Escucho y leo a mucha gente que demanda que Santiago Pérez y Rubens Ascanio pidan perdón después de que el Tribunal Supremo haya archivado la denuncia que interpusieron hace un lustro contra Fernando Clavijo y que se desarrolló bajo el membrete de caso Reparos. Eso es una tontería. Lo que hay que hacer es combatir políticamente a estos sujetos y desenmascararlos como lo que son: gente desvergonzada, malandrines henchidos de mediocridad, carentes de escrúpulos y dispuestos a cualquier marranada para acabar con los adversarios políticos, a los que niegan sistemáticamente, por sus sagradas gónadas izquierdistas, la legitimidad democrática que se arrogan en exclusiva para sí mismos. Porque uno puede equivocarse en sus apreciaciones al acudir a un juzgado, pero aquí no hay un error evaluativo, sino un sórdido método de competencia política para utilizar los tribunales de justicia como un instrumento de difamación pública. Primero fue la ridiculez del caso Grúas; después esta basura difamatoria a propósito de los reparos que un alcalde levantó, en una excepcional época de crisis económica y financiera, para garantizar la continuidad de servicios sociales prestados por el ayuntamiento lagunero.
A la espera de que los mendas hagan de nuevo el ridículo con explicaciones – una apuesta: a que lo que pasa es que Manuel Marchena es un atroz derechista y el Supremo está controlado por falangistas y requetés y todo el que no apoye mi fantasmagoría judicial es un vendido, un idiota, un indeseable – esta resolución no solo da carpetazo razonado a un lustro durante el cual se utilizó una denuncia, con el siempre diligente apoyo de la Fiscalía, para insultar, escarnecer y vituperar a Fernando Clavijo, que jamás llegó a estar acusado de nada y menos aún fue procesado. En titulares de prensa, en intervenciones parlamentarias, en debates políticos y en mítines todo el mundo escuchó como Clavijo era un criminal que terminaría en la trena. Noemí Santana, en una sesión parlamentaria, lo llamó delincuente, y se quedó muy satisfecha. Recientemente la secretaria de Organización del PSOE, Nira Fierro, habló de los perversos polimorfos que huyen al Senado para no afrontar acusaciones de corrupción, y seguro que hoy se estará callada. El auto de archivo también sirve para iluminar lo que ha ocurrido en el ayuntamiento de La Laguna desde 2019: estos casi cuatro años en los que por fin los cruzados del Santo Advenimiento pusieron sus heroicas nalgas en las poltronas por las que suspiraban.
El actual alcalde de La Laguna –junto con otros compañeros del equipo de gobierno – está sometido a investigación judicial. El secretario general del pleno municipal denunció el pasado mes de enero el fraccionamiento ilegal de 32 contratos y ha exigido la revisión de los acuerdos con nueve empresas de servicios por un montante superior al medio millón de euros. El mismo secretario ha declarado “nulos de pleno derecho” 228 contratos menores adjudicados por el gobierno municipal entre 2019 y 2021 que suman más de 2.600.000 euros. Después de incesantes reclamaciones Luis Yeray Gutiérrez y sus concejales continúan sin aportar todos los decretos ya no a los grupos de oposición, sino al propio secretario. Si no existen reparos en la corporación lagunera desde 2019 es porque se ha hurtado a la intervención municipal la herramienta de formular informes negativos previos a cualquier contratación menor. Es un truco payasesco urdido por Santiago Pérez, que ya ni se toma la molestia de asistir al pleno que aprueba el presupuesto municipal: se va a bailar con la Negra Tomasa a La Palma. Mientras se enfangaban en estas tropelías y gestionaban sin proyecto ni ideas (aunque, eso sí, triplicando el gasto en propaganda) seguían insultando miserablemente. No deben ser perdonados. Deben ser conocidos y reconocidos. No por sus comedias de enredo, sino por el cinismo abyecto de su concepción de la política.