Los incendios forestales causan pavor, desolación y pesadumbre en cualquier sitio, pero estos sentimientos son particularmente intensos en estas ínsulas. Quizás porque esta todavía era una sociedad mayoritariamente rural hace apenas medio siglo y persisten aun fuertes lazos simbólicos con el campo y la naturaleza; tal vez porque, intuitivamente, los isleños temen por los pocos ecosistemas relativamente incontaminados que nos quedan. El hecho es que los incendios forestales, en Canarias, siempre se evalúan y viven como catástrofes indescriptibles, un furioso armageddon de fuego en el que se entremezclan lágrimas de impotencia y una rabiosa pulsión irrefrenable por buscar ya no responsables, sino culpables. Alrededor de las llamas los canarios  practican una catarsis tribal de dientes apretados y ojos aguachentos que suele durar todo lo que se extienden las transmisiones en directo de la tele autonómica.
El último incendio importante, el que ha afectado a las cumbres de Gran Canaria, ha supuesto de nuevo la repetición de todo el ritual. Por supuesto que un incendio – sobre todo si es extenso en superficie, alcanza barrancos poco accesibles y se prolonga varios días – produce daños económicos perfectamente evaluables para la comunidad, afecta a economías familiares y, menos habitualmente, puede costar vidas. Pero no se trata únicamente de eso, sino del histerismo que se genera, del patriotismo tuitero que reproduce, de la histérica atención mediática a la que sirve de pretexto, de las acusaciones multidireccionales que incendian el espacio público. Alguien tendría que decir que la inmensa mayoría de los incendios forestales que se producen en Canarias suponen, sin duda, un perjuicio material incontestable, pérdidas económicas, angustia vecinal, pero que los montes se recuperan en un proceso natural que dura varios años y al que conviene, sin duda, prestar todo el cuidado científico, técnico y normativo disponible.
En cambio, el incendio social que consume a Canarias, esa tasa de desempleo superior al 35% de la población activa, que alcanza el 55% entre los menores de 26 años, no es recuperable, como muy probablemente no lo son los servicios y programas sociales y asistenciales que se han sido estrangulados o extinguidos a golpe del Boletín Oficial del Estado. Para nuestra vida cotidiana y la de nuestros hijos y nietos, para el proyecto de una sociedad democrática, en fin, el desempleo estructural, la destrucción del Estado de Bienestar y el aumento de la pobreza y la exclusión social son una amenaza mucho más aterradora y fulminante que cualquier incendio. Pero los ciudadanos no reaccionan. Siguen embelesados por la belleza hipnótica de las llamas que no le alcanzarán mientras le carbonizan el presente y sepultan las cenizas de su futuro.