Democracia en tierra firme

El Tribunal Constitucional no ha declarado ilegal (todavía) la consulta impulsada por el Gobierno de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas frente a la costas de Lanzarote y Fuerteventura, pero ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central y eso significa automáticamente la paralización cautelar de la misma. De inmediato algunos voceros del Ejecutivo regional han señalado que están seguros (sic) de que el Tribunal Constitucional dictará a favor de la legalidad de la consulta. El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y Tú Más, Fernando Ríos, se ha atrevido incluso a aventurar que habrá sentencia definitiva en un plazo de cinco meses, a pocas semanas, por tanto, de la convocatoria de las elecciones autonómicas. A cualquiera le parecería imprudente convocar una consulta pocos días antes de la convocatoria de unos comicios, pero cabe colegir que al señor Ríos y a don Paulino Rivero no. Pero si uno se resigna a pensar como una persona adulta y un ciudadano responsable, debería admitir que la vía de la consulta popular está en punto muerto y, en cambio, los sondeos exploratorios de Repsol comenzarán antes de finales de mes.
Por supuesto, el argumento que aflora en esta coyuntura (y no ha dejado de manar desde hace meses) es que el Gobierno de Mariano Rajoy impide que los ciudadanos canarios se pronuncien sobre este asunto, es decir, perpetra un estrangulamiento democrático deliberado. Aunque se trata de asuntos de distinto calado político y jurídico, esta crítica es la que se practica hasta la exasperación en Cataluña a propósito de otro recurso al Constitucional que ha paralizado el referéndum enmascarado de consulta amable y enmarañadamente inquisitiva propuesto por la Generalitat. Hace unos días sostuve una discusión bastante demencial con un amigo convencido de la necesidad y la justicia del procés catalán. Desde su punto de vista, lamentablemente representativo, la democracia había sido prácticamente extirpada en Cataluña bajo la bota facistoide de un Gobierno aguasanado por la corrupción. La lucha por la celebración de un referéndum y la conquista de la independencia eran – según mi atrabilario interlocutor – ni más ni menos que el combate decisivo por la democracia. Tanto catalanes como canarios viven en un régimen autonómico con unas cuotas de autogobierno que jamás habían gestionado en su historia y votan periódicamente a sus parlamentos y sus corporaciones locales. El sistema democrático corre tanto peligro en Cataluña como en Extremadura, en Galicia como en Canarias. La democracia no se juega en un referéndum. La democracia se juega día a día en los gobiernos y las administraciones públicas y en Canarias, ahora mismo, la prioridad debería estar en los quebrantos, miserias, errores y latrocinios que se ramifican en tierra firme, no en mar abierto, y que son los que trituran cotidianamente nuestra depauperada condición de ciudadanos.

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Hacer política no es tener razón

Quizás los más emocionados con el miedo (verdadero o falso) que produce una hipotética victoria electoral de Podemos sean los simpatizantes de Podemos, y ni siquiera sus promotores fundacionales. En las encuestas los ciudadanos consultados parecen exactamente jugar a generar miedo a los partidos del establishment político, desde el PP a IU: mayoritariamente no confían en que Pablo iglesias y su germinal organización cuenten con un programa político coherente y bien definido, incluso viable, pero les votarían y así lo expresan porque sus vais a cagar. Personalmente me entusiasma la imagen de Iglesias recibido por Felipe VI y  saliendo de palacio con el encargo de formar gobierno. El profesor Iglesias como presidente del Gobierno constituiría una simpática enmienda a la totalidad del análisis político que sostiene el discurso de Podemos, según el cual en el Estado español la democracia es una indigna fantochada. Como según sus documentos Podemos descree de la reforma del sistema político y las instituciones públicas si no es mediante la apertura de un proceso constituyente,  sería magnífico comprobar como se las arreglan para consensuar una nueva Constitución única y exclusivamente consigo mismos, porque a buen seguro no tolerarían contaminarse con conservadores, liberales socialdemócratas, reformistas, nacionalistas, regionalistas y demás ralea.
Si las expectativas electorales de Podemos siguen creciendo no es porque sus propuestas resulten irresistiblemente convincentes para muchísimos españoles, sino porque en el ecosistema político del país no se vislumbra ninguna alternativa verosímil que ataque resolutivamente el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la destrucción de los servicios públicos, la corrupción política y el abuso de poder. Ninguna. Al contrario: la corrupción, el empleo inestable y mísero, el paro, la crisis fiscal y la desarticulación del Estado de Bienestar, lejos de ser problemas coyunturales, son el resultado inevitable de las políticas económicas y fiscales que se han transformado en una ortodoxia pontifical. Se ha confiando cínicamente en la infinita capacidad de aguante y resignación de los ciudadanos en una democracia progresivamente jibarizada y los ciudadanos han recordado que les queda una carta potentísima, que es su propio voto. Estas circunstancias elementales no le restan un ápice de valor e inteligencia a los impulsores de Podemos como proyecto político bastante más abierto de lo que muchos niegan y muchos menos experimental que lo que sueñan sus afiliados. Iglesias y compañía ya han demostrado todo los votos que se puede atesorar como fuerza de oposición. Para ser un partido de gobierno debe ganar credibilidad no como vocero del malestar, sino como un gestor público convincente, democrática y eficientemente, y eso la gente tiene que verlo. Hacer política no es tener la razón. Ni siquiera de vez en cuando.

