Retiro lo escrito

Celebraciones batetianas

Uno puede suponer que si el acto institucional de esta semana en el Parlamento de Canarias tuvo como protagonista a Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, fue por su calidad de tercera autoridad del Estado después del rey y el presidente del gobierno. Pero no deja de resultar ligeramente chocante. Al parecer no somos lo suficientemente autónomos para celebrar sin el concurso de invitados ilustres los cuarenta años de autonomía. Bajo los ringorrangos presidenciales tal vez se nos olvide que hubiera sido más pertinente – sin duda más interesante –invitar a estos fastos a representantes de las asambleas de las regiones ultraperiféricas, tan olvidadas, por cierto, por el actual Ejecutivo regional. Las RUP son el espacio fundacional de una diplomacia canaria posible y, sin embargo, en los últimos años, y muy especialmente desde 2019, se ha arrinconado cualquier intento de ejercer un liderazgo (ciertamente arduo y complejo) entre las regiones ultraperiféricas de la UE. A nuestros presidentes se esfuerzan mucho liderar sus propios partidos y fracasan invariablemente en el liderazgo social; admito que cuesta imaginarlos encabezando un grupo de comunidades  y regiones de otros Estados. En todo caso debería ser un punto irrenunciable de cualquier agenda política canaria más o menos rigurosa en los próximos cuarenta años.

Como en obvio, la señora Batet no tiene mayor idea del desarrollo autonómico de nuestras agonías macaronésicas. La presidenta centró su intervención en denunciar los riesgos de una crispación política que en Canarias, para bien y para mal, no existe. Aquí, como mucho, se masculla entre la irritación y el cansancio, y José Miguel Barragán, por ejemplo, actúa con un nivel de institucionalidad tan responsable y acorbatado con pañuelo a juego que ya le hubiera gustado a don Práxedes Mateo Sagasta. Si alguna fuerza polariza en Canarias con muy disciplinado entusiasmo es el PSOE, cuyos argumentos contra las críticas y propuestas de la oposición se nutren invariablemente de razones y caricaturas ideológicas: la derecha española, la derecha canaria, las derechas unidas, las derechas egoístas, insolidarias, mezquinas, ruines, que ya no volverán. Crispa más su señoría Iñaki Lavandera en diez minutos que los portavoces de CC o del PP en diez meses. Por no existir no siquiera Vox tiene representación (todavía) en la Cámara regional y Podemos está integrado en el Gobierno con una consejería que se ha ocupado en descabalar concienzudamente Noemi Santana. Me pareció realmente hermoso que los diputados podemitas, por cierto, se ausentaran durante el discurso de Batet por lo del escaño que fuera de Alberto Rodríguez, ese escaño que no han ocupado y que se cubre de polvo como la estancia cerrada de una querida  bisabuela muerta, curiosa nostalgia por la que se estuvo a punto de perder la votación sobre la reforma laboral. En el fondo es una excusa como cualquier otra para ahorrarse el tostón de la ceremonia.

 La presidenta Batet también abundó en ese diminuto mito: las indescriptibles ansias de autonomía de los isleños llevaron inevitablemente a negociar el Estatuto aprobado en 1982 y a las elecciones del año siguiente. Es una suerte de hijuela del mito de la Santa Transición, que más o menos reza lo mismo. Pues no. El Estatuto de Autonomía fue el fruto de negociaciones desiguales y completamente opacas entre las élites de los partidos políticos  –fundamentalmente el PSOE, la UCD y Alianza Popular – que conocían perfectamente los límites tolerables para sus direcciones nacionales. El texto estatutario fue aprobado mediante la ley orgánica 10/82. Fue un buen día, sin duda, para el comienzo del autogobierno, la cohesión territorial y la convivencia política democrática en Canarias. Pero en ningún caso  el resultado de una demanda popular. En fin, tampoco el discurso de Batet duró demasiado. Acabó pronto y se fueran a chascar celebratoriamente a un club exclusivo en la más exclusiva zona residencial de Santa Cruz de Tenerife.  

