Retiro lo escrito

El arrinconamiento de Nueva Canarias

Ignacio González, Fabián Martín, Domingo González Arroyo y José Miguel Bravo de Laguna han hecho un enorme favor a la ciudadanía de los próximos comicios autonómicos y locales articulando una alianza  para concurrir al Parlamento de Canarias. Lo mejor de cada casa en una misma bandeja de ambiciones rotas, saldos polvorientos y supervivencias exasperadas. Esta mezcolanza de desahuciados sacudidos por el siroco de su propio miedo difícilmente alcanzará el 6% del voto regional imprescindibles para entrar en la Cámara, no se diga el 30% insular. Van directos al matadero con la vana esperanza de rascar algún concejal o algún consejero a través de esta sociedad de apoyos mutuos. Al menos Bravo de Laguna, si debe pactar con muy hipotéticos consejeros del CCN en el Cabildo grancanario, ya no lo hará con tránsfugas pringosos y pringables, sino con entrañables compañeros de coalición.
El CCN es una franquicia en extinción, el partidete de González Arroyo jamás ha dejado de ser un chiste con las dimensiones de la mesa de los restaurantes favoritos de su patrón, Ciuca se merecería al menos una nota a pie de página en la Historia Universal de la Infamia de Borges, pero el Partido de Independientes de Lanzarote es otra cosa. El PIL todavía es una fuerza política que atesora un (decreciente) respaldo electoral. Lo más descollante de su incorporación a este sindicato de nadas nadeantes es, precisamente, lo que significa para Nueva Canarias y Román Rodríguez: una amenaza de catástrofe. Bajo el vigente régimen electoral Nueva Canarias solo puede aspirar al reparto de escaños si supera la barrera regional, para lo cual fue imprescindible en 2011 el concurso del PIL en Lanzarote y de Socialistas por Tenerife, una escisión del PSOE hoy en trance de desaparición: así Román Rodríguez pudo cosechar dos modesto diputados, a los que se sumó Fabián Martín como su seguro y anodino servidor. Por entonces, y exceptuando a los socialistas, el único voto de centro izquierda en Gran Canaria que parecía destilar cierta utilidad era para Nueva Canarias. La irrupción de Podemos, sin embargo, lo cambia todo. Podemos se beneficiará de la inveterada insignificancia de IU en Gran Canaria pero sobre todo devorará buena parte del patrimonio electoral del PSOE y de Nueva Canarias. En contra de sus sonrientes pronósticos, y bajo esa incesante y atrabilaria actividad de fichajes comineros en distintas islas, Nueva Canarias corre un elevado riesgo de quedarse sin representación parlamentaria el próximo  24 de mayo y de obtener unos resultados inapelablemente modestos en el cabildo y los ayuntamientos más poblados. Y el único responsable será Román Rodríguez, cuyo presidencialismo en el seno de NC, tan afable como feroz, no ha consentido ninguna injerencia de bases y cuadros en su estrategia político-electoral.

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Una herida que no cicatrizará

El descenso del desempleo en el pasado mes de marzo en Canarias ha sido relevante, pero no pasmoso  — unos 20.000 parados menos respecto a marzo de 2014  — y debe tomarse con pinzas si se recuerda la tendencia a contrataciones temporales muy cortas con motivo de la semana santa. No parece que marchemos a toda velocidad hacia el pleno empleo, una situación tan desconocida en las islas como las tormentas de nieve. Tal y como ha explicado José Conde-Ruiz (y su análisis es tan pertinente, con las cifras delante, en Canarias como en toda España) se ha iniciado una recuperación económica (y laboral) ya evidente, pero lastrada por los desequilibrios que la misma está generando: precariedad, aumento de las deudas paras las futuras generaciones y, muy especialmente, “un crecimiento no inclusivo que, por un lado, está dejando atrás colectivos importantes como los parados de larga duración, y por otro, provoca ajustes salariales desproporcionados”. Dos tercios de los isleños cobran menos de 1.000 euros mensuales, pero no es una situación inédita, sino una caída más pronunciada respecto a los bajos niveles salariales que ya se registraban en 2008.
La situación de los 133.000 desempleados canarios que no perciben absolutamente ninguna ayuda pública es particularmente angustiosa. Son decenas de miles de ciudadanos que en vez de vivir gastan todas sus energías en sobrevivir milagrosamente. Más de 90.000 cuentan con más de 45 años y su incorporación al mercado laboral se antoja muy incierta. Constituyen un problema político y social de primer orden pero, pese a que nos encontremos ya instalados en las espeluznantes delicias de la campaña electoral, resulta imposible encontrar una sola respuesta  específica para este problema sangrante y mendicante a derecha o a izquierda, entre las viejas fuerzas políticas o las nuevas. Como respuesta instantánea se escucha en las conversas de café electrónicas (vulgo chats) la reclamación inmediata de una renta universal acotada para los desempleados de larga duración en el Archipiélago: aquellos que han agotado todos los subsidios. Si estipulamos una prestación de 500 euros mensuales para cada afectado el coste anual de esta medida rondaría los 800 millones de euros anuales. A lo largo de la próxima legislatura significaría un desembolso global de unos 3.200 millones de euros aproximadamente. Es difícil concebir las fuentes fiscales que proporcionarían estas cantidades y más complejo todavía imaginar donde meter tijera en los gastos autonómicos para obtener semejante dineral cuando la situación de los servicios sociales y asistenciales se mantiene en un muy precario equilibrio entre la disfuncionalidad y el colapso. Mientras estallan los fuegos artificiales de la resignación ciega y sorda o de la fantasía voluntarista que todo lo puede un ejército de derrotados aprende a vivir de la limosna y el trueque y se ahoga en la indignidad en las calles y plazas de Canarias.

