Lector in fabula

La abundancia de empresas canarias o radicadas en Canarias en la lista de generosos donantes al PP que figura en los conocidos como papeles de Bárcenas ha sido tomada, de inmediato, como indicador de la altísima corrupción instalada en Canarias. Da un poco de vergüenza señalar estas cosas, pero, ejem, a) solo se conoce una parte, una porción pequeñita, de las anotaciones contables de Luis Bárcenas como gerente y luego tesorero del PP y b) Cabe imaginar, perfectamente, que algunos de los donativos guardan más relación con actividades exteriores que con negociejos cerrados en el Archipiélago. Más vale un poco de cordura y cuidado, porque frente al escándalo del sistema de financiación del Partido Popular muchísimos (incluidos no pocos periodistas) están actuando como el lector in fábula que teorizó Umberto Eco en el ensayo del mismo título: como un cooperador que interpreta, complementa y establece la producción de sentido del texto. O, más llanamente, como el espectador de una fascinante película de crímenes, deslealtades, traiciones, corrupción, billetes, vileza y desatinos, que decide, a medida que avanza la trama, y sin más instrumentos que su propia intuición y sus confesables o inconfesables inclinaciones éticas o estéticas, lo que realmente ha ocurrido.
Desde luego que la patética defensa de los dirigentes del PP se parece cada vez más a lo que proclamó Groucho Marx cuando su novia le descubrió con una piba en la cama. “Me estás engañando con esa”. “Nunca lo haría”. “Lo estoy viendo con mis propios ojos”. “Y a quién vas a creer, ¿a mí o a tus ojos”. Han mentido tan villana o estúpidamente que incluso un golfo arrebatacapas como Luis Bárcenas – al que le pagaban un sueldo fabuloso y le mantenían despacho y coche oficial hasta enero pasado – parece más creíble. Durante años – y hasta muy recientemente – le dieron credibilidad y ahora pretenden que no tiene ninguna. Pues sí: Mariano Rajoy debería presentar su dimisión. Debería haberlo hecho desde hace tiempo. Pero no lo hará y el daño a las instituciones democráticas – y a la legitimidad del sistema político –será espantoso aunque, para el presidente y su cuadrilla, totalmente asumible: están ahí para salvar España, no para respetar los principios democráticos. Y sin embargo esa convicción política y moral no puede, no debe confundirse con la aceptación indiscriminada de cualquier papelajo, con la fantasía de un derrumbe institucional que abrirá una nueva etapa de leche y miel o con que unas elecciones anticipadas supondrán una suerte de lavadora moral que centrifugará todas las miasmas y putrefacciones del sistema. No, las cosas no son tan descansadas y sencillas. Votar para apoyar una alternativa resulta imprescindible, pero no es un acto demiúrgico. Más que nada porque, si esos comicios se celebraran hoy, volvería a ganar el Partido Popular.

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No pasa nada

Mucha gente se escandaliza. Incluso yo me permito escandalizarme cinco minutos, para no perder costumbre. “¡Y no pasa nada!”, comentan en la cúspide de la desazón. En realidad pasan muchas cosas, entre otras, que nos enteramos de lo que le está contando Luis Bárcenas al juez antes de que termine su declaración. O que el presidente del Gobierno, entre guasón y alelado, lea su respuesta a preguntas pactadas con ABC y La Razón, vacilándose a toda la prensa ahí presente. Ocurren, en fin, muchas cosas, pero a lo que se refiere mucha gente es que Mariano Rajoy ni dimite, ni está dispuesto a hablar de este asunto en el Congreso de los Diputados, ni ofrecerá la más modesta migaja de explicaciones acerca de algo que ni le arruga el terno. Bajo su apariencia quebradiza y encastillada, en realidad, va de sobrado, y por eso – y porque además no puede hacerlo – ni niega la autoría de los SMS ni rechaza que cobrase sobresueldos en 2008, 2009 y 2010, como afirmó su extesorero ayer en sede judicial. ¿Por qué no pasa nada, es decir, no dimite Rajoy, como dimitiría en similares circunstancias un presidente francés, británico o estadounidense?
1. El sintagma mucha gente se refiere, si somos francos, a algunos cientos de miles de personas en este país. Para la mayoría – los millones restantes – el caso Bárcenas, como en caso Gürtel, como los indicios sólidos de financiación ilegal del PP y del cobro de sobresueldos, incluso durante los gobiernos de Aznar, solo alimenta el viejo adagio: los políticos son unos sinvergüenzas. Para la mayoría esta información se gestiona políticamente – de manera individual o grupal – como una obviedad repugnante, consuetudinaria, doméstica. El caso FILESA no representó un derrumbe electoral para el PSOE en su época y por similares razones: por entonces la derecha, sumergida todavía en el fango paleolítico del fraguismo, no representaba una alternativa verosímil.  No existe una cultura política democrática ni una deontología del poder compartidas entre gobernantes y gobernados. Se trata de un territorio tan yermo que Rajoy puede decir que “el Estado de derecho no tolerará ningún chantaje” sin que esa prodigiosa transustanciación entre registrador de la propiedad y Estado español le chirríe demasiado a la mayoría de los ciudadanos.
2. El sistema jurídico español es casi ferozmente garantista y carece de instrumentos normativos para castigar eficazmente la corrupción política y responsabilizar penalmente a sus muñidores.
3. Para la inmensa mayoría del PP – y sobre todo, sus diputados – no existen incentivos políticos para sustituir a Mariano Rajoy más fuertes y estimulantes que los que existen para mantenerlo al frente del Gobierno y del partido. En las encuestas el PP se hunde y pierde de la mayoría absoluta, pero el PSOE se mantiene prisionero en el fondo del abismo y nadie amenaza en el horizonte.
Rajoy no está asustado. ¿Por qué tendría que estarlo? Los que deberíamos estar asustados somos nosotros.

