Retiro lo escrito

Contradicciones marginales (y 2)

La contradicción conceptual básica del documento de propuestas económicas pergeñado por Vicenç Navarro y Juan Torres para el debate en Podemos coincide, precisamente, con la del modelo clásico de socialdemocracia europea cuando intenta levantar cabeza en el siglo XXI: lo que es posible muy frecuentemente es indeseable, lo que es deseable no parece, en el mejor de los casos, demasiado posible. La ruptura de intereses comunes entre clases medias y clases trabajadoras, incluido un creciente precariado, la cesión de soberanía a entidades supranacionales como la Unión Europea que además evidencian errores y disfunciones en su diseño político e institucional, la financiarización de la economía y la sucesión de crisis económicas en el seno de una globalización huérfana de gobernanza racionalizadora han congelado hasta los huesos los objetivos socialdemócratas. Por eso mismo las propuestas cuasiprogramáticas de los profesores Navarro y Torres son de estirpe socialdemócrata y anhelan al mismo tiempo superar los límites de la socialdemocracia histórica sin demasiadas explicaciones ni precisiones.
El método principal de reactivación  de ambos profesores consiste en un estímulo masivo a la economía española inyectando dinero público. Los autores insisten en que existe margen de maniobra para ello si se considera que el gasto público social  por habitante es, en España, uno de los más bajos de la UE-15 mientras la recaudación fiscal en España resulta en doce puntos porcentuales inferior, como media, a la de Italia y Francia. Se suben los impuestos, por lo tanto, y habrá dinero para todo, incluyendo dos de las propuestas estrellas de Navarro y Torres: la contratación por el Estado de cientos de miles de personas (no funcionarios) y el establecimiento de una renta básica para desempleados de larga duración y ciudadanos en exclusión social. Pero no lo cuantifican. Igualar en España la presión fiscal de Francia, por ejemplo, podrían suponer recaudar entre 70.000 y 80.000 millones de euros suplementarios (y no a costa únicamente de las grandes fortunas o empresas multinacionales: el grueso debería venir de impuestos indirectos). Personalmente no creo que alcance – al menos en una legislatura –para cubrir objetivos tan ambiciosos y que tal vez podrían causar distorsiones graves económica y socialmente.  El documento que debatirá Podemos no las considera siquiera como hipótesis.  A menudo pretende hacer pasar operaciones aritméticas por análisis económico y entiende implícitamente que todas las externalidades de una política de amplio gasto social y estímulo monetario serán positivas.
Confiarlo todo a una política de estímulos – sin apenas mencionar el impacto en la economía de una estructuras institucional disfuncional y colonizada por los partidos, garantía normativa del capitalismo castizo –, aludir apenas a Europa – fiando una hipotética renegociación de la deuda externa a la búsqueda de aliados imaginarios en Bruselas o Estrasburgo –  casi no decir nada de la monstruosa deuda privada de empresas y particulares, caricaturizar el crédito bancario como un derecho cívico y eludir sin más la reforma de un mercado laboral crónicamente dualizado no convierten el documento de Navarro y Torres en un conjunto de propuestas enteramente rechazable ni, menos aun, intelectualmente deshonestas. Pero son olvidos y superficialidades que advierten de su debilidad analítica, su escasa articulación y su fideísmo un tanto delirante en los prodigios que derivarían de la posesión del Boletín Oficial del Estado.

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El muerto y el tabasco

Dicho con claridad: el Museo Canario, la institución fundada en 1879 por algunos egregios representantes de la muy modesta facción ilustrada y progresista de la burguesía de Las Palmas de Gran Canaria, arrastra una situación agónica desde hace cinco largos, asfixiantes, angustiosos años. Este arduo ejercicio de supervivencia, que ha llevado a reducir su pequeña plantilla, a restringir los horarios de acceso público a los servicios de hemeroteca, biblioteca y archivo, a renunciar a atender cualquier emergencia espacial, organizativa o tecnológica, es fruto directamente de la estúpida tacañería del Gobierno autonómico, cuya reducida aportación presupuestaria anual a las instituciones culturales del Archipiélago (en Tenerife podrían citarse el Ateneo de La Laguna o el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz) prácticamente ha desaparecido. Es un ahorro mezquino y cominero que atenta contra cualquier concepto de rentabilidad sociocultural: el Museo Canario supone un instrumento singularmente útil (más de 30.000 escolares y turistas lo visitan y más de 8.000 personas utilizan su biblioteca y salas de lectura cada año) a cambio de un coste llamativamente bajo. ¿Ahorro? El Ejecutivo regional cuenta entre su personal político con tres directores generales (Cultura, Cooperación y Patrimonio Cultural y Deportes) cuyas apocadas funciones y presupuestos podrían fundirse perfectamente en un único cargo, lo que supondría un ahorro superior a 100.000 euretes anuales.
Una diputada del PP afeó esta situación en el pleno parlamentario de ayer a la consejera de Políticas Sociales y Cultura, la señora Inés Rojas, quien respondió que mantenía conversaciones con don Gregorio Chil y Naranjo, eximio científico y fundador del Museo Canario fallecido en 1901, para solventar la situación. Una risera descomunal ha infectado en las últimas horas las redes sociales para burla y escarnio de la consejera. Desde luego, la señora Rojas representa una de las mayores catástrofes de gestión en el Gobierno de Paulino Rivero, una dolorosa impugnación de esa disparatada costumbre coalicionera de las cuotas insulares, una oportunidad que raramente falla para practicar la vergüenza ajena, pero he visto el video de su intervención en la Cámara y ningún diputado tuerce el gesto al escuchar su bochornoso despropósito. Se enteraron después. Si a la mayoría de los escandalizados les hubieras hablado de Chil y Naranjo hace un par de días lo hubieran tomado como una referencia a una marca de tabasco. Los del PP, concretamente, se han reído mucho. Que vuelva Rita Martín, ese prodigio político e intelectual que estuvo al frente de la Consejería de Turismo, para que nos explique el chiste y nos haga un resumen en tres folios de los Estudios históricos, climatológicos y patológicos de las Islas Canarias.

