Domingo González Arroyo se atrincheró ayer durante dos o tres horas en el ayuntamiento de La Oliva – una extensión de sus oficinas comerciales durante lustros – y se puso a firmar decretos como un descosido. Decretos que no valían ni el papel en el que estaban impresos porque, después de agotar todas las maniobras dilatorias al alcance de su mano, la Junta Electoral Central había ordenado que dimitiera tras ser condenado por un delito de prevaricación. La fanfarronería de González Arroyo – que es apenas un eructo de su concienzudo desprecio a la legalidad – se disolvió al instante cuando le informaron que se había llamado a la Guardia Civil para sacarlo del despacho que había invadido alevosamente. Entonces salió por patas a toda velocidad por una puerta lateral. A partir de primera hora de la tarde no se registran más noticias fiables. Unos dicen que González Arroyo apareció de nuevo, en cuerpo o espíritu, por los pasillos del ayuntamiento; otros juran que no ha presentado su dimisión aun.

La carrera política del apócrifo Marqués de La Oliva comenzó en el franquismo, cuando, allá por los años sesenta, fue designado concejal de La Oliva por el tercio familiar. Después, durante la democracia parlamentaria, y como militante – y financiador de campañas – del CDS, del CCI, del Partido Popular y de su chiringuito ergonómico, el Partido Progresista Majorero, González Arroyo completó casi un cuarto de siglo en la Alcaldía, desde donde hizo su sacrosanta voluntad (económica, urbanística, organizativa, crediticia, laboralmente) sin admitir ningún tipo de cortapisas. Contrató como alcalde a sus propias empresas, mantuvo abierta una televisión ilegal, manipuló el sistema de concesión de licencias urbanísticas, contrató a un electricista para realizar informes de obras, ha sido imputado varias veces en distintos procesos judiciales, ha llamado “hembra desfondada” a una concejal socialista y criticado las minifaldas de una concejal nacionalista, ha ofrecido “un kilito” a un edil de La Antigua, en sus tiempos de presidente del PP de Fuerteventura, para sumarse a una moción de censura y, en este mandato, ha amenazado a un concejal de la oposición en el transcurso de un pleno. Durante cinco legislaturas fue diputado autonómico y recuerdo una vez, en los locos noventa, en la que nos enseñó a un grupo de periodistas, en un pasillo del Parlamento de Canarias, que llevaba una pistola encima. Sí, sin duda es un alivio que González Arroyo desaparezca de la política. Pero no lo han echado los electores. Los electores le colmaron durante años de mayorías absolutas y solo cuando el cuerno de la abundancia comenzó a secarse el Marqués empezó a perder apoyos. Porque nunca fue un extraterrestre que usurpara una Alcaldía entre el terror de sus convecinos. La zafia brutalidad de González Arroyo, su pútrido desgobierno, su ineficaz y maloliente gestión, fue bendecida una y otra vez por una mayoría que no quería entrar en los detalles y por unos partidos políticos (en especial el  PP)  que apladieron.  Como suele pasar con las mayorías, cómplices satisfechos de aquellos que les engañan, les adulan, les roban.