Poder y poderío

Hace muchos años Michel Foucault lo dejó claro, aunque se nos olvide siempre: el poder, el poder político, está presente en todos los niveles de la sociedad, y no es algo que se posea, una suerte de garrote que se pueda blandir amenazadoramente, sino una estructura de relaciones que se expresa en actos concretos. El poder es siempre una relación cotidiana, un binomio de fuerza y resistencia en tensión permanente, no una sustancia milagrosa. El poder es el acto de volar, no el supuesto polvo en las alas que permite cruzar el prado a una mariposa.

Está, por supuesto, la relación más anecdótica, la que tiene el poderoso con el poder. Da bastante grima. Observa uno al presidente Pedro Sánchez en la tribuna del Congreso de los Diputados y comprueba cómo ha envejecido en cuatro años. Se le empieza a cuartear el rostro, se cubre de canas, le cuesta ocultar el endurecimiento de la mirada. Comparen ustedes igualmente al Ángel Víctor Torres con el de la primavera de 2019. Hoy, a ratos, parece un anciano entusiasta. A todos les ocurre lo mismo. Es el suyo un oficio duro, ingrato, a menudo agotador, hastiante o asqueroso. Nunca he terminado de entender lo que les lleva a ese sacrificio espeluznante en el que estás condenado a parecer (a ser) la imagen que los demás tengan de ti. A sufrir todos los desaires, todas las traiciones y todos los odios, de los que no les rescatan la adoración mercenaria de tus compañeros y colaboradores. El poder es lo más parecido al infierno en la tierra: sus llamas calienta el alma y destruyen el espíritu. No, no es servicio público. Es un vacío que solo puede ser rellenado por poder.

Ayer Pedro Sánchez realizó un pequeño acto de poder que disfrazó como una exhibición de poderío. Lo hizo anunciándolo. Es importante no dejarse distraer por la fraseología del líder de izquierdas en combate por el pueblo. El grueso de las medidas anunciadas ayer caben en dos espacios: la socialdemocracia y la excepcionalidad inflacionista. Macron, que no es precisamente un progre, ha estatalizado la principal empresa eléctrica de Francia. Los anuncios de Sánchez: abonos de transporte gratuito (en Canarias no opera RENFE ni disponemos de trenes de cercanías: a ver qué hacen), una pequeña ayuda suplementaria a los becarios, un programa de educación computacional en las escuelas. El resto del “paquete de medidas” (no confundir con las medidas del paquete) aprobado apenas el mes sigue adelante. Lo más retumbante en el discurso de Sánchez, por supuesto, fueron los nuevos impuestos de carácter puntual y provisional. Impuestos extraordinarios al oligopolio energético y a la banca durante 2022 y 2023. No hay mayores precisiones técnicas,  pero el presidente adelantó que con ambas el Gobierno pretende recaudar unos 3.500 millones de euros para financiar todas las ocurrencias.  Para hacerse una idea, los gastos previstos en los presupuestos generales del Estado para 2022 se elevan a 458.000 millones de euros, de los que 27.633 son fondos europeos.

La eficacia de la mayor parte de este programa extraordinario del Ejecutivo es –por decirlo suavemente – muy discutible. La acción que parece más próxima a combatir la inflación – abaratar el transporte público —  solo despierta escepticismo entre los economistas; puede leerse al respecto un breve pero enjundioso artículo de Javier Campo y Juan Luis Jiménez (profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) en el blog Nada es gratis. “Un abaratamiento de los precios del transporte”, apuntan Campo y Jiménez, “no tendrá impacto suficiente sobre la demanda”.  En términos políticos Sánchez triunfó: ha bastado con el anuncio de sendos tributos a bancos y eléctricas para que las izquierdas aplaudan extasiadas. Ser de izquierda en España siempre ha sido fácil: basta con tocar un par de teclas de una destartalada pianola ideológica. Gobernar para la mayoría garantizando cohesión social y territorial ya es más difícil. Gestiona mal su poder quien no busca gestionar mejor la realidad, sino vigorizar por unos meses una inestable mayoría parlamentaria.  

