Si se emprendiera –cosa harto improbable – una reforma de la Carta Magna de 1978 durante los próximos años la conferencia de presidentes autonómicos debería ser constitucionalizada, como demanda la estructura cuasifederal del Estado español. Por el momento la insuficiencia mayoría parlamentaria del PP y la evolución de la hacienda española durante la interminable crisis económica – que ya no es una crisis, sino un cambio de paradigma político y una deconstrucción del Estado de Bienestar – han propiciado una reunión de esta conferencia territorial, con las excusas majaderas de los que gobiernan en Cataluña y el País Vasco, con el objetivo básico de avanzar hacia el consenso de un nuevo sistema de financiación autonómica. El último compromiso financiero del Gobierno central con las comunidades autonómicas se produjo durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y ha resultado bastante desastrosa para Canarias. Cuando el Gobierno regional repite hasta la naúsea que cada canario recibe 1.570 euros anuales menos que lo que recibe de media cada español en los presupuestos generales del Estado olvida que Coalición Canaria bendijo el muy deficiente sistema de financiación que ha conducido a esta situación.
Lo cierto es que España está obligada a cumplir su compromiso de consolidación fiscal con Bruselas reduciendo su déficit al 3,1% del PIB antes de finalizar 2017. Hace un par de meses Cristóbal Montoro aseguró que la mejora de la recaudación – y la inercia de las medidas económicas y fiscales ya adoptadas – conseguirían que se llegue al 3,6%, y esas cinco décimas que se resisten significarán un recorte presupuestario de unos 5.500 millones de euros aproximadamente. Es difícil que Canarias – ni nadie –consiga mejorar su financiación, aunque se intente por la vía de que los recursos del REF no se computen como financiación general: ese es un criterio político y no contable. El Gobierno autonómico solo tendrá una oportunidad de mejorar ligeramente (o no) la financiación de la comunidad si deviene imposible un acuerdo presupuestario entre el PP y el PSOE y Mariano Rajoy y su equipo se ven obligados a pactar con Ciudadanos, en cuyo caso necesitarán el auxilio de los votos del PNV y de CC.
En todo caso vale la pena hacer una reflexión. Ciertamente a Canarias le urge una mejor financiación para que los sistemas públicos de educación y sanidad puedan respirar tras un largo y angustioso periodo de asfixia económica. Pero resulta realmente curioso que con mejor o peor financiación, con convenios generosos o con presupuestos ajustados, este pequeño país se enfrente a un desempleo estructural excepcional en Europa – actualmente superior al 28% de la población activa y nunca inferior al 10% desde los años noventa –, a salarios entre los más bajos de España, a una concentración de renta escandalosa y a una desigualdad galopante. Mientras este  doloroso escenario no cambie – y lleva un cuarto de siglo sin cambiar sustancialmente – Canarias verá aumentar cada vez más su dependencia financiera de los presupuestos generales del Estado para pagar sus servicios sociales y asistenciales. Es un curioso nacionalismo el que consigue aumentar más la dependencia financiera al Estado año tras año, legislatura tras legislatura. Pocos empleos, mal pagados y escasamente productivos se traducen en un consumo débil, en una recaudación fiscal misérrima, en unas asignaciones para la jubilación claramente insuficientes para garantizar las pensiones de pasado mañana. A un proyecto dizque nacionalista este horizonte le debería intranquilizar, tanto como debería entender que ganar una batallita en la financiación estatal no supone consolidar Canarias como una comunidad política y económicamente viable.