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CSIC

Este país ya es un carrusel de naufragios. Ahí tiene usted al oficial de cubierta, que no distribuye a la gente en los botes salvavidas, sino que les entrega la boleta del naufragio correspondiente. Muchos ciudadanos son afortunados y participan, a la vez, en cuatro o cinco naufragios intachables: se quedan desempleados, no pueden pagar la universidad a sus hijos y el semicolapso de los servicios sanitarios –apenas una imagen amable de lo que se avecina – contribuye a que la grave enfermedad de su esposa se transforme en una amenaza brutal contra su vida. Tratándose de España – no se diga de Canarias – deambulando entre la proa y la popa, con los ojos estupefactos y la boca abierta, a la investigación científica y tecnológica no se la invita a un naufragio: se le empuja directamente por la tabla de los piratas para que se hunda en lo más profundo. La crítica situación financiera del Centro Superior de Investigaciones Científicas demuestra, por enésima vez, que la investigación científica es tratada en este país como un lujo prescindible.
En el año 2008 – y pese a los tímidos esfuerzos inversores del Estado en años anteriores – España gastaba en I+D+I aproximadamente el 60% de la media europea; Canarias, como comunidad autonómica, menos que la mitad que el Estado español en relación con su PIB. Pese a eso, y gracias a programas científicos europeos y a la inversión de grandes empresas extranjeras, algunos centros de investigación españoles habían prosperado notablemente. Tampoco conviene engañarse: precisamente ese año, y teniendo en cuenta la evolución de la inversión en ciencia desde la década de los ochenta, un estudio de  Víctor Pérez Díaz y Juan Carlos Rodríguez      apuntaba que España no alcanzaría al Reino Unido hasta 2035 y a Francia hasta 2050. En todo caso se trata de un pasado tan próximo como irrecuperable: el CSIC ha visto en los últimos tres años perder 500 millones de euros de la financiación pública. Ahora amenaza cierre: necesita imperiosamente 100 millones de euros para mantener sus centros abiertos, y el Gobierno de Mariano Rajoy solo se ha comprometido entregarle 75 a lo largo del año. Es una auténtica chifladura — un suicidio demencial — jugar así con el desarrollo científico y tecnológico de un país, con la capacidad de innovación y transformación que garantiza, precisamente, su competitividad internacional, su diversificación y solidez económicas, su bienestar y cohesión social. Les da exactamente igual. España ha sido el único país relevante de la UE que ha recortado estúpidamente fondos de inversión en I+D+I en los últimos tres años. En eso si innovan sus élites políticas y empresariales. Que inventen ellos. Un siglo más tarde. Aunque la prosa de Montoro, Soria y Wert es peor que la de Unamuno.