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Un nuevo estadio

Uno de los efectos bienaventurados del fracaso del CD Tenerife a la hora de ascender a primera división es no se construirá un nuevo estadio de fútbol en la capital chicharrera, al menos hasta las próximas elecciones, ese otro torneo deportivo. Si el equipo blanquiazul — que le dicen — llega a ascender a los cielos futbolísticos la presión social dirigida a que las administraciones públicas gastaran los millones que fueran menester para un nuevo estadio hubiera resultado irresistible. La simpática horda tinerfeñista – siempre tinerfeñistas de penúltima hora — hubiera pateado, gritado e insultado hasta conseguir la inversión, debidamente comprendida y jaleada por el periodismo deportivo patrio. Tal vez soy demasiado ingenuo y los responsables políticos ya habrían iniciado los expedientes necesarios sin necesidad de ninguna presión popular. Cuanto menos haya jugado un político al futbol en su día y más le asqueen las aglomeraciones, más rendido admirador se proclama del equipo representativo de su terruño. Yo he escuchado rumores –sin duda infundados –que apuntan a que el presidente del Cabildo, Pedro Martín, se había tatuado un retrato de Luis Miguel Ramis en la rabadilla, y lo pensada mostrar orgullosamente en todas las playas tinerfeñas. Según los mismos maldicentes ahora se lo intenta borrar con papel de lija y jabón Lagarto. En todo caso, por fortuna, el CD Tenerife perdió, y toda la furia babosa de sus apologetas se ha apagado súbitamente. ¿Cómo va la venta de abonos para la próxima temporada, cabroncetes?

El primero que mencionó lo del nuevo estadio fue, por supuesto, el presidente (y propietario) del club, Miguel Concepción. Lo dijo en concepcionés, que es el idioma que habla fluidamente desde chico, lo que nunca es un problema, porque ya los locutores radiofónicos se encargan de traducirlo reverencialmente al español como los curas de antaño traducían el latín de los papas a los feligreses. Concepción quiere un estadio de 40.000 espectadores con el sutil y cronométrico argumento de que “ya es hora”. Un estadio que pueda contener cómodamente tiendas, restaurantes, cafeterías, guarderías. En su sueño visionario imagina a matrimonios que visitarán el mamotreto desde media mañana para pasarse ahí todo el día, casi con independencia de que se celebren o no partidos de fútbol. No sé por qué no incluyó un pequeño museo con una reproducción en bronce de la calva de Dertycia, el ejemplar de la Lógica de Hegel de Jupp Heynckes anotada de su puño y letra o la egolatría mamífera de Javier Pérez conservada en formol. Cuando escuché a Concepción (es decir, la traducción de los locutores intérpretes) no tuve claro quien concedería las licencias para las cafeterías y tiendas del flamante estadio, aunque lo sospecho, como seguro que lo sospechan todos ustedes.

El estadio del CD Tenerife cuenta con unas 23.500 localidades. Como recordó el otro día con tranquila sabiduría el arquitecto Carlos Schwartz, hace muchos años que no se ocupan esos 23.500 asientos en su totalidad. Ni siquiera fue así durante el final de la pasada temporada, con toda esa peña festejando –entre ellos – un ascenso que les parecía inevitable y que vivieron como un milagro. Desde el año 2010 a la actualidad Santa Cruz de Tenerife ha perdido unos 15.000 habitantes. Es difícil entender como una prioridad construir un nuevo estadio de fútbol salvo, por supuesto, que el señor Concepción quiera hacerlo con sus perritas. Y aun así debería preguntársele que ocurrió con el proyecto –por llamarlo de alguna manera – de la Ciudad Deportiva, que ahora está en los juzgados. Que lo aclare antes de atreverse a pedir en voz alta que le financiemos un estadio nuevo, porque ni siquiera en el dulce concepcionés su solicitud deja de sonar como una burla sórdida, un descaro extraordinario y un antojo principesco. 

