Siempre me he rebelado frente al sentimiento de la vergüenza ajena. Es ya bastante penoso lidiar con la propia. Resulta preferible mostrar directamente el rechazo, el asco, la repugnancia incluso. Es lo que ocurre con el caso del profesor con una sentencia condenatoria firme por abusos sexuales a menores que sigue impartiendo clases en La Palma. Gracias a testimonios de vecinos y de la Federación Insular de Asociaciones de Padres y Madres se sabe ahora que mientras dicho sujeto era sometido a juicio la coral que dirige fue a cantar, para animar al acusado de pederastia, a las puertas de los juzgados. Un ejemplo de solidaridad, afecto y comprensión hacia las víctimas, una de las cuales ha tenido que abandonar La Palma con su familia por la presión social, los insultos, las vejaciones y hasta las semiamenazas que sufrió en la calle y por teléfono. Basta con leer algunas intervenciones vomitivas de los defensores del pederasta – que fue condenado a una multa y sigue tan campante en las aulas – en distintos foros para calibrar el grado de putrefacción social que rodea este turbio asunto. Aun así hay que tenerlo meridianamente claro: si esta situación se sigue pudriendo, si un individuo condenado por abusos sexuales a menores continúa impartiendo clases y dirigiendo una coral vinculada al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, es por la vergonzosa, canallesca y miserable dejación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en sus responsabilidades más elementales, entre las que se encuentran preservar la integridad física, psicológica y emocional de los alumnos a su cargo.
José Miguel Pérez y su equipo debieron asumir y analizar la situación desde el primer momento, es decir, desde que el imputado por delitos se convirtió formalmente en un acusado, y aplicar unas mínimas medidas cautelares al respecto. No se diga una vez que se produce una condena firme que encuentra suficientemente probada la comisión de un delito de abusos sexuales a menores. La actitud del consejero Pérez y de su equipo directivo, en cambio, ha devenido una negligencia intolerable que ya debería cobrarse alguna dimisión. Primero no sabían nada de nada. Después no conocían el contenido de la sentencia. Más tarde la sentencia no les había sido comunicada (la sentencia se comunica por la autoridad judicial a las partes, obviamente, y entre ellas no figuraba la Consejería de Educación). Al parecer el justo y benemérito Pérez tiene miedito de que el pederasta lo acuse de prevaricación y esto basta para que el consejero opte por la inmovilidad perfecta. A ver si el consejero y su director general de Centros terminan, en un par de años, delante de un fiscal o de un juez: no estaría nada mal para que aprendieran que con la integridad de los niños no se juega ni cabe esconderse como un batracio burocrático por los dédalos de la administración.