Un conjunto de asuntos (casi siempre interrelacionados) reciben poca, nula o muy tópica atención en el debate político del espacio público canario. Estos son algunos de los más acuciantes:

1. Productividad mengüante. La productividad de la economía canaria (vale decir: de sus empresas) lleva cayendo hace un cuarto de siglo. En realidad más. Casi las dos terceras partes de las empresas isleñas, con independencia de su sector, no implementa ninguna estrategia para aumentar su productividad. Esta situación es particularmente sangrante en el sector servicios. Los canarios con empleo están entre los españoles que más horas trabajan al año pero que menos productividad consiguen por hora trabajada. Las canarias son empresas muy poco competitivas. Esa es una razón fundamental que explica el modesto crecimiento acumulado (con periodos excepcionales) del PIB per cápita canario en el contexto español.
2. La maldición de las pymes. En la literatura patronal y periodística, las pymes son presentadas como heroínas rodeadas de incomprensión, ínfulas, desprecios, putadas y dificultades, y que, sin embargo, siguen adelante valerosamente, inasequibles al desaliento. Bueno, no es cierto del todo: en Canarias abren y cierran cientos de pymes y micropymes incluso en los años más prósperos. Lo cierto es que por lo general la ambición de una empresa se cifra en su crecimiento y expansión: solo con medianas y grandes empresas se incrementa precisamente la productividad: mayor demanda de empleo cualificado, mayor inversión en I+D+i, mayor desarrollo organizacional y tecnológico, mayor flexibilidad adaptativa, mayor territorialización activa de la economía. Un sistema económico basado en las pymes es, en general, un sistema económico basado en el estancamiento. Por supuesto, los grandes hoteles y cadenas hoteleras desplegadas en Canarias son otra cosa. Pero en un porcentaje abrumadoramente alto su capital es foráneo. Por otro lado, ¿cómo pensar siquiera, en estas condiciones, en una internacionalización de las empresas canarias? Para eso también sería necesario un conjunto de políticas activas en la estrategia económica del Gobierno regional, que en cambio está obsesionado, desde hace dos generaciones, en buscar y anclar «compensaciones» por la lejanía y la ultraperificidad de Canarias. 
3. Divertirse con la diversificación económica. El gran mantra del debate económico en Canarias en los últimos cuarenta años, pero especialmente intenso desde la llegada del nuevo siglo. El impulso diversificador como un dios salvador al que le rezaran fervientemente una caterva de ateos. Urge saber lo que ocurre cuando un territorio que dispone además de herramientas y mecanismos económicos y fiscales para atraer la inversión fracasa tan miserablemente –el caso de la ZEC es particularmente sangrante o hilarante –. Por supuesto, lo que falla es la ausencia de potencia y coordinación entre políticas industriales, educativas y fiscales en las que se sienta concernido el empresariado local. ¿Cómo una ciudad como Málaga haya conseguido atraer en su parque tecnológico a más de 600 empresas, incluyendo, entre los últimos proyectos, inversiones de gigantes como Google y Vodafone, y en Canarias nada de nada, menos que nada? Los malagueños lo han conseguido en la última década convirtiéndose, al mismo tiempo, en un floreciente destino turístico, con cerca de 20 millones de visitantes en 2019. ¿Dónde falla la competitividad territorial de Canarias y cuáles son los gusanos que devoran su atractivo para proyectos empresariales ambiciosos? ¿Para cuándo una autocrítica rigurosa de los poderes públicos y de la élite empresarial? ¿Para cuándo un diagnóstico realista de los incentivos económicos y fiscales de Canarias como instrumento para la inversión local, nacional y extranjera? Y una pregunta añadida: ¿se puede diversificar sólidamente un sistema económico como el canario sin que las economías insulares se vertebren en un mercado regional más o menos eficiente? ¿Qué lo impide? 
4. Desempleo estructural cronificado como realidad asumible. O no. Desde principios de los años setenta Canarias desconoce el pleno empleo. La mejor cifra corresponde a 2007: 10% de la población activa en paro, un porcentaje escandaloso en cualquier país desarrollado. Las prospectivas más esperanzadoras después de la pandemia señalan un 15% de desempleo para el segundo semestre de 2023. ¿Hay que asumir que los desempleados mayores de 55 años no encontrará empleo jamás y actuar en consecuencia? ¿Canarias no necesita urgentemente – con sus disparatadas, sangrantes cifras de paro – una reforma del mercado laboral más que cualquier otra comunidad del Estado español? ¿Cuándo podrá decirse que si en el plazo de menos de veinte años se instalan en las islas más de 400.000 personas atraídas por sucesivas coyunturas de prosperidad el empleo que se cree en el país siempre será insuficiente?