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Moción de censura

Casi al mismo tiempo que la Fiscalía mostraba su conformidad con la citación a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, para declarar en el llamado caso Bárcenas, la mayoría absoluta de los conservadores impedía que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudiera al Congreso de los Diputados para hablar de un asunto tan enojoso. A los que siguen insistiendo que Rajoy no tiene nada que decir, porque ya afirmó solemnemente que todo era mentira, que jamás cobró dinero negro y, por tanto, no cabe exigírsele nada más, creo que ya va siendo hora de no molestarse en contestar. La secretaria general de su partido será llamada a declarar en las próximas horas en la Audiencia Nacional. Rajoy no fue investido por una televisión de plasma, sino por el Congreso de los Diputados, y es ahí donde debe brindar explicaciones. Una negación no es una explicación. En democracias parlamentarias los presidentes no responden de acusaciones y sospechas tan graves como estas con un párrafo de tres líneas. Recuerdo que el equipo de Richard Nixon insistía, precisamente, en esa curiosa línea argumental: el presidente lo ha negado todo y, por lo tanto, no hay absolutamente nada que explicar. Es sorprendente: explicar y explicarse no es, en ningún caso, un acto volitivo del jefe de Gobierno, sino una reclamación que la oposición ejerce en su papel de fiscalización del poder ejecutivo. No es que usted quiera explicarse o no, señor Rajoy, es que la oposición –sin excepciones – le demanda explicaciones. Un portavoz del PP llegó a afirmar ayer que la oposición  no debía “servir de portavoz de un delincuente” o algo por el estilo. Ese presunto delincuente –designado tesorero en su día por Rajoy — ha estado cobrando del Partido Popular hasta enero pasado. La dirección del PP se ha ciscado, más que en el Parlamento, en el parlamentarismo mismo como espina dorsal del sistema democrático.
Puestas así las cosas servidor solo ve una alternativa para que se desarrolle el debate político que exige el caso Bárcenas: la presentación de una moción de censura. Como es obvio la moción de censura estaría destinada al fracaso, pero proporcionaría una magnífica oportunidad para que el parlamento pueda exigir explicaciones al presidente del Gobierno, los grupos políticos se posicionen sobre el asunto y el Congreso de los Diputados recobre su muy escachada dignidad democrática como depositario de la soberanía nacional. Una ocasión inmejorable para que el PSOE presente una alternativa política (si la tiene) y los grupos minoritarios dibujen su actitud de ruptura o resignación con una corrupción cuasiestructural que reduce la democracia a un trapo sucio y maloliente.

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Pestazo (y más)

Quizás lo primero que debiera hacerse es un estudio epidemiológico y sanitario riguroso sobre el efecto contaminante de las emanaciones de la Refinería de Petróleos en Santa Cruz de Tenerife. Un estudio que se convierta en la referencia obligatoria y admitido por partidos políticos, asociaciones vecinales y entidades sociales como base para definir una actitud común frente a la continuidad de la industria del refino en el término municipal. Aunque ya existe una investigación con resultados debidamente difundidos: los doctores Sergio Rodríguez – del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña – y Jenny González, en una monografía publicada en la revista Atmospheric Research, demostraron que la mayor fuente de partículas contaminantes ultrafinas en la capital tinerfeña no son los automóviles, ni la actividad portuaria, sino la industria del refino que se instaló en Santa Cruz a finales de los años veinte – con sucesivas ampliaciones y dotaciones – en un solar que, por aquel entonces, distaba de la pequeña, pobre y destartalada ciudad. Ahora no, por supuesto. Ahora la Refinería de Petróleo desarrolla su actividad industrial en una de las zonas más densamente pobladas del municipio. Desde hace treinta años no se encuentra junto a Santa Cruz: la ciudad ha crecido y la ha rodeado — como quien rodea un precipicio que vomita  llamas y cenizas — porque no tenía más remedio.
No hay que poner en duda que los dueños y señores de la Refinería han realizado inversiones para minimizar el impacto contaminante de la planta. Pero tampoco va a poner uno en duda que en varias ocasiones, todos los años, decenas de miles de santacruceros respiran un aire repugnante, que termina por impregnarte la garganta y acaba difundiendo una acre hediondez, insoportable e ininterrumpida. Lo que resulta tan exasperante como inadmisible es que esta asquerosa experiencia compartida sea negada, como si se tratase de los pucheros de un niño caprichoso e ignorante, desde la infinita sabiduría y la omnisciencia tecnológica de los directivos de la Refinería de Petróleo. Para decirlo claro: es que apestan. Es que en los últimos y azufrados días los centros hospitalarios se han visto desbordados por ciudadanos con problemas respiratorios y cardiorespiratorios. Es que convierten ustedes la capital tinerfeña – en grandes solemnidades que solo ustedes conocen por anticipado – en una ciudad con una atmósfera maloliente, desagradable y a ratos fétida. Es que ustedes han sobrepasado durante las últimas 72 los límites de micropartículas emitidas a la atmósfera según la legislación vigente – en particular el muy peligroso dióxido de azufre – y ustedes se dedican a mirar al otro lado porque los súbditos acongojados por su pestilencia no sabemos valorar como es debido su majestuosa, modernizadora y desinteresada presencia en este pueblo.

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