Los concejales que impulsan la moción de censura en el ayuntamiento de Tacoronte argumentan, por supuesto, que su propósito es poner en marcha “un modelo de gestión distinto”. ¿Gestionarán el ayuntamiento como un crematorio, una fábrica de porrones, una tienda de prótesis dentales? Por desgracia no lo han precisado, y no lo han hecho porque, como en la inmensa mayoría de las mociones de censura, no se trata de priorizar los intereses de los administrados, sino de repartirse el poder municipal. Lo demás son fútiles huevonadas. El pacto entre Coalición Canaria y PSOE fue inestable y estuvo preñado de desconfianzas y reservas desde el primer día. Después de las mayorías que acumuló Hermógenes Pérez durante 16 años y que dejaron exhaustos a sus propios votantes,  los socialistas se encontraron en 2011 con que CC no alcanzaba la mayoría absoluta. Solo la terca insistencia de los dirigentes insulares coalicioneros y socialistas hizo posible que Álvaro Dávila fuera elegido alcalde.
El señor Dávila es un técnico puntilloso que ama los renglones derechos y el cumplimiento maniático de las normativas y reglamentos y tiene una tendencia irreprimible a no olvidar jamás que es el presidente de la corporación. Ni siquiera lo olvida al dar los buenos días a los concejales del equipo de gobierno. Dávila es minucioso, trabajador, silenciosamente porfiado y tiene la misma cintura política que un armario ropero. Los socialistas se han deleitado en buscarle las cosquillas con asuntos como las ayudas sociales, los horarios veraniegos del personal municipal o el Mercadillo del Agricultor. Sometido a una gota más malaya que socialdemócrata Álvaro Dávila terminó por saltar furibundamente hacia la nada, es decir, hacia la piscina vacía de una moción de censura demasiado apetitosa para el PSOE y el PP. Habrá lamentos, indignaciones y crujir de dientes, pero la estabilidad del Gobierno autonómico no está en cuestión por parte de nadie. El episodio de la moción de censura de Tacoronte debería asumirse como un estimulo para reflexionar sobre la conveniencia – y la urgencia – de una reforma de la administración local que no es la que está a punto de aprobar precisamente el PP. Una reforma que impida la transformación de la partición política en la gestión local en una feroz partidización de la misma, con su obscena exacerbación de fulanismos y la sospecha perenne de un clientelismo funcional. Pero que nadie se preocupe por esto tampoco, porque los zorros no renunciarán fácilmente a la gestión, quítate tú pa ponerme yo, del gallinero.