Hay algo patético en imaginar a Carmelo El Chico pidiendo las facturas de todas las áreas del Cabildo de Gran Canaria a favor de la productora de Olga Cerpa y Mestisay. En realidad lo más infortunado es el propio Carmelo Ramírez, cuyo curro siempre ha consistido en limpiar la basura de sus señoritos, y que lleva ininterrumpidamente desde 1979 ocupando cargos públicos: alcalde de Santa Lucía de Tirajana, diputado del Parlamento de Canarias, vicepresidente y consejero del Cabildo de Gran Canaria. Hace tiempo, sin embargo, alcanzó su nivel de incompetencia, y ahora es consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Institucional (nada menos) en el  Cabildo grancanario, lo que le deje bastante tiempo libre para cumplir con sus funciones en la gestión de residuos morales y blanqueamiento político. Ramírez, por ejemplo, blasona de su compromiso con el pueblo saharaui y lleva a gala que Santa Lucía fue el primer ayuntamiento de España que se hermanó con otros municipios del Sahara ocupado. Cuando Pedro Sánchez, a espaldas de la opinión pública, de las Cortes y de su propio gobierno decidió abandonar la posición tradicional española y apoyar la marroquinización del Sáhara,  el encargado de explicar que aquí no ha pasado nada y que Nueva Canarias sigue siendo lo más saharaui del mundo fue, por supuesto, Carmelo Ramírez. Que su partido siguiera apoyando indesmayablemente al PSOE en Madrid y en Canarias era lo de menos. Agitaron a Ramírez como la conciencia solidaria con los  saharauis para distraer, como quien agita un pañuelito, sobre la obvia decisión de seguir con los glúteos canaristas en el poder y en la mayoría del poder.

Cuando un político profesional se presta a eso – a utilizar lo más noble de su legado para opacar el cinismo supurante de su partido – ya tiene la senda despejada para muchas otras cosas. Incluso para intentar presentar a uno de los grandes grupos musicales de Canarias, autor de una excepcional obra desplegada durante décadas de amor incansable por nuestra herencia cultural y proyectada en una veintena de producciones discográficas en unos muertos de hambre que se dedican a asaltar las administraciones públicas para succionar pasta.  La extraordinaria desvergüenza que hay que reunir para atacar de este modo a Mestisay habla de una catadura moral difícil de encontrar incluso en el muladar político que sufrimos a diario. Ya los miembros del grupo han respondido puntualmente al supuesto trato de favor que han recibido desde las administraciones públicas y que, de hacer caso a los juegos de manos de Ramírez, les debiera haber convertido en millonarios. Cualquiera puede leerlo en la prensa en los últimos días. Cualquiera puede atestiguar que lo proferido por el consejero Ramírez, de profesión sus cooperaciones y solidaridades, tiene todo el sabor de una bajeza que no debería permitirse un cargo público con una mínimo respeto personal e institucional hacia la corporación a la que sirve.

El origen de esta diatriba ruin e injustificable, emitida con esa expresión de perpetuo dolor gastrointestinal que adorna el rostro patriota del señor Ramírez,  no es lo que ha cobrado Mestisay del Cabildo y de los ayuntamientos isleños en los últimos cinco, diez o veinte años, sino el posicionamiento político de los músicos contra el proyecto – ya desgraciadamente en ejecución – del Salto de Chira, una chifladura megalomaniaca, dañina y tecnológicamente anacrónica que amenaza el barranco de Arguineguín. Ese atrevimiento no podía quedar impune y como Antonio Morales es un genio napoleónico lo único que se le ocurre es quitarle conciertos y afirmar a continuación que se les ha pagado muchísimo dinero. Pronto nos enteraremos de que estos músicos beben ron importado, solo comen caviar gomero y disponen de agua caliente en sus casas. Es un escándalo y menos mal que contamos con Carmelo Ramírez para ponerse de puntillas y desenmarcararlos.