No comprendo bien la razón que lleva a muchos periodistas isleños a afirmar que el desempleo ha bajado en Canarias en 9.300 personas. En absoluto es así. Según la EPA en el primer trimestre del año se destruyeron en esta comunidad autonómica 1.500 puestos de trabajo y solo la disminución de la población activa – es decir, de aquellos en edad de currar que han abandonado la búsqueda de empleo o han emigrado —  que se cifra en 10.400 hastiados explica el dato falsamente positivo. Que en un país desarrollado “caiga” el desempleo por un acentuada disminución de la población activa suele ser una pésima, cuando no pavorosa señal.
De modo que en España –incluida Canarias –se sigue destruyendo empleo en términos anuales: casi 80.000. Se han perdido prácticamente todos los modestísimos avances de los últimos trimestres. Son más de 3.650.000 los desempleados de larga duración, aquellos que llevan más de un año buscando trabajo y ya suman casi dos millones los hogares en los que todos sus miembros están registrados en el paro. La precarización del empleo es abrumadora – se ha roto cinco veces más contratos a tiempo completo que a tiempo parcial – y donde más puestos de trabajo se destruyen es, precisamente, en la industria y el sector servicios, donde supuestamente debería tirar más la milagrosa demanda exterior, pero las prodigiosas exportaciones del pasado año se han desinflado sin que nadie les volviera a prestar atención. Curiosa manera de liderar la bajada de desempleo en Europa, según ha repetido en las últimas semanas la ministra Fátima Báñez, que duerme una ininterrumpida siesta desde la aprobación de su mefítica e ineficaz reforma laboral. Políticas activas de empleo, cero.
Ayer le preguntaron a Mariano Rajoy en los pasillos del Congreso de los Diputados acerca de estas maravillas y respondió: “Estoy muy contento…Vamos bien…Y en el futuro iremos mejor”. Un admirable cuajo el del señor presidente si se recuerda que durante su mandato han aumentado en más de millón y medio los parados. Este pachorrudo registrador de la propiedad cree que recortando gasto donde no debe y aumentándolo donde no tiene pues se pasa el rato hasta que escampe. Por enésima vez: no va a escampar. Y lo que está en juego no es solo el pan y la dignidad de millones de personas sino la viabilidad económica de un país con una cohesión social malherida y un fragilizado sistema democrático que se acerca a una crisis de legitimación.

(El gráfico, basado en los datos de la EPE, es obra de Jorge Galindo, de politikon.es)