La Constitución española, en su artículo 6, establece que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. En los últimos 35 años las organizaciones políticas han evolucionado – y en general mejorado – su praxis democrática interna, pero la excepción más notable en la materia continúa siendo el Partido Popular. Para tapar sus vergüenzas dedocráticas y verticalistas, las distintas organizaciones territoriales del PP disponen de un órgano, el comité electoral, que supuestamente debate las candidaturas para las distintas listas electorales; una vez fijadas, se elevan al comité nacional electoral, que usualmente las ratifica. Y las ratifica porque, en realidad, tales candidaturas son fruto de la cesarista decisión de los máximos líderes regionales – en el caso de Canarias José Manuel Soria – convalidadas por el nihil obstat de Mariano Rajoy y un reducidísimo grupo de adláteres. Puede argumentarse que cada partido se las ventila como guste, pero la exigencia constitucional de democracia y pluralismo internos no es mera cháchara bienpensante. La cultura de los partidos políticos (su código de relaciones, sus procesos de selección de personal político, los valores que sostienen su funcionamiento cotidiano) tienen una influencia determinante en el comportamiento de sus militantes y, sobre todo, de sus cargos públicos y orgánicos. Militar en una organización política desprovista de auténticos mecanismos de democracia interna no es precisamente un estímulo para respetar y fomentar los valores democráticos en la sociedad civil cuyos intereses (supuestamente) aspiras a gestionar.
Una de las reflexiones más curiosas que he podido leer sobre la decisión de Soria de convertir a María Australia Navarro en candidata presidencial para las elecciones autonómicas de mayo sostiene que el ministro de Industria y Energía pretende así facilitar un acuerdo postelectoral con Coalición Canaria. Es un poco cómico suponer que si Asier Antona o María del Carmen Hernández Bento hubieran sido los ungidos podrían haber puesto reparos para pactar con los coalicioneros. La señora Navarro ha sido seleccionada porque combina una lealtad irrestricta a Soria con un perfil del que no cabe esperar, precisamente, la aparición de un liderazgo telúrico. Ha sido seleccionada porque el PP debería oponer a dos candidatos presidenciales tinerfeños (Fernando Clavijo y Patricia Hernández) un candidato de Gran Canaria, tradicionalmente su granero de votos, y porque además, el pobre Antona se atrevió, ingenuamente, a buscar simpatçias escayoladas en la dirección nacional a través de su amistad con su antiguo mentor, Gabriel Mato. Y la señora Navarro ha sido seleccionada, ya suplementariamente, porque aporta la novedad de una candidata conservadora a la Presidencia del Gobierno regional. Y eso es más o menos todo. Todo lo que Soria ha querido.