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Una reforma insignificante

Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, sigue empeñado en conquistar territorios adánicos donde pueda sonreír con inocencia y estirar la ideología como quien estira las piernas. Su última ocurrencia pasa por derogar la reforma express del artículo 135 de la Constitución que fraguaron en unos días los equipos de un agónico José Luis Rodríguez Zapatero y un venidero Mariano Rajoy. Las izquierdas, de inmediato, le han afeado lo que consideran un comportamiento mezquinamente oportunista, en una actitud que me parece básicamente religiosa: si te has equivocado, vienen a decir, no tienes derecho a enmendarte. Los sectores más calvinistas de las izquierdas (en IU y en Podemos) tienen claro que un maldito socialdemócrata peca simplemente por serlo. Estás condenado y punto. Incluso he podido leer a algún dirigente pablista recordar que todo el sufrimiento insondable que ha arrastrado este reforma constitucional no puede purgarse cambiando de opinión. Una reacción muy curiosa, porque el artículo establece, en su disposición adicional única, que los límites de déficit estructural entrarán en vigor a partir de 2020.

La reforma del artículo 135 de la Constitución española fue un gesto urdido por Rodríguez Zapatero para reafirmar ante los mercados de deuda, las agencias de calificación y los gobiernos europeos que el Gobierno español cumpliría con solvencia sus compromisos fiscales. El fantasma de la intervención de la economía española era por entonces aterradoramente real. Y la intervención supondría la pérdida del ya muy estrecho margen de maniobra política del Gobierno y un cañonazo a la línea de flotación de un sistema financiero y económico a punto de desplomarse. El contenido del artículo 135 no suponía de facto una nueva obligación legal. La limitación del déficit estructural, la prioridad en el pago de la deuda y el establecimiento de un techo de deuda pública para el Estado y las comunidades autonómicas ya estaban comprometidos por diversos tratados europeos de rango constitucional. Países como Suecia – ese anhelado espejo de políticas sociales y Estado de Bienestar – han introducido mecanismos de límite de deuda en sus constituciones y en su legislación general antes incluso de la crisis financiera de 2008.  Que la deuda pública española represente hoy casi el 100% del PIB no es suficiente, al parecer, para infundir una mínima reflexión — un fisco de prudencia — a los que creen que el Estado puede estirar el chicle de su endeudamiento hasta el infinito y más allá,

El profesor Pablo Iglesias podría perfectamente gobernar sin tocar o retocar excesivamente el actual artículo 135. Bastaría con que incrementara los ingresos fiscales del Estado – y las comunidades autonómicas – como nos ha advertido que se puede hacer desde una voluntad política rotunda e inteligente, a través de una reforma del sistema tributario y una reducción sustancial de la economía sumergida. El artículo 135, por ejemplo, no impide per se la renta básica universal. Lo impiden las propias capacidades económicas del país. Según los técnicos del Ministerio de Hacienda una RBU aplicada solo a los ciudadanos desempleados y/o en riesgo de exclusión social, exigiría 72.000 millones de euros anuales. Un 38% de todo lo recaudado recaudado en el año 2013.

