Hay gente horrorizada por el fin de los tiempos. Creo que debemos desterrar semejante neurosis. Mejor descreer de cualquier épica embriagadora. “Le tocó, como a todos los hombres, malos tiempos en los que vivir”, comentaba Borges de un poeta bisabuelo suyo, y los más viejos y mejor instruidos del lugar saben que, no hace tanto, se vivieron tiempos aquí más oscuros, ásperos y menesterosos. Habría que huir de los que creen que todo se derrumbará en un ciclón de catástrofes o los que esperan que el asalto al cielo se consume por K.O democrático. Modestamente no creo en las revoluciones. Tampoco en las que se pretende realizar a través de las urnas. De lo que se trata en de desinfectar el debate político, precisamente, de cualquier fideísmo. La sentimentalización de la política es algo nauseabundo y representa la otra cara de la moneda de curso actual: el indescriptible cinismo de los ganadores de siempre y de los que se engalanan con representar a los que siempre han perdido. No crean a los que prometen acabar con la corrupción política cuando cada día uno de los suyos es imputado o ingresa en prisión; no crean a los que sostienen que finiquitar la corrupción política (o los desahucios, la deuda pública, el desempleo o la exclusión social) puede hacerse de un plumazo, firmando un decreto o frangollando unos presupuestos públicos tramposos. Simplemente es la hora de las reformas políticas y administrativas que garanticen el funcionamiento más o menos decente y eficiente de un Estado democrático como el definido en la Constitución de 1978, la apertura a una participación política más amplia y transparente y la adaptación de un Estado de Bienestar para el siglo XXI: educación, sanidad y servicios sociales. Nada más y nada menos que eso.

Y existen análisis, propuestas y experiencia política acumulada en Europa y en América. Uno de los ejes prioritarios de un plan de reformas pasa, por supuesto, por amputar la feroz politización – partidización — de organismos y administraciones públicas, que toda la literatura politológica asocia al crecimiento de la corrupción política. Algunos opinan, en fin, que esto se resuelve con presupuestos participativos y otras zarandajas democratoides, pero en los países con menos corrupción política (Suecia o Nueva Zelanda) tienen otras fórmulas. Por ejemplo, en las administraciones municipales, contratando a un equipo de gestión con objetivos concretos y presupuestos inamovibles que fiscalizan los concejales, a los que se reserva una función normativa y reglamentaria. En una ciudad sueca de la población como Santa Cruz o Las Palmas, el alcalde solo pude nombrar a tres o cuatro cargos públicos. Es francamente difícil corromperse así.