Unos humoristas que trabajan, al parecer, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en colaboración con algunos colegas muy chistosos de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universidad de Burgos ha concluido en un estudio titulado  Consenso que el Parlamento de Canarias es “líder nacional en consenso, acuerdo y diálogo”. Para llegar a esta muy sorprendente tesis los humoristas se han basado en un curioso método: medir la proporción de votos afirmativos y abstenciones en todas las iniciativas legislativas de los parlamentos autonómicos entre 1980 y 2021 sobre el total de los votos emitidos por término medio por cada ley. Gracias a tan rumbosa ecuación el Parlamento canario puede presumir de una capacidad de diálogo y consenso que lo sitúan entre la Atenas de Pericles y la Cámara de los Comunes en 1940 aproximadamente.  El presidente de la Cámara regional, Gustavo Matos, no ha podido no emocionarse y sobre todo, no ha conseguido evitar referirse a los últimos tres años, que coinciden sin duda casualmente con su mandato, para describirlos como un periodo “en el que priman la negociación y el acuerdo gracias al trabajo y el compromiso de diputados y diputadas”.

Que un Ministerio sufrague paparruchadas como esta no es especialmente escandaloso, que nos lo lleguemos a tomar en serio se me antoja ya más preocupante. El consenso no es el objetivo estratégico legitimador de una democracia representativa, aunque se suela caracterizar  a las democracias parlamentarias como regímenes consensuales. La democracia parlamentaria necesita el acuerdo para trenzar mayorías y aprobar leyes, y fabrica por sí sola un fuerte consenso simbólico alrededor de un conjunto de valores políticos y cívicos que le conceden sentido y pertinencia. Pero el consenso no es –ni puede ni debe — ser universal. La salud democrática de un país no es más inequívoca cuanto mayor sea el acuerdo entre los representantes del pueblo. El disenso es igualmente un valor democrático irrenunciable, y sin disenso tampoco puede hablarse de democracia. Es precisamente en la tensión entre consenso y el disenso en la que se constituye y renueva la democracia representativa diariamente. Ambos son imprescindibles, en una suerte de diálogo ondulante, desigual, a menudo insatisfactorio, para fortalecer las libertades, reconocer y potenciar el pluralismo, impulsar los procesos de democratización. Orillar el disenso te impide evaluar analíticamente la calidad democrática de un sistema político. Es simplemente trampear la realidad. En el estudio de marras capitaneado por la UNED solo registran un parlamento autónomo con mayor consenso que Canarias según los humoristas: el de Cataluña. Precisamente el de Cataluña.

Respecto a la actual legislatura autonómica no es el consenso, precisamente, lo que ha primado en los últimos tres años. Canarias ha vivido una crisis social y económica singularmente dura a causa de la pandemia del covid, que congeló el turismo y los subsectores anexos, su motor económico más potente. Luego llegó la catástrofe volcánica en La Palma. Los partidos firmaron, en efecto, un intento de consenso, el Plan Reactiva Canarias, pero ese acuerdo no se ha trasladado de facto a la dinámica parlamentaria. Lo mismo ocurre – en medio de una situación estructuralmente muy frágil todavía – con el mismo seguimiento de la pandemia, con la política agraria y ganadera, con la estrategia fiscal o los grandes proyectos de inversión que nunca llegan. En una situación excepcional los grandes acuerdos no llegan ni se les espera ya cuando falta menos de un año para las próximas elecciones. Ni el Gobierno, ni los partidos, ni el Parlamento ha estado a la altura. Pero es al primer agende a quien le corresponde la máxima responsabilidad. Viven encapsulados en una propaganda incesante y el único consenso que practican es consigo mismos.