 

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Que esperen sentados

El consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Sebastián Franquis, y los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna,  Telde, Firgas, San Mateo, Moya y La Orotava  han firmado con la Ministra de Agenda Urbana un convenio por el que se invertirán unos 75 millones de euros en viviendas sociales que se extraerán de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se pretenden construir unas 920 nuevas viviendas “para ser destinadas al mercado de alquiler a precios accesibles” y rehabilitar otras 2.300 casas “tanto del parque como del privado”.  El Gobierno autónomo sumará 47 millones más y también los ayuntamientos beneficiados aportarán varios millones de euros. Después o antes de la firma, no lo sé, Franquis, que le había cogido gusto a rubricar portentos, también firmó, que no decaíga, otra transferencia de 76 millones a cargo del Plan Estatal de Viviendas 2022-2025. En total 152 millones.

¿Quién puede negarse a felicitar calurosamente al consejero Franquis? Nadie. Otra cosa muy distinta es esperar que las nuevas viviendas y las rehabilitaciones programadas puedan verse antes de un par de años. Lo cierto es que en tres años el señor Franquis no ha construido una sola vivienda pública nueva que haya impulsado su equipo en su rutilante Consejería. Todavía tiene en La Palma a centenares de damnificados de la catástrofe volcánica del pasado año viviendo en hoteles y pensiones. Es como el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, que cuando resta menos de un año de legislatura no ha construido una puñetera desaladora o una triste estación depuradora en toda Canarias, a pesar de surfear sobre un presupuesto oceánico una y otra vez ensalzado por el presidente Torres y sus desinteresados corifeos.

Se repite machaconamente, después de estas nuevas perseidas de millones que será invisible durante un largo periodo, que por fin se construirá vivienda pública en Canarias, después de un ominoso cuarto de siglo en el que CC se negó a desarrollar una verdadera política de vivienda desde la Comunidad autonómica. Por supuesto, se trata de una (casi) mentira. Existe un Instituto Canario de Vivienda y se han diseñado y aplicado (eso sí: mediocre e insuficientemente) varios programas plurianuales en Canarias. Construir 921 viviendas en régimen de alquiler en el próximo trienio tampoco supondrá una oferta extraordinaria. En realidad pueden constatarse dos razones por las que la política de vivienda de los gobiernos autonómicos (en los que han participado CC, PSOE y PP) haya sido modesta y desigual. Primero, el volumen de vivienda privada construida en las islas en el pasado inmediato. Entre 2001 y 2011 el número de viviendas se incrementó en un 22,3% (casi 190.000 nuevas viviendas en dicho periodo),  un porcentaje ligeramente superior a la media española (un 21% más o menos). También es cierto que el número de hogares en Canarias se incrementó en 237,456 en la década referida. Sin duda existía una demanda social, pero se priorizaron otras: la extensión de la sanidad pública, las infraestructuras de transporte o el combate – fracasado –contra el desempleo estructural enterrando millones de euros en el empeño. En segundo lugar, la crisis que asomó en 2007 y cayó como un hachazo en 2008 llevó a una política de recortes presupuestarios y austeridad en el gasto público – acordada e impuesta por Bruselas – que limitó al mínimo el desarrollo de los programas de vivienda pública  y rehabilitación, una situación de feroz control de las cuentas que no comenzaría a superarse de facto hasta el bienio 2015-2016.