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Podemos un poquito

Lo que está ocurriendo con Podemos en Andalucía amenaza con convertirse en un antecedente que tendrá sucesivas entregas después de las próximas elecciones de mayo en comunidades autonómicas y ayuntamientos. Para decidir el voto de Podemos en la sesión de investidura de Susana Díaz – que no para consensuar o aprobar unos presupuestos generales o integrarse en un gobierno de coalición – la dirección nacional encabezada por Pablo Iglesias ha impuesto a Teresa Rodríguez y a los diputados andaluces un equipo negociador integrado por un alto cargo de la jerarquía podemista (Sergio Pascual, secretario de Organización) y un militante andaluz que no ostenta ningún cargo público u orgánico. Del discurso aflautado del empoderamiento ciudadano a pulverizar cualquier autonomía de Rodríguez y sus compañeros en la primera decisión que debían tomar como partido y grupo parlamentario. Los podemistas andaluces han demostrado disfrutar de menos potestad que sus homólogos del PSOE o de Izquierda Unida. Es francamente difícil imaginar a los socialistas cántabros o a los de IU en Extremadura admitiendo semejante atropello por parte de sus respectivas direcciones federales.  Iglesias y compañía siempre han insistido en que ya no era admisible la vieja política de que santificaba la toma de decisiones relevantes en oscuras reuniones de un puñado de personas. En este sentido su voluntad es tan rotunda e inequívoca que se las han arreglado para que Teresa Rodríguez no esté presente en los despachos en los que se decidirá su voto en la investidura presidencial.
La obsesión por el control vertical de la organización – que se quiso opacar con la renuncia a participar directamente en las elecciones municipales – es comprensible desde un punto de vista operativo, pero destruye ese vibrante imaginario que privilegiaba la autonomía de círculos e individuos para una praxis política ferozmente independiente. Podemos es un partido político (sus máximos dirigentes han querido serlo) y funciona como tal, con sus intereses e incentivos, en el ecosistema político español. Un partido de aliento jacobino, alma centralizadora y vocación de poder. Un partido, por tanto, cuyos máximos dirigentes no pueden dejar operar libremente a sus organizaciones territoriales con el riesgo de desgastar sus opciones y contradecir sus estrategias. El espectáculo pude ser fastuoso en Canarias en los próximos meses, porque aquí Podemos ha terminado por convertirse, en una situación de creciente confusión y desorden, y con una muy modesta participación de militantes y simpatizantes, en el acogedor receptáculo de otras opciones ya instaladas electoralmente (como Sí se Puede) o momificadamente testimoniales (como Canarias por la Izquierda). Ha sido una atropellada confluencia más atenta a las cuotas en los neonatos aparatos de dirección y a las candidaturas electorales que en redefinir análisis críticos y especificar propuestas de reforma y en la que podrá mencionarse el nombre de Podemos en vano hasta el mismo momento en que se consigan cargos públicos. Ni un minuto más.