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El petróleo marroquí

Cuánto sabe la gente que sabe. Cuando el Gobierno presidido por el coalicionero Paulino Rivero (y vicepresidido por el socialdemócrata José Miguel Pérez) se enfrentó a las prospecciones de Repsol en aguas próximas a Canarias no faltaron los que ridiculizaron este rechazo – que contó con un amplio respaldo popular – como un ejemplo de catetismo aldeano y manipulación. ¿Por qué negarle a Canarias la oportunidad de disfrutar de las ventajas de la explotación de importantes yacimientos submarinos de petróleo?  Ahora que las prospecciones apoyadas por el gobierno de Rabat y desarrolladas por la empresa británica Europa Oil & Gas han encontrado un yacimiento de crudo que podría llegar a los 1.000 millones de barriles a unos 200 kilómetros de la Graciosa, casi al borde de la zona económica exclusiva de España, esta gente tan lista vuelve a dar la murga, y te cuentan que Marruecos nos va a chupar (sic) todo el crudo que exista por esos andurriales. Qué listos los marroquíes y que bobos somos los que rechazamos las pesquisas de Repsol y no asistimos (por ejemplo) a los almuerzos y merendolas que ofreció la multinacional española a los periodistas isleños.

Canarias no se hubiera beneficiado ni con un barrilito de queroseno si Repsol hubiera insistido en su exploración submarina y encontrado un yacimiento explotable. No somos un Estado, sino una comunidad autónoma, y no estamos en condiciones de imponer condiciones a una compañía de la potencia empresarial, económica y tecnológica como es Repsol, cuyos permisos de perforación concedió en su día el Gobierno español. Yo ignoro de dónde sacan sus petulantes ensoñaciones los que sostienen que nos podríamos haber llevado un solo céntimo si las prospecciones hubieran concluido con éxito. El señor José Manuel Soria, ministro de Industria y Energía, insistió mucho al respecto, pero jamás concretó nada sobre el fantasmagórico modelo de explotación que permitiría a Canarias participar en los beneficios de la extracción y la venta de crudo. Por una razón obvia: no existe tal modelo y una comunidad autónoma no tiene absolutamente nada que decir, proponer o exigir, desde un punto de vista jurídico, sobre una explotación petrolera a 100 kilómetros de sus costas. Nada.

El futuro energético de Canarias apunta irreversiblemente a las energías limpias aunque el petróleo – y el gas – sigan manteniendo un alto porcentaje en el mix energético durante los próximos lustros. La energía fotovoltaica y la energía eólica aumentaron su velocidad de implantación en la pasada legislatura, y después de pasar lo más duro de la pandemia, han cobrado de nuevo fuerza. Y sin embargo persisten agónicos cuellos de botella reglamentarios y administrativos que deben ser resueltos o suprimidos para que se cumplan las predicciones del Plan de Transición Energética de Canarias,  y en el 2030 el 60% de la demanda eléctrica del archipiélago se cubra con fuentes renovables. El Plan de Transición está muy bien, pero curiosamente no cuenta con las inercias e ineficacias que la selva de informes, permisos, autorizaciones y contratos que empresas y particulares deben superar. En ese encrespado desbrozamiento administrativo, que coarta todavía la implantación de renovables en las islas, y en la colaboración sistemática de la administración autonómica con cabildos y ayuntamientos con el objetivo de acelerar la transición energética es donde debe centrarse la exigencia crítica, no el lloriquear por un petróleo que, en ningún caso, sería nuestro, ni directa ni indirectamente, y que en Marruecos tampoco bendecirá a la población, sino a la familia real y a la camarilla corrupta y criminal del Majzén.

