Antonio Olivera

El testigo

De repente las fanfarrias progubernamentales se quedaron silenciosas en las redes sociales.  A media mañana ya todo el mundo sabía que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, había sido llamado a declarar por el juez Javier García García-Sotoca en la causa abierta por el llamado caso Mascarillas. Aun así, por la tarde ya comenzaron a oírse algunos rebuznos apologéticos. El más frecuente, la insistencia en que el presidente del Gobierno había sido llamado “simplemente, como testigo”. El propio interesado hizo lo que protocolariamente procede, es decir, repetir que el Gobierno, empezando por él mismo, se ha puesto desde el primer momento a disposición de la justicia. Pero luego (es curioso) agregó algo bastante inexacto: “lo más importante es recuperar los cuatro millones de euros desaparecidos”. Es curioso porque ese no es el objetivo de la investigación judicial abierta, que tiene como finalidad establecer lo que ocurrió para que estos cuatro millones de euros abonados por el Ejecutivo canario se evaporaran y decidir si los responsables gubernamentales implicados en esta operación incurrieron en delitos administrativos, civiles o penales.

Y precisamente para dilucidar este punto el fiscal Anticorrupción, y ahora el juez que ha avalado su solicitud, han llamado a declarar al presidente Torres a principios del próximo mes. ¿Qué hacía Conrado Domínguez – entonces  secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas — en el comité sanitario convocado para analizar la delicada situación sociosanitaria y tomar decisiones en plena pandemia del covid 19? ¿Quién lo fichó? ¿Y cuáles eran sus competencias? ¿En virtud de que decreto o resolución podía firmar u ordenar firmar contratos? ¿De verdad un comité de expertos funcionó como órgano de contratación? ¿Quién conocía los contactos y compromisos adquiridos por Domíngez en nombre del Servicio Canario de Salud y en suma del Gobierno? Estas preguntas –y muchas otras más – se han formulado a cargos y técnicos del Servicio Canario de Salud, además de al propio señor Domínguez, y las contradicciones y vacíos han sido tantos y tan llamativos que ha sido imposible extraer ninguna conclusión. Por eso el juez, a instancias del fiscal, ha llamado al presidente del Gobierno.

Pero, ¿por qué a Torres y no a Julio Pérez, que en este momento era el consejero de Sanidad en funciones? Podría responderse que el presidente del comité extraordinario era precisamente Ángel Víctor Torres, a la vez jefe del Gobierno. La elección del juez y el fiscal, sin embargo, no deja de ser llamativa. Torres es un testigo a través del que se busca delimitar responsabilidades y, muy probablemente, conseguir argumentos para llamar en un futuro inmediato a otros testigos. Tal vez a muchos. Sin duda al propio Julio Pérez. Por eso la situación del presidente es harto delicada. Porque acudirá a los tribunales, en efecto, únicamente como testigo, y a un testigo no se le achaca ninguna responsabilidad jurídica salvo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pero con su testimonio definirá su propia responsabilidad política y la de sus subordinados jerárquicos. O Torres tuvo conocimiento de una operación chapucera y apestosa para comprar un millón de mascarillas y la respaldó o no se enteró absolutamente nada y se mamaron cuatro millones de euros bajo sus presidenciales narices. Y no podrá eludir la encrucijada que, una vez despejada, permitirá acercarse a los responsables políticos más directamente ahumados por esta fogata: el exconsejero Pérez y Antonio Olivera, director en funciones en ese vertiginoso instante del Servicio Canario de Salud y antes y ahora el viceconsejero de Presidencia que la traduce a Torres datos y gráficos económicos al dialecto de Arucas. Torres es un testigo que va a dejar sin aliento durante semanas a medio Gobierno.   

 

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Lengua bífida

Y Antonio Olivera se inclinó hacia el oído del Ángel Victorioso y le susurró con su aterciopelada lengua bífida: “Tenemos que entrar de una vez en las cúpulas de las patronales”. El Ángel, que tiene un corazón puro y no conoce las maldades e ignominias del mundo, replicó asustado: “Pero debemos respetar los procesos electorales internos de las organizaciones empresariales”. La lengua bífida lo tranquilizó. “Por supuesto. De esto me ocupo yo a título personal, por placer, como quien juega al dominó o hace macramé”. Y el Ángel se quedó mirando la lengua largo rato y encontró que era buena.

Ya resultaba suficientemente insatisfactorio que Pedro Ortega, consejero de Economía en el Gobierno presidido por Fernando Clavijo, vaya a suceder a Manrique de Lara al frente de la Confederación Canaria de Empresarios. En el entorno presidencial no se consideró una buena noticia. Pero Ortega es un profesional próximo y cordial al que Torres conoce hace muchos años: la factoría de Pastas La Isleña, donde Ortega comenzó su exitosa carrera como gestor empresarial, está instalada en Arucas, patria chica del presidente. Quizás fuera lo suficientemente cortés y comprensivo para entender las necesidades y anhelos del Gobierno. Pero, ¿y Tenerife? A efectos empresariales Tenerife le queda todavía muy lejos a Torres. Precisamente una de las hipotéticas funciones de Olivera era servir de introductor del  Ángel en la élite empresarial tinerfeña, pero no lo ha hecho, porque al viceconsejero le conviene una relativa ignorancia presidencial para preservar su valor político y su margen de acción. Y de repente surgió una oportunidad que se le antojó inmejorable y se puso a trabajar en ella.

José Carlos Francisco, presidente de la CEOE de Tenerife, no podía presentarse de nuevo a la reelección. Los comicios estaban previstos para el próximo otoño, pero Francisco decidió adelantarlos. Lo hizo – según se insiste en los alrededores de la CEOE – porque Olivera le ofreció generosamente la presidencia del Consejo Económico y Social de Canarias. El sucesor en la candidatura sería Pedro Alfonso, que ya había asegundado a Francisco como secretario general de la organización patronal. José Carlos Francisco y Antonio Olivera se conocen bien, por supuesto. Mucho más que bien. El joven Olivera – con un expediente académico esmaltado de matrículas y sobresalientes — incluso trabajó en una empresa de Francisco durante varios años. Todo parecía previsible hasta que a mediados de febrero se comenzaron a detectar movimientos anómalos. Si se escarbaba un poco desaparecía la sorpresa. Jorge Marichal, presidente de Ashotel, estaba impulsando una candidatura cuyo mascarón de proa era Victoria González, directora financiera del Grupo Chafiras. El hotelero anhelaba regresar a la CEOE, de la que había sido expulsado por sus problemillas millonarios con el Ministerio de Hacienda. Quería regresar, resarcirse, ser de nuevo reconocido, sacramentado y aplaudido. Y empezaron los telefonazos a los empresarios. Y no solo de Marichal. También de auriculares psocialistas. Una campaña en toda regla en la que la bendita socialdemocracia pedía el voto para la lista avalada por un progresista infatigable como el compañero Marichal.  Fue tal el estruendo telefónico que condujo a una reunión entre Torres, Olivera y Francisco, en la que el todavía directivo empresarial aclaró que prefería que se desactivara lo del Consejo Económico y Social y que se dejara a los empresarios votar en paz. Y los móviles, en efecto, dejaron de orinar presiones y promesas. Ayer se celebraron las elecciones y ganó Pedro Alfonso por un amplio margen. La candidatura alternativa anunció que recurrirá a los tribunales. No será un mandato fácil. Marichal respira furiosamente por su herida. Y el PSOE – ¿o solo una Viceconsejería del  Gobierno? – no abandona la idea de respirar por la herida de Marichal.  

 

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