Pasado mañana, jueves, deberá ingresar en prisión una joven militante de Intersindical Canaria, Aisha Hernández Rodríguez, cuyo atroz delito ha consistido en ondear una pancarta y grafitear una pintada en una calle grancanaria que rezaba pornográficamente: “75% de paro juvenil”. Comprenderán ustedes que una brutalidad de este calibre no se puede pasar por alto. Por suerte, en el mismo momento en el que dibujaba en la pared semejante obscenidad apareció una pareja de policías de paisano (sic) que le exigieron que les entregara el bote de spray y que se identificara de inmediato. La joven pidió que se identificaran los agentes. La discusión subió de tono y los policías llamaron a un coche patrulla, donde fue introducida a viva fuerza. Después de pasar una noche en el calabozo, Aisha Hernández se enteró de que la policía la había denunciado por atentado contra la autoridad. En el juicio que se celebró poco después, el fiscal rebajó los cargos: cuatro meses de cárcel por “resistencia a la autoridad” para la joven y el pago de una indemnización a cargo de los agentes de policía. Hernández, al carecer de antecedentes penales, no fue a la cárcel.
Un año más tarde, no obstante, una sanción de tráfico le ha impuesto una pena de prisión menor. La inmensa mayoría de los condenados no la cumple. Pero Aisha Hernández, al contar ya con antecedentes penales, debe enfrentarse a la misma. Peor aun. En el año 2012 Hernández, junto a varios compañeros, desplegó una pancarta de protesta en una ventana del inmueble de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas y, finalmente, la Audiencia Provincial la ha condenado a seis meses de cárcel y  a una multa de mil euros. Si este fallo le es comunicado mientras está en prisión Hernández puede  pasar cerca de un año entalegada en la prisión de Salto del Negro.
Tal vez Aisha Hernández se resistió a la autoridad. Quizás podría haber agitado la pancarta en la calle y frente a la puerta de la CEE. Pero que una joven vaya a parar a la cárcel y se vea privada de su libertad por eso es un desafuero tan repugnante como inadmisible. Dudo mucho que, pese a la justificada indignación que este atropello haya causado estemos frente a un caso de criminalización de la disidencia, pero la oscura y cierta amenaza  que pende sobre la libertad de Aisha Hernández no puede ser entendida (y obviada) como un trámite judicial ordinario en una sociedad democráticamente presentable y así lo han entendido una treintena de organizaciones sindicales y plataformas ciudadanas. Si finalmente entra en prisión, y aunque la mayoría no lo note, aquí fuera, en plena primavera, todo será aun más oscuro y ominoso.