Esta aplicación de los fondos Next Generation –como ocurre con todo el maná de los cielos de la Unión Europea – exigiría una reforma administrativa, reglamentaria y procedimental para su gestión eficaz y eficiente, flexible y rápida. No se ha hecho ni se hará. Conviene que los futuros beneficiarios esperen sentados

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Yolanda pasaba por ahí

La presentación de ayer de Sumar (calificado por sus organizadores como instrumento, espacio, proceso o plataforma indistintamente) se me antojó un acto ligeramente alucinatorio. Se seleccionaron (¿por quién?) una decena de intervenciones que supuestamente representaban (o encarnaban) distintas situaciones socioprofesionales, pero que en realidad eran gente bregada en movimientos políticos, sindicales o vecinales. Después de escucharlos con cierta resignación y un entusiasmo perfectamente descriptible,  tomó la palabra Yolanda Díaz que, por supuesto, ofreció una pieza embadurnadamente yolandista: una secuencia de ñoñerías abstractas repetidas con una cadencia más inclinada a Laura Pausini que a Rosa Luxemburgo. Lo que ocurre es que sonaba más raro que lo habitual. Díaz actuaba como si toda la movida – intervinientes, público, logotipo, pantallas gigantes de televisión — fuera un fenómeno surgido por generación espontánea y no una operación política auspiciada por ella misma, que tiene su principal referente en ella misma y que si tiene algún recorrido electoral será por ella misma. Es rarísimo simular –como si los ciudadanos fueran idiotas babeantes – que Díaz poco menos que pasaba por ahí para escuchar y tomar nota. De hecho apenas se refirió a los que la habían presidido en el escenario.

Y la cosa, por supuesto, fue empeorando, hasta llegar a la vergüencita de escuchar a la ministra de Trabajo la frase más grotesca del día: “Si vosotros queréis, yo me sumo”. Es decir, que está dispuesta a sumarse – en un gesto de valentía y desprendimiento – a la plataforma que ella misma está montando desde hace meses con un grupo de entusiastas (en su mayoría, cargos públicos, asesores, antiguos compañeros de Comisiones Obreras y exdirigentes descabalgados voluntariamente o no de Izquierda Unida). Me recuerda a un muy colgado compañero de bachillerato que organizó su propio cumpleaños sorpresa y nos invitó a todos con la condición de que no se lo dijéramos a nadie. Aunque su locución fue la propia de un mitin tradicional se diferenció por dos elementos, además del cinismo pinturero ya señalado: un perfume apenas de populismo y una dosis de cursilería. Tal vez sea lo mismo. Díaz aseguró que en la calle – la buena señora al parecer se pasa los días en la calle – solo detecta desafección hacia la política. La política ha desconectado con la gente y todo eso te lo explica una política profesionalizada que es vicepresidenta del Gobierno y dirige el Ministerio de Trabajo.  “Ya está bien de que hablen los de siempre”. ¿Qué hablen los de siempre dónde? ¿En los mítines? ¿En los comités de dirección de los partidos? ¿En la sala de espera del dentista? En fin. Y la advocación final: hay que saber qué país queremos. Tú tienes que decirme lo que debo hacer. Como si un proyecto político fuera un sumatorio de solicitudes y anhelos. Como si esa simplonería de la escucha activa – un lema publicitario, no una metodología política — tuviera algún contacto con las complejidades de una democracia representativa avanzado el siglo XXI.

“Os pido ternura”. La ternura como condición imprescindible para incorporarse a Sumar. Hay que quererse en política como se quiere en la vida cotidiana, es decir, mal.  Es necesario hacer política tiernamente como quien le limpia la caca a un bebé. . Si quieren que les diga la verdad, la cursilería es lo único que encuentro realmente preocupante en el discurso postizo, débil, ergonómico y vacuo de Yolanda Díaz. Los políticos pueden proponer proyectos y ofertas racionalmente emocionantes para sus electores. Pero la acción política debe basarse en la austeridad emocional, no en la exaltación de emociones que incluso pretenden baremarse. Los políticos (en el mejor de los casos) son un mal necesario. Y lo que se les debe exigir – y lo que deben ofrecer como un compromiso – no es ternura, no es cariño, no es una sonrisa de mermelada, sino respeto. Respeto democrático. Respeto, honestidad, transparencia y coherencia. No metan sus zarpas ni sus hociquitos en nuestros amores, afectos y cariños. Es lo que faltaba.   