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Willy García, en clave de ja

La diputada Ángela Montelongo preguntó al director general de la Radiotelevisión Canaria, en sede parlamentaria, por algunas producciones televisivas que había adquirido hace años el ente público a un precio entre sabrosón y escandaloso y que jamás había emitido. Las facturas ascendían a varios cientos de miles de euros y el beneficiario era una empresa de Francisco Padrón, ex-jefe de García en Radio Club Tenerife, quien solo comparte con Cernuda una fascinación efébica que ha pasado por los juzgados. El director general de la tele canaria, Willy García, se negó a contestarle porque su exquisita pituitaria le advirtió que lo que pretendía Montelongo era armar “morbo político”. Es una respuesta curiosa. Ya no porque, por enésima vez, el señor García se niega a responder a las preguntas de los diputados como si fuera una opción a su alcance y no una bofetada de laja encorbatado a la diputada, al Parlamento y a los ciudadanos por él representados, sino porque uno de los objetos más morbosos de la política regional, desde hace años, es precisamente el señor García.
Incluso en la selva selvaggia de las televisiones autonómicas resulta difícil encontrarse con una patología política como la que representa Guillermo García, que se considera exonerado de rendir cuentas al consejo de administración de la entidad pública que dirige (un consejo de administración que los partidos políticos mayoritarios, ciertamente, han convertido en inoperante primero y han destruido después) y ni responde a las preguntas de los diputados ni, si se tercia, se reprime a la hora de descalificar a sus señorías. Pero lo más sorprendente de este escándalo cotidiano – que debió ser interrumpido fulminantemente hace años por una dimisión o una destitución – es cómo se diluye en el debate político, en los medios de comunicación y en la propia sociedad civil canaria, si admitimos hipotéticamente que existe tal cosa como la sociedad civil canaria.  La nueva ley de la Radiotelevisión Canaria, uno de los compromisos programáticos del pacto entre CC y el PSC-PSOE, sigue durmiendo plácidamente en alguna gaveta entre fotos de La Revoltosa. Los socialistas han mudado su antigua crítica acerada hacia la gestión de la tele autonómica en un silencio cómplice, acomodaticio y profundamente estúpido. La prensa bosteza y ni las productoras que no comparten amistades ni los trabajadores del ente público mueven ya una ceja. Entre todos nos hemos resignado a la gestión opaca, salpicada de sospechas inquietantes y ayuna de explicaciones solventes de Willy García. Una anomalía que se conlleva estoicamente como si se tratara de una afección oncológica o unos golondrinos inextirpables. Un morbazo permitido de vez en cuando en las tribunas parlamentarias. Un espectáculo espasmódico en el que el señor García, cuando se le antoja hablar, lo hace siempre en clave de ja,ja,ja.

