La principal y única premisa en el proceso de reconstrucción económica y social del Valle de Aridane después de la larga erupción del volcán de Cumbre Vieja fue dejar la política – es decir, los intereses y banderías partidistas – fuera de toda consideración. Y se trata de una premisa que hasta el momento, más o menos, se había cumplido, aunque el uso y abuso reiterado de visitas de responsables políticos de los gobiernos español y canario la hubieran empeñado más de una vez. Sin embargo más tarde o más temprano tenía que romperse, y así ha ocurrido con motivo de la constitución de la comisión sobre la catástrofe de La Palma en el Parlamento de Canarias. Un acuerdo entre el PP y la mayoría gubernamental ha impedido que el diputado y alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, de CC, se integre en la mesa que coordinará los trabajos de comisión. Ocurre que es único regidor de los municipios afectados que al mismo tiempo ocupa un escaño en la Cámara. Pero precisamente por eso se le ha apartado de la mesa, que preside la conservadora Lorena Hernández, concejal del ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Ni un ápice de notoriedad a Rodríguez. Si es posible, que quede permanentemente fuera de foco. Y, desde luego, que no pueda influir directamente en el diseño de la agenda de trabajo de la comisión.
Se trata de una fina bellaquería que demuestra de nuevo la estatura liliputiense de sus señorías. Pero tampoco conviene indignarse demasiado porque, como casi todas las comisiones parlamentarias, esta no servirá para nada, salvo para criar alfalfa verbal en beneficio de los diputados. Mientras en el frente parlamentario se monta este mecano charlatán, la configuración de un instrumento técnico-administrativo eficiente y eficaz para la gestión de una estrategia de recuperación y renovación de la averiada economía palmera sigue sin concretarse. Lo más razonable – y es algo que precisamente ha reclamado Sergio Rodríguez – sería articular un consorcio con la participación del Gobierno autonómico, el Cabildo Insular y los ayuntamientos afectados, un organismo flexible que centralice información operativa y agilice trámites administrativos, pero los señores (y señoras) del Ejecutivo no parecen demasiado seducidos por la idea. Tal vez, como sostienen los más maliciosos, porque el presidente Ángel Víctor Torres y Sebastián Franquis, su consejero de Obras Públicas, anhelan que el Gobierno siga liderando todo el proceso y proyectándose como la fuerza protagonista que guía a los demás hasta la reconquista de la felicidad.
Les va a llevar su tiempo. Después de una etapa inicial en la que el Gobierno canario supo reaccionar rápidamente para atender las primeras necesidades de los damnificados, no ha dejado de crecer una percepción de incertidumbre y malestar, que ha llevado a dos manifestaciones de protesta en las calles de Santa Cruz. Es falso que no se esté haciendo nada – avanza lentamente, con la incorporación de nueva maquinaria retroexcavadora, la apertura de una carretera provisional que atraviese de norte a sur el campo de lava; se han iniciado los trabajos para un nuevo embarcadero que conectará Puerto Naos y Tazacorte – pero desde un punto de vista social y empresarial el balance es insatisfactorio, cuando no exasperante. La situación de los autónomos palmeros en un buen ejemplo: ni una sola medida efectiva que pueda rescatarles del infierno en el que siguen postrados. Ni se les exonera de sus cuotas a la Seguridad Social, ni recibe créditos blandos para reiniciar su actividad, ni nada de nada, como ocurre con la gran mayoría de las pymes, que solo han merecido subsidios raquíticos. Las familias atendidas directamente por Cáritas Diocesana aumentan a diario: unas 1.320 personas, entre ellas 300 menores de edad, han recibido algún tipo de ayuda en las últimas dos semanas – básicamente comida y ropa –habilitándose instalaciones parroquiales para ubicar a siete núcleos familiares. El volcán sigue ganando la partida. El Gobierno no ofrece ni estrategia ni soluciones provisionales: solo palabras y burocracia.