Una vez, en alguna red social, le recordé a la señora María Franquet su sueldo (cobra unos 84.000 euros anuales, más que el presidente del Gobierno autónomo) y me respondió, con un prodigioso ingenio,  que al menos su retribución era pública, tal vez reclamando que adjuntara mi declaración de Hacienda en cada columna,  quizás insinuando que me pagan poderes ocultos a través de cuentas en paraísos fiscales, otrosí porque no se le ocurría nada. Lo tercero –teniendo en cuenta su trayectoria política — es lo más probable. Franquet suele responder a cualquier crítica con la descalificación, y cuando no le alcanza la descalificación, utiliza el insulto, y si finalmente si el insulto no basta, opta por la victimización. Siempre van a por ella. No insistiré en lo ya muy conocido, es decir, en esas tres palabras de su biografía oficial tal y como reza en la web del Cabildo de Tenerife y que pretenden ser una síntesis de su curriculum académico y su experiencia profesional: consultora de igualdad.  Esa no es la causa de su limitada y paupérrima capacidad como gestora pública, sino más bien su efecto.

Mi modesta hipótesis Franquet – que procura encontrar una explicación a la existencia misma de una clase de político que puede prescindir de conocimiento, de destrezas, de sentido institucional e incluso de una mínima empatía – se incardina, por supuesto, en el horroroso sistema de selección de las élites políticas en España y en Canaria. Los partidos –supuestos instrumentos de participación en los asuntos públicos — han devenido ámbitos cerrados en los que cuenta únicamente la participación en un grupo influyente capaz de negociar cuotas en cargos y candidaturas a cambio de la lealtad perruna al jefe de turno.  No hay más. No se valora ni el prestigio profesional ni la experiencia laboral ni la solidez académica; cualquier brillantez se considera sospechosa, cuando no directamente vituperable. El PSOE canario llegó a presentar como candidata presidencial a Patricia Hernández, que carecía de cualquier experiencia de gestión, por modesta que sea, en el mundo empresarial o en la administración pública. Si eso puede ocurrir no hay nada de extraño en que Franquet – en las Juventudes Socialistas desde los 14 años — se haya profesionalizado como política. Jamás ha dependido de sus propios electores para vivir de esto: basta con que te pongan los jefes en puestos tan inverosímiles como la jefatura del gabinete de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, en el Instituto Canario de Igualdad o ahora en el Cabildo de Tenerife. Por supuesto, convertir el aparatismo en una virtud democrática, adherirse a los ganadores o jurar amor incondicional a los superiores que distribuyen el maná no son rasgos exclusivos del PSOE. Es una lepra que infecta a todas las fuerzas políticas.

Por eso la señora Franquet no temió nada de los trabajadores de Ansina antes y ahora nada teme de los trabajadores del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Si los empleados del IASS denuncian una y otra vez la carencia de personal y de material básico para atender a los enfermos o dependientes – sábanas o palanganas, por ejemplo – a Franquet le importa un rábano y es ella la que se indigna con los representantes sindicales quienes, por supuesto, están manipulados por Coalición Canaria, porque entre Carlos Alonso y Comisiones Obreras existe un pacto de sangre firmado en el castillo de los Cárpatos. Si es necesario Franquet aconsejará a los trabajadores a acudir a los juzgados para que denuncien a sus propios centros o mejor, incluso, a sí mismos, como maltratadores de ancianos. Cualquier mezquino cinismo antes que admitir la evidencia de una gestión torpe y gandula y sentarse a negociar. Porque Franquet cobra como cargo público, pero ejerce como militante del PSOE y activista de sí misma: su verdadera vocación política. Por así decirlo.