-Sotoca en la causa abierta por el llamado caso Mascarillas. Aun así, por la tarde ya comenzaron a oírse algunos rebuznos apologéticos. El más frecuente, la insistencia en que el presidente del Gobierno había sido llamado “simplemente, como testigo”. El propio interesado hizo lo que protocolariamente procede, es decir, repetir que el Gobierno, empezando por él mismo, se ha puesto desde el primer momento a disposición de la justicia. Pero luego (es curioso) agregó algo bastante inexacto: “lo más importante es recuperar los cuatro millones de euros desaparecidos”. Es curioso porque ese no es el objetivo de la investigación judicial abierta, que tiene como finalidad establecer lo que ocurrió para que estos cuatro millones de euros abonados por el Ejecutivo canario se evaporaran y decidir si los responsables gubernamentales implicados en esta operación incurrieron en delitos administrativos, civiles o penales.

Y precisamente para dilucidar este punto el fiscal Anticorrupción, y ahora el juez que ha avalado su solicitud, han llamado a declarar al presidente Torres a principios del próximo mes. ¿Qué hacía Conrado Domínguez – entonces  secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas — en el comité sanitario convocado para analizar la delicada situación sociosanitaria y tomar decisiones en plena pandemia del covid 19? ¿Quién lo fichó? ¿Y cuáles eran sus competencias? ¿En virtud de que decreto o resolución podía firmar u ordenar firmar contratos? ¿De verdad un comité de expertos funcionó como órgano de contratación? ¿Quién conocía los contactos y compromisos adquiridos por Domíngez en nombre del Servicio Canario de Salud y en suma del Gobierno? Estas preguntas –y muchas otras más – se han formulado a cargos y técnicos del Servicio Canario de Salud, además de al propio señor Domínguez, y las contradicciones y vacíos han sido tantos y tan llamativos que ha sido imposible extraer ninguna conclusión. Por eso el juez, a instancias del fiscal, ha llamado al presidente del Gobierno.

Pero, ¿por qué a Torres y no a Julio Pérez, que en este momento era el consejero de Sanidad en funciones? Podría responderse que el presidente del comité extraordinario era precisamente Ángel Víctor Torres, a la vez jefe del Gobierno. La elección del juez y el fiscal, sin embargo, no deja de ser llamativa. Torres es un testigo a través del que se busca delimitar responsabilidades y, muy probablemente, conseguir argumentos para llamar en un futuro inmediato a otros testigos. Tal vez a muchos. Sin duda al propio Julio Pérez. Por eso la situación del presidente es harto delicada. Porque acudirá a los tribunales, en efecto, únicamente como testigo, y a un testigo no se le achaca ninguna responsabilidad jurídica salvo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pero con su testimonio definirá su propia responsabilidad política y la de sus subordinados jerárquicos. O Torres tuvo conocimiento de una operación chapucera y apestosa para comprar un millón de mascarillas y la respaldó o no se enteró absolutamente nada y se mamaron cuatro millones de euros bajo sus presidenciales narices. Y no podrá eludir la encrucijada que, una vez despejada, permitirá acercarse a los responsables políticos más directamente ahumados por esta fogata: el exconsejero Pérez y Antonio Olivera, director en funciones en ese vertiginoso instante del Servicio Canario de Salud y antes y ahora el viceconsejero de Presidencia que la traduce a Torres datos y gráficos económicos al dialecto de Arucas. Torres es un testigo que va a dejar sin aliento durante semanas a medio Gobierno.   

 

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