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Diputuiter

En el vídeo – como en todos los anteriores de este peculiar subgénero audiovisual – se observa a la diputada Patricia Hernández preguntando solemnemente y con gran prosopopeya al ministro de Defensa sobre la agresión de un buque de la Armada española contra activistas de Greenpeace en aguas canarias. Cada vez que lanza una pregunta en el pleno del Congreso de los Diputados Hernández tarda menos de lo que cuesta elegir un candidato presidencial socialista en difundirlo por las redes sociales y, en especial, por twitter: ha conseguido así – y gracias a varias preguntas a diversos ministros sobre asuntos particularmente graves – la moderada notoriedad que disfruta en  Madrid y en Canarias. Pero las preguntas en el pleno de la Cámara Baja no representan la parte más sustancial del trabajo de un diputado. No hay nada particularmente heroico ni resolutivo en dirigirse a un ministro y, con una cuidadosa indignación contenida, un semblante severo, una ironía no precisamente deslumbrante, plantear una cuestión al responsable ministerial de turno. Leerse y estudiarse expedientes, estar inmejorablemente informado de la situación política, social y económica de sus representados, intervenir en la elaboración de leyes, presentar mociones, participar en equipos para diseñar textos alternativos, luchar en la elaboración de propuestas presupuestarias. Esa es la labor básica de un diputado que se toma su trabajo en serio. El abuso sistemático de las redes sociales para resaltar supuestos momentos de gloria solo contribuye a una trivialización de la acción política que está embadurnada de un personalismo a veces pueril y, por su propia naturaleza, siempre fugaz y cominero.
Ocurre, sin embargo, que este comportamiento de Patricia Hernández es casi una anécdota (aunque ilustrativa) en el PSC-PSOE. Porque en el PSC-PSOE, en la anterior legislatura autonómica, no se diga en la presente, se ha mostrado reiteradamente incapaz de presentar un análisis de Canarias en la peor encrucijada económica de su historia y perfilar un conjunto de alternativas, propuestas y acciones en el ámbito del reformismo socialdemócrata. Ni un solo documento ha pergeñado la dirección del PSC en los últimos seis años. Ni un miserable debate estratégico, programático, ideológico puede constatarse en el seno interno de la organización socialista transformada en un desolador erial político e intelectual. El PSC es hoy indistinguible de un ficus encantado de su insignificancia. El único producto relevante de la factoría PSOE  relativo al Archipiélago fue aquel Plan Estratégico de Canarias que los mismos socialistas isleños han olvidado a conciencia, tanto en sus diagnósticos, como en sus propuestas, como en los compromisos presupuestarios. Debe ser que no cabe en un tuir.

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La última oportunidad perdida

El pasado martes Mariano Rajoy le espetó a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, poco más o menos, que no le molestara con zarandajas sobre la reforma de la Constitución, que hay que ser serios y tal. Que en una situación como la que vive en este país su máximo responsable político, el presidente del Gobierno español,  exija seriedad a la oposición es hilarante. Nada de reformas constitucionales, por lo tanto, y no moleste usted, joven, que estamos muy ocupados. Debe reconocerse que la oferta para una reforma consensuada del secretario general del PSOE era un poquitín abstracta aunque llegaba con los buenos deseos federalizantes bajo el malherido sobaco socialdemócrata. Una reforma constitucional no puede ni debe reducirse a la postura postiza y reactiva frente a un problema político concreto y complejo, como es ahora Cataluña, donde el soberanismo ha traspasado, muy probablemente, la línea de cualquier solución de mutuo acuerdo para la continuidad catalana en el Estado español. Una reforma constitucional debe plantear el rediseño de las instituciones públicas y de las relaciones políticas, financieras y fiscales entre el Gobierno central y las comunidades autonómicas, entre otros graves y complejos asuntos. El PP no quiere oír hablar de este proceso y al PSOE se le supone voluntad, pero evita como el fuego mayores precisiones. Por ultimo, una reforma constitucional como la que le urge al país no puede negociarse y aprobarse en el lapso de un año escaso, que lo que resta de legislatura, sin contar con unas elecciones autonómicas y locales a la vuelta de la esquina. Los dos partidos hegemónicos de la política española han perdido una oportunidad excepcional para actuar como instrumentos políticos capaces de una reforma inteligente y solvente del establishment.  Han obviado los incentivos estratégicos para emprenderla a fin de apurar todas las ventajas del status quo desde un cortoplacismo suicida. Y lo van a pagar política y electoralmente.
Conservadores y socialistas ni siquiera han conseguido trenzar un compromiso de transparencia sobre los viajes y desplazamientos de diputados y senadores con dinero público después del flatulento escándalo de José Antonio Monago. Lo que han decidido es que los grupos parlamentarios se convertirán en custodios y fiscalizadores de los billetes de avión, tren o trineo siberiano que consuman sus señorías. Los ciudadanos no podrán acceder a la información al respecto directamente, como ocurre con los votantes británicos o alemanes. El PP y el PSOE trabajan activamente para profundizar la crisis de legitimidad política de un Estado cuyo entramado institucional se muestra cada vez más ineficaz, más ineficiente, más ocupado prioritariamente en su propia autorreproducción

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