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Aena, hacia el monopolio privado

Hace algunos meses alguien señaló que el diseño de la entrada de capital privado en Aena era un inquietante ejemplo de privatización sin liberalización. Parece que tenía razón. Como prioridad absoluta al Gobierno (perdón, al Estado, en qué estaría yo pensando) le urge liquidez. Perras. Después de las grandes privatizaciones de los años noventa la única empresa estatal que queda por ordeñar es Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento. Sacando a subasta el 49% de las acciones de Aena se piensa recaudar unos 3.500 millones de euros, lo que estimula hasta el paroxismo los jugos gástricos del Ministerio de Hacienda. Un 21% lo constituirán tres accionistas de referencia (los señores March, Ferrovial y el Fondo TPI) y el 28% se reserva para inversores institucionales, colocadores y particulares y empleados, que también tiene su corazoncito, aunque encogido después de sucesivos eres y congelaciones salariales de los trabajadores. Pero nada de competencia. La competencia, la innovación y la autonomía empresarial les levantan ronchas a un partido cuyo liberalismo no es otra cosa que el after shave con que se perfuman para que su capitalismo de rufianes y cómplices no hieda demasiado a cloaca. El capitalismo del palco del Santiago Bernabeu, como lo caracteriza un rojo tan peligroso como Luis Garicano. Ni monopolio público ni competencia privada, sostenía el profesor Xavier Fageda: Aena será un monopolio privado que se atendrá a los criterios de rentabilidad más ferozmente carpetovetónicos.
Como, sinceramente,  no cabe depositar mucha confianza en que el capital público y el capital privado consensuen esfuerzos en potenciar Aena como un gran operador de alta eficiencia con capacidad de internacionalización, lo más predecible deriva hacia una situación en el que se maximizará la rentabilidad a corto plazo como criterio de gestión incuestionable sin un regulador claro en todo el proceso, porque reservarse el 51% de las acciones no te convierte automáticamente en una entidad reguladora con las potestades imprescindibles. Probablemente será un buen negocio para los accionistas mayoritarios, pero es muy dudoso que lo sea para el conjunto de los aeropuertos españoles y, en el caso de Canarias, significa una nueva amenaza en el horizonte. Transformar los aeropuertos del Archipiélago, que en el sistema económico isleño tienen un valor estratégico, en un monopolio privado y al mismo tiempo ajeno a cualquier liberalización supone otra hipoteca terrible para el futuro de este país, que depende de su conectividad aérea interna y externa para sobrevivir.

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Las reformas como único camino

Hay gente horrorizada por el fin de los tiempos. Creo que debemos desterrar semejante neurosis. Mejor descreer de cualquier épica embriagadora. “Le tocó, como a todos los hombres, malos tiempos en los que vivir”, comentaba Borges de un poeta bisabuelo suyo, y los más viejos y mejor instruidos del lugar saben que, no hace tanto, se vivieron tiempos aquí más oscuros, ásperos y menesterosos. Habría que huir de los que creen que todo se derrumbará en un ciclón de catástrofes o los que esperan que el asalto al cielo se consume por K.O democrático. Modestamente no creo en las revoluciones. Tampoco en las que se pretende realizar a través de las urnas. De lo que se trata en de desinfectar el debate político, precisamente, de cualquier fideísmo. La sentimentalización de la política es algo nauseabundo y representa la otra cara de la moneda de curso actual: el indescriptible cinismo de los ganadores de siempre y de los que se engalanan con representar a los que siempre han perdido. No crean a los que prometen acabar con la corrupción política cuando cada día uno de los suyos es imputado o ingresa en prisión; no crean a los que sostienen que finiquitar la corrupción política (o los desahucios, la deuda pública, el desempleo o la exclusión social) puede hacerse de un plumazo, firmando un decreto o frangollando unos presupuestos públicos tramposos. Simplemente es la hora de las reformas políticas y administrativas que garanticen el funcionamiento más o menos decente y eficiente de un Estado democrático como el definido en la Constitución de 1978, la apertura a una participación política más amplia y transparente y la adaptación de un Estado de Bienestar para el siglo XXI: educación, sanidad y servicios sociales. Nada más y nada menos que eso.

Y existen análisis, propuestas y experiencia política acumulada en Europa y en América. Uno de los ejes prioritarios de un plan de reformas pasa, por supuesto, por amputar la feroz politización – partidización — de organismos y administraciones públicas, que toda la literatura politológica asocia al crecimiento de la corrupción política. Algunos opinan, en fin, que esto se resuelve con presupuestos participativos y otras zarandajas democratoides, pero en los países con menos corrupción política (Suecia o Nueva Zelanda) tienen otras fórmulas. Por ejemplo, en las administraciones municipales, contratando a un equipo de gestión con objetivos concretos y presupuestos inamovibles que fiscalizan los concejales, a los que se reserva una función normativa y reglamentaria. En una ciudad sueca de la población como Santa Cruz o Las Palmas, el alcalde solo pude nombrar a tres o cuatro cargos públicos. Es francamente difícil corromperse así.

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