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El martirologio de Cintora

Recuerdo perfectamente – ocurrió apenas hace tres o cuatro años – cuándo Jesús Angel Cintora fue despedido de la cadena SER. Todo empezó con la sustitución de Augusto Delkader por Javier Pons como consejero delegado de PRISA Radio. Posteriormente desde la cúpula de la empresa se inició una operación para desgajar a un grupo de directivos y periodistas íntimamente vinculados a Alfredo Pérez Rubalcaba y a José Blanco, que culminó con varias recolocaciones y los despidos, entre otros, de Gonzalo Cortizo, jefe de Nacional, y de Jesús Angel Cintora, quien había sido el presentador de los fines de semana y en ese momento lo era en el horario matinal. En esos años, digamos entre 2006 y 2011, la SER alcanzó las mayores cotas de seguidismo gubernamental. Un seguidismo más acrítico, descarnado (y abochornante) que el practicado por la emisora en los años ochenta, por ejemplo. Delante del micrófono Cintora se portaba como un trepidante escudero y, en cuanto en lo que ocurría en las mesas de redacción y en los pasillos, basta con escuchar a los currantes más veteranos de la compañía para pasmarse por sus modales y actitudes con subordinados y becarios. Los años (y el éxito embriagador de las estrellas fugaces) acrecentaron la soberbia y densificaron la mala baba.
Posteriormente Cintora inició un largo peregrinaje como tertuliano en varias emisoras de radio y televisión. No fulgía como un periodista singularmente crítico o que expusiera un análisis más lúcido o articulado que cualquier todólogo de salón. En marzo de 2014 los programadores de Cuatro llegan a una conclusión apetitosa que avala su magnífico olfato para la audiencia: los ciudadanos están muy hartos de las asquerosas trapacerías del poder en una crisis económica y social que parece diseñada para practicar el latrocinio y legitimar el sufrimiento colectivo. Los brillantes resultados de Podemos en las elecciones europeas representan un termómetro inequívoco del agrio malestar ciudadano y, correlativamente, de la resurrección del interés por la política. Se trataba de un amplio target cuya explotación comercial  era muy prometedora y que no podía ni debía dejarse en manos de La Sexta. Se forja entonces una curiosa sinergia entre los dirigentes de Podemos y la poderosa productora Mediaset: los primeros ejercerán como proyecto político emergente y guionistas de facto; la segunda pondrá la difusión y se llevará la publicidad; ambos, en definitiva, compatirán audiencia. El encargado de dirigir el tinglado será Jesús Angel Cintora quien, por supuesto, tratará con mayor atención, cariño y comprensión a los contertulios de Podemos, tal y como cabe esperar de un socio responsable, compartiendo sus argumentarios como los suboficiales comparte en rancho en las maniobras.
Ahora Cintora es despedido de Las Mañanas de Cuatro – todavía le queda un año y pico de contrato con Mediaset – e insólitamente se transforma en un mártir de la libertad de expresión. Es impresionante lo que ocurre en este país. No basta con la ley Mordaza, las sinvergüencerías de la consultoría del ministro de Hacienda o los autos judiciales del magistrado Pablo Ruz sobre la financiación ilegal del PP. No basta con ver de nuevo a Esperanza  Aguirre como candidata prometiendo honradez y transparencia. También hay que encolerizarse porque Cintora haya sido despedido. Me parece demasiado agotador. Hasta la indignación debe ser más selectiva.

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El cinismo de Bravo de Laguna

Políticamente el señor Bravo de Laguna siempre ha sido un cínico. Un cínico imperturbable que ha entendido las exigencias de la política democrática como un chaleco que puede ponerse o no según la temporada. Basta recordar como, en su grisácea y sin embargo convulsa época como presidente del PP de Canarias, Bravo de Laguna, tras pactar con la recental Coalición Canaria, decidió aposentarse en la Presidencia del Parlamento de Canarias. Imagínense a José Manuel Soria instalado en dicha poltrona entre 2003 y 2007, cuando te tocó pactar con CC, para aquilatar el caprichoso disparate. Que el máximo responsable de uno de los partidos del pacto de gobierno fuera, al mismo tiempo, presidente de la Cámara, constituía una contradicción escandalosa, pero a Bravo, como a los dirigentes coalicioneros, este contrasentido democrático – que ponía en solfa la imparcialidad inherente a un cargo institucional tan relevante — le importaba un higo-pico. Cuando, en los primeros meses de esta disparatada travesía parlamentaria, se le preguntaba al respecto, Bravo de Laguna utilizaba su habitual técnica intelectual: estirar ligeramente el labio inferior, bajar la vocecita y preguntar acto seguido: “¿Y por qué? ¿Por qué es incorrecto? ¿Porque lo dice usted?”.  Y ya está. Cuando se siente atacado – porque Bravo de Laguna, bajo un barniz de caballerosidad vintage, entiende invariablemente la crítica como una agresión – siempre responde con otra pregunta cargada de desprecio, cuando no con un chiste malo, a veces incomprensible y a veces hiriente.
Años más tarde Bravo de Laguna, para conseguir una mayoría suficiente en el Cabildo de Gran Canaria, no mostró ningún reparo en pactar con dos tránsfugas, Juan Domínguez y Antonio Hernández Lobo, a fin de blindar su presidencia. El PP no musitó una palabra de condena al respecto, obviamente. Ayer viernes reverdeció su cinismo al proclamar que no es ningún tránsfuga, porque fue “elegido por los ciudadanos”. Es una boutade tan necia que incluso avergüenza refutarla: un tránsfuga no es aquel elegido por marcianos, sino el que sin abandonar el cargo público para el que fue votado se pasa a otro partido. Y Bravo de Laguna ha inscrito un partido propio para presentarse a las elecciones locales del próximo mayo. Es un tránsfuga de tomo, lomo y bigotito: el primer tránsfuga que mancilla con semejante sinvergüencería el Cabildo grancanario. Lo más penoso de esta situación, sin embargo, es que opaca la muy mediocre gestión política de Bravo de Laguna en los últimos cuatro años, en los que el Cabildo Insular ha perdido otra oportunidad de modernización organizativa y administrativa y ha continuado sesteando sobre el atormentado cogote de una isla sumida en la crisis económica y social más grave del último medio siglo. Tal vez por eso Bravo de Laguna se ha vuelto insularista. Para echarle la culpa a otros de lo que, con sus acciones e inacciones, ha contribuido a fraguar.

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