En el Estatuto de Canarias que impulsó Gil Roldán y cuyo desarrollo fulminó el golpe de Estado de julio de 1936 Canarias no contaba exactamente con un Parlamento – aunque tuviera una limitada capacidad legislativa – ni mucho menos con un Gobierno regional. En cambio, gracias a impuestos cedidos y a transferencias de capital y de crédito el Gobierno de Canarias se convirtió en el principal asignador de recursos del país a finales de los años ochenta. A partir de ahí fragüó nuestra clase política y unos gobernantes locales – en su gran mayoría con muy escaso o nulo currículo antifranquista —  cuyo poder e influencia  hubieran envidiado el astuto José Miguel Galván Bello o el mucho más inteligente y relevante Fernando León y Castillo.  A través del nuevo sistema institucional el pleitismo se evidenciaba como una estrategia ya periclitada simplemente porque desaparecía, frente al poder autonómico – que gestionaba nóminas y carreras funcionariales, decidía inversiones, recibía cientos de millones de euros europeos – cualquier posibilidad de mediación a través de terceros. Y al mismo tiempo, como ya se ha señalado, era política y electoralmente imposible que cualquier isloteñismo se hiciera fuerte. Las AIC fueron la demostración no de la fuerza del insularismo, sino de la deliberada necesidad de superarlo, empezando, modestamente, por las sumas aritméticas.
Cuando hablo del universo simbólico del pleitismo – sin pretender incordiar a quien considero uno de los grandes periodistas de las islas – me refiero precisamente a esa larga y no muy estimulante etapa histórica en el que las luchas, roces y reticencias entre los bloques de poder de Gran Canaria y Tenerife constituían un elemento ideológico clave, definitorio y definitivo, con la que se construía socialmente nuestra realidad. El pleito era, poco más o menos, una explicación universal de lo que ocurría, como en otras coyunturas históricas ocurrió con el judaísmo, el comunismo y otras raleas. Y esa hermeneútica pleitista, cómoda y multifuncional, que explica igual un roto que un descosido, está instalándose de nuevo en Gran Canaria. Pondré un ejemplo del pleito utilizado como deus ex machina de la política insular y su historia reciente. Alemán explica que los áticos se percataron que la ansiada hegemonía tinerfeña pasaba por ganar posiciones y así nacieron las AIC y luego CC. A mí, con sinceridad, me asombra mucho este relato sobrevenido, porque Coalición Canaria no fue precisamente un invento del Hermoso Manuel. En su gestación jugaron un papel tan activo como Hermoso o Adán Martín los señores Lorenzo Olarte o José Carlos Mauricio, un exsuarista y un poscomunista, a los que se sumaron, por supuesto, una fuerza como AM y caudillos y reyezuelos locales como Dimas Martín en Lanzarote. No, los áticos no secuestraron la voluntad ni narcotizaron las entendederas de organizaciones que desde varios puntos de referencia político-ideológico convergieron en una chirriante federación entre regionalista y nacionalista que, gracias al sistema electoral y a su implantación en las siete islas, concedía al invento la centralidad en el espacio político canario y auguraba, por tanto, una prolongada estancia en el poder.  Para entender el éxito político-electoral de Coalición Canaria — y no caer en la tentación de describirlo exclusivamente en términos negativos — es más útil emplear aparatos conceptuales politológicos y sociológicos que galimatías pleitistas, aunque llenen el corazón y reconforten viejos prejuicios.