 

 

 

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Consenso, disenso y democracia

Unos humoristas que trabajan, al parecer, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en colaboración con algunos colegas muy chistosos de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universidad de Burgos ha concluido en un estudio titulado  Consenso que el Parlamento de Canarias es “líder nacional en consenso, acuerdo y diálogo”. Para llegar a esta muy sorprendente tesis los humoristas se han basado en un curioso método: medir la proporción de votos afirmativos y abstenciones en todas las iniciativas legislativas de los parlamentos autonómicos entre 1980 y 2021 sobre el total de los votos emitidos por término medio por cada ley. Gracias a tan rumbosa ecuación el Parlamento canario puede presumir de una capacidad de diálogo y consenso que lo sitúan entre la Atenas de Pericles y la Cámara de los Comunes en 1940 aproximadamente.  El presidente de la Cámara regional, Gabriel Mato, no ha podido no emocionarse y sobre todo, no ha conseguido evitar referirse a los últimos tres años, que coinciden sin duda casualmente con su mandato, para describirlos como un periodo “en el que priman la negociación y el acuerdo gracias al trabajo y el compromiso de diputados y diputadas”.

Que un Ministerio sufrague paparruchadas como esta no es especialmente escandaloso, que nos lo lleguemos a tomar en serio se me antoja ya más preocupante. El consenso no es el objetivo estratégico legitimador de una democracia representativa, aunque se suela caracterizar  a las democracias parlamentarias como regímenes consensuales. La democracia parlamentaria necesita el acuerdo para trenzar mayorías y aprobar leyes, y fabrica por sí sola un fuerte consenso simbólico alrededor de un conjunto de valores políticos y cívicos que le conceden sentido y pertinencia. Pero el consenso no es –ni puede ni debe — ser universal. La salud democrática de un país no es más inequívoca cuanto mayor sea el acuerdo entre los representantes del pueblo. El disenso es igualmente un valor democrático irrenunciable, y sin disenso tampoco puede hablarse de democracia. Es precisamente en la tensión entre consenso y el disenso en la que se constituye y renueva la democracia representativa diariamente. Ambos son imprescindibles, en una suerte de diálogo ondulante, desigual, a menudo insatisfactorio, para fortalecer las libertades, reconocer y potenciar el pluralismo, impulsar los procesos de democratización. Orillar el disenso te impide evaluar analíticamente la calidad democrática de un sistema político. Es simplemente trampear la realidad. En el estudio de marras capitaneado por la UNED solo registran un parlamento autónomo con mayor consenso que Canarias según los humoristas: el de Cataluña. Precisamente el de Cataluña.

Respecto a la actual legislatura autonómica no es el consenso, precisamente, lo que ha primado en los últimos tres años. Canarias ha vivido una crisis social y económica singularmente dura a causa de la pandemia del covid, que congeló el turismo y los subsectores anexos, su motor económico más potente. Luego llegó la catástrofe volcánica en La Palma. Los partidos firmaron, en efecto, un intento de consenso, el Plan Reactiva Canarias, pero ese acuerdo no se ha trasladado de facto a la dinámica parlamentaria. Lo mismo ocurre – en medio de una situación estructuralmente muy frágil todavía – con el mismo seguimiento de la pandemia, con la política agraria y ganadera, con la estrategia fiscal o los grandes proyectos de inversión que nunca llegan. En una situación excepcional los grandes acuerdos no llegan ni se les espera ya cuando falta menos de un año para las próximas elecciones. Ni el Gobierno, ni los partidos, ni el Parlamento ha estado a la altura. Pero es al primer agende a quien le corresponde la máxima responsabilidad. Viven encapsulados en una propaganda incesante y el único consenso que practican es consigo mismos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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