 

 

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Una guerrita cultural

Algunos se preguntan por qué el presidente Ángel Víctor Torres ha descendido a defender la propuesta de la Consejería de Educación – el delicado borrador de don Gregorio Cabrera, entusiasta historicida – que convertiría en optativa la asignatura Historia y Geografía de Canarias en la Educación Secundaria Obligatoria. He escuchado algún comentario sobre la sensibilidad como docente de Torres como posible respuesta pero se me antoja un argumento inconvincente. El jefe del Gobierno canario fue, en efecto, profesor de Secundaria, pero desde hace 20 años no pisa un aula. Desde el ayuntamiento de Arucas fue arrastrado por la política, es decir, se profesionalizó como cargo público. La clave de este compromiso presidencial con un borrador no es personal. Lo cierto es que es estamos ante una pequeña novedad en el ecosistema político canario: una modesta batalla cultural.

Los dirigentes del PSOE han mostrado una extraordinaria habilidad en los últimos años para estimular  en su beneficio la polarización política  sobre el eje de la identidad ideológica, que en su caso es una identidad básicamente verbal. Y no van a renunciar, obviamente, a una herramienta tan potente. En los años años ochenta y noventa los socialistas aspiraban a una mayoría claramente centrista como respaldo sólido a un proyecto europeísta y  moderadamente reformista. Esa mayoría se perdió irremisiblemente con la crisis financiero-económica de 2008. La polarización – así como un gasto ingente en propaganda que aprovecha óptimamente la debilidad de los medios de comunicación – es clave para mantener una minoría prioritaria que con el concurso de la izquierda podemita (o yolandista) y los independentistas permitan seguir gobernando. Y ese es el mejor horizonte político-electoral del PSOE.

En Canarias las peculiaridades ofrecen un perfil distinto. Desde el primer día de la Presidencia de Torres la retórica socialista se juramentó en un objetivo testarudo: insistir en que el nacionalismo era absolutamente innecesario en Canarias, y por tanto, que el lugar de Coalición Canaria debiera ser un residuo en el cubo de basura de la Historia. Una y otra vez el PSOE ha transmitido que la feliz circunstancia de ejecutivos socialistas en Madrid y en Canarias era la mejor noticia: el Hijo amantísimo acudía al Padre que, sin duda, comprendería sus demandas y se apresuraría a cumplirlas. Ha sido gracioso escuchar el desprecio político hacia el nacionalismo de portavoces parlamentarios como Nira Fierro o Iñaki Lavandera mientras el vicepresidente Román Rodríguez, atornillado en el banco azul,  miraba el techo como si la cosa no fuera con él. Según la nueva doctrina, el nacionalismo debe ser erradicado de las islas y el PSOE gobernar durante los próximos veinte años eficaz y eficientemente. Esa y no otra es la clave de la supresión de la obligatoriedad de la asignatura de Historia y Geografía de Canarias en la ESO. No, por supuesto, la estupidez de los contenidos canarios en otras asignaturas bajo el mantra de la  transversalidad. La inclusión de contenidos canarios en otras asignaturas es perfectamente compatible con la asignatura en disputa tal y como figura hoy en el currículo, y por cierto, fue un socialista, José Miguel Pérez, el que lo sancionó como consejero de Educación. No: lo fundamental es dejar claro que las decisiones de la Consejería de Educación no pueden ni deben ser cuestionadas por nacionalistas, regionalistas y demás hierbas locales. Una canariedad leve como una fragancia que se note aquí y allí, como unas gotas de perfume tras las orejitas, pero nada serio que pueda cuestionar su gramática del poder. Están convencidos de que no habrá protestas demasiado contundentes de la comunidad educativa y los nacionalistas se quedarán solos con su frustración a cuestas. Quieren controlar. Vencer. Actuar sin consecuencias y sin consensos. Ganar la guerrita.   