   5. Reforma de la administración autonómica: el olvido que seremos. La ley que ordena, organiza y regula la administración de la Comunidad autonómica es de 1987. Primer gobierno de la Autonomía, presidido por Jerónimo Saavedra. Por supuesto que se han producido agregados y algunas modificaciones, pero lo cierto es que la administración pública autonómica se rige por una norma de 1987.  En cerca de 35 años se han producido un conjunto de cambios legislativos y reglamentarios, políticos e institucionales, técnico-administrativos y tecnológicos realmente impresionantes, y a medida que pasaba el tiempo, y sin desmerecer personalidades y equipos de funcionarios solventes y muy profesionalizados, la calidad de la administración autonómica, obviamente, empeoraba. Cualquier reforma económica, social, urbanística o medioambiental demanda previamente la articulación e impulso para una administración pública más ágil, más eficaz y eficiente, más rápida y proactiva y que, por supuesto, no sea tratada como botín electoral por los partidos que gobiernen. La auténtica voluntad reformista de los dirigentes políticos isleños comienza a ser inverosímil cuando la reforma del sistema administrativo no figura entre sus prioridades básicas. En el fondo (y sin escarbar demasiado) está el temor de los partidos y sus líderes al misoneísmo de los funcionarios –son más sesenta mil votos, sin contar con los de familiares y allegados – y de los sindicatos, cuyas preces y liturgias solo conservan cierto poder e influencia, precisamente, en las administraciones públicas. Algún lenguaraz diría que la mayor parte de los funcionarios públicos y todas las organizaciones sindicales militan contra cualquier reforma de la administración, algo que un servidor no escribiría jamás.

   6. El olímpico y batatero desprecio a la defensa militar y a la posición geoestratégica de Canarias. Pregúntenle a cualquier diputado del Parlamento de Canarias –por poner un ejemplo – cuántos soldados de las Fuerzas Armadas españolas defienden el territorio de Canarias. Apostaría lo que llevara encima (poco) que ninguno daría una respuesta siquiera aproximadamente correcta. En la esfera pública a nadie, a absolutamente nadie parecen interesar la defensa militar de Canarias, algo tan asombrosamente estúpido que linda con lo increíble. Esta oligofrenia universal está alimentada por la falta de conflictos militares graves en la zona desde hace más de medio siglo. Recuerdo perfectamente (porque también estuve ahí, desgañitándome) las manifestaciones contra la adhesión de España (y Canarias) a la OTAN en 1984, 985, 1986. Nos manifestábamos –lo escuchábamos a genios tutelares mientras la lluvia nos erizaba el cogote en Los Rodeos – porque la entrada en la OTAN significaría, lisa y llanamente, la militarización de las islas. Actualmente entre mandos, oficiales y tropa se contabilizar poco más de 6.500 profesionales, a los que hay que sumar alrededor de otras 2.000 personas de personal civil. Aquí viven más de 2.200.000 ciudadanos, con lo que la militarización de las islas se antoja una ligera exageración. Es un poco cómico leer en la prensa local que la implantación del Mando de Presencia y Vigilancia Terrestre en Canarias – también opera en Valencia y en Ceuta y Melilla – “no son más que una muestra más de ese influyente papel de las islas en la estructura militar española y de la sus aliados”. Canarias apenas tiene estructura militar para defenderse a sí misma, ni desde un punto de vista aéreo ni desde un punto de vista naval. Marruecos y Argelia, en cambio, son países que han modernizado sus fuerzas armadas en la última década mirándose de soslayo (carros de combate, cazabombarderos, helicópteros, fragatas). El expansionismo marroquí no se saciará con el control del Sáhara y seguirá presionando y rearmándose en años venideros. No es irreal ni melodramático el escenario de un conflicto futuro en el Magreb y la multiplicación de conflictos militares y conflictos civiles al sur.  Pero es un asunto del que no se habla jamás en el debate político isleño. Como si las islas fueran uno de los cantones de la Confederación Helvética.  Avestrucismo puro y duro.

   7.  El drama explosivo de la dependencia energética. En el futuro que ya está aquí — analicen su factura eléctrica el próximo mes — la producción y consumo de energía será una batalla cotidiana por la supervivencia de una sociedad desarrollada, compleja y de alto consumo. Una de las mayores fragilidades estructurales del modelo económico canario, precisamente, es su dependencia energética. Nuestra factura eléctrica es cara. Los avances de la última década en el desarrollo de energías alternativas han sido positivos, pero insuficientes. El gas — y también el petróleo –entran en una espiral de precios muy difícilmente controlable. Si los fondos Next Generation tendrían sentido en Canarias es en la inversión en energías alternativas, como el hub de hidrógeno verde que comandan Enagás y Disa y que serviría de mecanismo de tracción para reimpulsar la energía solar y la eólica. Si en este terreno no se toman decisiones inmediatas — en muy pocos años — Canarias  — y sus expectativas de crecimiento y modernización económica más concretamente — va a sufrir mucho en un contexto de una energía de combustible fósil cada vez más cara y volátil.