Hace tres o cuatro días la Consejería de Transición Ecológica ordenó la paralización de las obras del proyecto turístico Cuna del Alma, medio millón de metros cuadrados en las inmediaciones del puertito de Adeje destinadas a villas de lujo, jardines babilónicos, tiendas muy postinudas y un hotel aproximadamente inaccesible para el 80% de los mortales. La decisión del departamento dirigido por José Antonio Valbuena supuso una conmoción en el Cabildo de Tenerife y en el ayuntamiento de Adeje, que no fueron advertidos previamente. Lo que terminó de enfurecer a Pedro Martín y a irritar a José Miguel Rodríguez Fraga (la diferencia de la reacción se basa en el carácter y la madurez política) es la razón esgrimida por Transición Ecológica: las obras de la promotora amenazaban una población de la viborina triste, una flor que cuenta con la categoría de protección especial dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Por supuesto, ya en vigor el catálogo, se ha construido bastante en los alrededores e incluso encima mismo de viborinas sumamente tristes. Lo que se sostiene desde el Cabildo tinerfeño y el ayuntamiento adejero es que se trata de un pretexto para paralizar las obras. En ninguna de ambas corporaciones se creen que Valbuena no dijera nada a nadie. Al contrario: se rumorea que lo comunicó en el último consejo de gobierno y que nadie dijo nada. Tampoco Ángel Víctor Torres.
Los promotores llamaron – y no precisamente a Valbuena – para explicar que acatarían la congelación de las obras – cuando llegase la comunicación de Transición Ecológica – pero que todos los permisos e informes estaban en regla y que suponía una agresión contra su derecho a la seguridad jurídica que ahora, muchos meses después de finalizado el proceso administrativo, se ve vulnerada. Por tanto, los inversores belgas están dispuestos a dialogar con las administraciones públicas y etcétera pero ya han cursado órdenes a sus bufetes – ese tipo de bufetes que cobran minutas estratosféricas solo por respirar a lo lejos el Acqua di Parma de sus abogados – para presentar las batallas judiciales que sean necesarias en defensa de lo que consideran sus derechos. Por supuesto, tanto las autoridades insulares y municipales como los socios canarios de los promotores dirigieran su indignación bien templada a la CEOE, y la patronal se apresuró a trompetear que así no puede ser porque se ahuyentaba la inversión de Tenerife y se abrirán las puertas del infierno y moriremos todos de hambre y de sed.
Finalmente están las redes sociales: satisfacción por la decisión de la Consejería de Transición Ecológica, alguna llamada a la cautela y mucha insistencia en que esta es una victoria del pueblo, de la presión popular, de la negativa de la mayoría social a esta nueva destrucción de nuestros espacios naturales a través de su obscena privatización. Gobierno chachi, cabildo chungo, ayuntamiento vomitivo. Algo así. Sin duda llevado por un escepticismo plomizo mi conclusión provisional es la siguiente:
La Consejería de Transición Ecológica, en efecto, ha decidido improvisar un argumento menor para paralizar las obras. No por convicción político-ideológica, sino por imagen pública. Dentro de medio año se celebran elecciones. Valbuena –con la anuencia del Ejecutivo y, en particular, del presidente Torres – pretende escenificar una resistencia medioambientalista. Si se puede estirar sin excesivos riesgos hasta mayo bien. Si no es que ganaron los malos y poderosos sobre un Gobierno honrado. ¿El límite? Que los promotores se lancen a degüello a exigir indemnizaciones y lucros cesantes. Justo antes que eso. Y por supuesto que es un nuevo maltrato al PSOE tinerfeño, esos mendicantes desarrollistas. ¿La presión popular? No ha tenido demasiado que ver. Ha sido el elemento amalgamador de un relato más cercano a la fantasía que a la realidad.