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El borrador de don Gregorio

Don Gregorio Cabrera Déniz, director general de Ordenación Educativa del Gobierno de Canarias, ha esculpido en mármol en los últimos años dos sentencias lacónicas, definitivas, terminantes. La primera, “no dejare ni las cenizas de los programas de Coalición Canaria en esta Consejería”; la segunda, “un director general no se reúne con técnicos”. Esta última aseveración, aunque efectivamente lapidaria, es en verdad llamativa, porque un director general, por la propia naturaleza de sus responsabilidades, se pasa la vida reuniéndose con los funcionarios técnicos, y no con archiduques austrohúngaros, secretarios generales de las Naciones Unidas o embajadores de la Santa Sede. Respecto a la primera sentencia la cosa tiene más enjundia.

Muchos profesores llevan varios días cabreados porque en el borrador que maneja la Consejería de Educación para ajustar la normativa canaria a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE — conocida jacarandosamente como la LOMLOE —  desaparece la Geografía y la Historia de Canarias como asignatura obligatoria en la Enseñanza Secundaria (ESO). La señora Manuela Armas se ha quedado ligeramente traspuesta, porque desconocía (o poco menos) ese estúpido borrador, que es obra, precisamente, de don Gregorio Cabrera y un escogido equipo de técnicos que no le producen urticaria. Por eso mismo ha sido Cabrera el que, muy a su pesar, ha debido salir y explicar a los medios de comunicación que no pasa nada porque a) es un borrador, y b) la presencia de aprendizajes  (sic) relacionados con el patrimonio natural, social y cultural de Canarias en todas las etapas educativas “está garantizada en todos los currículos”. No se me antojan argumentos precisamente brillantes. Lo relevante de un borrador son las propuestas que incluye, no aquellas que ignora o margina; si alguien en el Ministerio de Educación propusiera la desaparición de la Historia de España con sandeces tan peregrinas (y esencialmente falsas) como las que esgrime el señor Cabrera sería corrido a gorrazos. Por supuesto el malestar y el rechazo no van a desaparecer, sino que se intensificarán durante las próximas semanas. En el espacio político CC, Nueva Canarias y Podemos han criticado duramente la propuesta. Manuela Armas, a la que no distingue precisamente una actitud resolutiva, ni siquiera ha asomado la cabeza fuera de su despacho.

El señor Cabrera dispone de una experiencia política previa a su llegada a la Dirección General de Ordenación que consume sus desvelos. En la pasada legislatura fue asesor adscrito a la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, donde dejó clara su capacidad para flotar ligeramente por encima de la triste estatura de los mediocres mortales. Quizás puedan recordar que amenazó larga y accidentalmente con dimitir, hoy sí pero mañana no y viceversa, para forzar la dimisión de María José Guerra Palmero como consejera de Educación, obtenida finalmente en mayo de 2020.  Cabrera se fortificó en su departamento e intentó varias maniobras sobre distintos proyectos docentes tanto en la Consejería de Educación como en la Dirección General de Patrimonio Cultural, con desigual éxito. Por supuesto, la decisión de rebajar a asignatura optativa la Geografía y la Historia de Canarias no puede ni debe corresponderle a un director general que actúa más como un sectario prepotente que como un cargo público responsable, sensato y que prioriza los intereses educativos de su país.  Es insólito, es intolerable que se proponga abaratar y arrinconar la enseñanza de la geografía y la historiografía de Canarias – después de tantos años en los que el propio sistema educativo nos hurtaba nuestra realidad inmediata, es decir, todo lo que explica lo que somos hoy – sin un solo gesto de interlocución con la comunidad educativa. Ese borrador debe entrar en la trituradora de papel hoy. Y el señor Gregorio Cabrera  dimitir mañana.

