Estoy aplastado en la tribuna de prensa del Parlamento de Canarias. Sobre mí, como sobre el espinazo de todos los presentes, caen las decenas, cientos, miles de millones que el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, anuncia un día tras otro desde que salimos del confinamiento pandémico. No sé cuánto dinero es ya. Un río de euros incesante que salen triunfalmente de la boca de Rodríguez para salpicarnos de gozo y dejar claro a la oposición que no tiene nada que hacer y a los ciudadanos que no hay que preocuparse: Dios (es decir, el Gobierno) proveerá. Y entonces se consolida mi convicción de que esto no va a salir bien. No quiero decir que, necesariamente, todo este dineral esté cebando una catástrofe, pero no se van a conseguir los objetivos que cacarea el vicepresidente, más retóricos que económicos. En primer lugar la administración autonómica – por no hablar de cabildos y ayuntamientos – no está en condiciones –y me refiero a condiciones técnico-administrativas y organizacionales– de gastar toda esa pasta. ¿Recuerdan esos 1.144 millones en ayudas directas a pymes y autónomos transferidos por el Gobierno central? “Canarias recibirá más dinero que nadie y más que nunca”, gritó entusiasmado Román Rodríguez. Pues bien: el plazo de solicitud se cerró el 28 de julio, y hasta el día de hoy, dos meses después, solo se habían concedido 100 millones. Lo mejor hubiera sido, por supuesto, y tal y como se ha hecho en Estados Unidos, Alemania o Japón, que el propio Estado inyectase este dinero a las empresas desde el conocimiento que tiene el Ministerio de Hacienda de su situación fiscal. Se manda un cheque o se hace un ingreso en la cuenta corriente y sanseacabó. En el hispánico modo se actúa como si esto no fuera una emergencia y las pymes pudieran esperar semanas o incluso meses para disponer de una mínima liquidez. Pese a la ayuda de las Cámaras de Comercio se está haciendo mal, y no por ánimo destructivo o deliberada torpeza: sencillamente los procedimientos administrativos tradicionales son demasiado lentos,  torpes y, en este caso, letales, para una intervención de esta naturaleza.

Pero no es solo eso. En los análisis – o los tropos – del vicepresidente Rodríguez está un fondo perturbador, un fondo ligeramente turbio en el que late la confianza de que el Estado –en este caso la comunidad autonómica – puede y debe jugar a la ingeniería económica y empresarial desde la gestión de fondos financieros muy amplios, como los asignados por la Unión Europea y el propio Gobierno central. Este Gobierno de Canarias, el presidido por Ángel Víctor Torres, es el más poderoso e influyente de toda la crónica autonómica, y tiene a la élite empresarial comiéndole de la mano y a una sociedad civil complaciente y temerosa que no se ha reorganizado y galvanizado por la crisis sino que, muy al contrario, se ha acurrucado en su propia debilidad, una sociedad civil agotada que anhela una gubernalización sistemática las actividades económicas como única vía de salvación. Por eso es tan ridículo, por mencionar solo una estridencia, que Podemos proteste por las campañas contra el Gobierno de Canarias. A este Gobierno ningún poder está en condiciones de hacerle una campaña. Dentro del Gobierno y su zona de influencia estás relativamente a salvo de la catástrofe, fuera crece una oscuridad en la que no hay salvación y como explican las Escrituras, “la noche de Dios es infinita”.

El consejero de Hacienda suele repetir eso de las políticas anticíclicas que le enseñó el vice Fermín Delgado hace varias legislatura, pero es falso. El Gobierno canario no hace políticas económicas anticíclicas. Si ni siquiera sabemos aún si algún proyecto de inversión en las islas será respaldado por los fondos Next Generation. Políticas anticíclicas no son ayudas a pyme, prolongación de los ertes o esmaltar una y otra vez el escudo social, sino crear viviendas, sustituir infraestructuras,  levantar colegios, rehabilitar de edificios y entornos urbanos: dinamización de la economía real y creación de empleo. Y eso ni está ni se le espera.