 

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Los sinvergüenzas

A mí me da sentimiento cuando Ángel Víctor Torres informa que el Gobierno canario participara en las negociaciones entre España y Marruecos para solucionar el complejo problema de una delimitación de las aguas territoriales entre ambos países. Como conozco muy poco al nuevo periodismo – que sobre todo es una forma de convivir con el hambre – no entiendo por qué el periodista que toma nota del anuncio de Torres no le pregunta d inmediato detalles específicos de la participación canaria. ¿Se integrará un consejero, un viceconsejero o un director general en los equipos negociadores? ¿O solamente técnicos de la comunidad autonómica? O tal vez –como ya se murmura – el Ejecutivo regional se limitará a remitir un informe periódico sintetizando naderías? Lo más probable es que ni Torres lo sepa. Ya improvisarán algo. De lo que se trata – es una línea estratégica del Gobierno desde 2019 – es de insistir en que el nacionalismo –cualquier nacionalismo – deviene superfluo porque Pedro Sánchez le tiene un respeto ilimitado a Torres y a su equipo y, como un padre comprensivo y generoso, está dispuesto a conceder lo que se le pide respetuosamente, siempre que sea justo y necesario. Lo que sea justo y necesario, por supuesto, lo decide Pedro Sánchez. Al parecer existen otras comunidades en las que el nacionalismo no solo es natural para el PSOE, sino profundamente comprensible, como en Cataluña y el País Vasco, mientras en otras es prescindible, como ocurre con un país a 1.500 kilómetros de distancia de Cádiz, por ejemplo.

“Pedro Sánchez tiene que venir a Canarias para explicar el cambio de postura respecto al Sáhara”, llegó a decir el presidente canario en un reciente  pleno parlamentario.  A Canarias no ha venido, por supuesto, pero sí visitó Marruecos hace pocos días. Por supuesto, una vez que se ha cedido a la solución marroquí al conflicto, esa autonomía de cartón piedra, se produce un pinturero despliegue sobre los restantes conflictos e intereses enfrentados. Y así Rabat ofrece graciosamente retomar las conversaciones sobre las aguas jurisdiccionales interrumpidas desde hace más de quince años. Foto de Mohamed IV y de Pedro Sánchez compartiendo con sus ministros un modesto refrigerio de veinte platos. Rabat empleará en este asunto exactamente la misma metodología que con el Sáhara: gestión de los tiempos, primacía de los hechos consumados, verdadera diplomacia con Francia y Estados Unidos  y comedias de enredo con España.  Punto de partida: la costa sahariana es, entera y verdadera, territorio marroquí.

Todo coincide en una infinita burla. Lo más hiriente es escuchar la defensa de la falsa solución autonomista y que Sánchez o Torres o Julio Pérez  insistan a continuación que toda solución “deberá contar con el respaldo de las dos partes”. Y eso no es solo cinismo supurante, sino una perfecta estupidez. Marruecos, un régimen autoritario y deficientemente enjalbelgado, es una potencia ocupante en un territorio que no es el suyo. Luego están los realistas. Esa gente que charlotea que el referéndum no es posible. Es la misma gente que lo decía hace diez años y hace veinte también. Son los que desde la política, la empresa y el periodismo –dentro y fuera de Canarias — han colaborado con la estrategia de marroquización del Sáhara –con persecución, con detenciones y torturas, con corrupción y bajezas, con chantajes y sobornos, con mucho dinero para comprar dirigentes y cuadros polisarios. Conocí a uno y comí en su hermosa casa. Durante varios años vivió en esa casa hermosa y recibió excepcionales regalías. Un día perdió la cada y desapareció el dinero. Ha ocurrido con cientos de polisarios sobornados. Ni un céntimo se ha dedicado al desarrollo del Sáhara y a la prosperidad de sus habitantes. Todo se ha dedicado a fusiles, morteros, balas, policías, corrupción de voluntades, terror institucionalizado. Los que insisten en defender toda esta maquinaria criminal y canalla como algo triste o felizmente inevitable son unos sinvergüenzas y llevan lustros trabajando para los intereses de la monarquía marroquí y su inmunda cleptocracia.

 

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